Organizaciones opositoras a la minería en San José del Progreso, Oaxaca, y Acacoyagua, Chiapas, denunciaron acoso e intimidación por parte de las autoridades de sus municipios, en el marco de reuniones para manifestarse en contra de los proyectos mineros en ambas regiones.
La Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo) informó que las comunidades de Ejutla y Ocotlán, Oaxaca, habían acordado reunirse en la comunidad de San José del Progreso, donde desde hace ocho años han defendido su territorio frente al proyecto minero “San José”, impulsado por la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines.
Previo a la reunión, el presidente Municipal de San José del Progreso Servando Díaz Vásquez, “amenazó públicamente a nuestra organización, comunidades de la región y organizaciones civiles, con ‘no permitir la entrada a la población para la realización de un foro’”, denunció Copuvo a través de un comunicado.
Además, dice la organización, la autoridad municipal instó a la policía estatal y federal a “poner un cerco de elementos y un filtro en la entrada de la población para que el 7 de mayo impidan el ingreso de las organizaciones…” y mencionó “que la postura de las autoridades municipales es no permitir que gente agrupada a estas organizaciones antiminas ingresen a la comunidad… para no generar más derramamientos de sangre”.
El 15 de marzo de 2012, Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Copuvo fue asesinado en las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán (Contralínea 327).
La Copuvo denunció que “detrás de la campaña de amenazas y hostigamiento hacia nuestro movimiento, se encuentra involucrada la empresa minera Fortuna Silver Mines, quién en su pretensión de expandirse hacia otros ejidos y comunidades de la región ha criminalizado y violentado nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la libre manifestación, entre los más importantes. Dicha empresa ha extraído de manera irracional nuestros bienes comunes y generado violencia, destruyendo la paz y armonía que existía entre nuestros pueblos”.
Reciben a pobladores con policías y soldados
En tanto, el Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio (FPDS) denunció que el pasado 8 de mayo, cuando llegaban a la reunión a la que los había citado el presidente municipal de Acaoyagua, Chiapas, Patricio Eli Matías Salas, fueron “recibidos” por policías vestidos de civil.
Informaron que poco después de la hora de la cita, mientras las puertas de la presidencia permanecían cerradas, “llegó un camión de rutina del Ejército en el que andaban unos veinte militares. Tres de ellos bajaron del vehículo para resguardarlo. Uno de ellos se dirigió hacia la comandancia de la policía municipal visiblemente para pedir información sobre nosotros y nosotras. Nos tomaron fotos sin pedirnos permiso y sin hablarnos. Se retiraron después de que las valientes mujeres del FPDS les dijeran que no tenían por qué estar allí”.
Denunciaron que esta intervención de la policía y del ejército “constituye un acto de intimidación en contra del FPDS ya que nuestra presencia no la justificaba en términos de seguridad. Éramos alrededor de cincuenta personas, habitantes de la cabecera de Acacoyagua y de las comunidades Castañas, Jalapa, Los Amates, San Marcos y La Cadena, esperando calmamente que se abrieran las puertas para que una delegación del FPDS entrara a dialogar con el presidente municipal y su cabildo. Veníamos en son de paz, sin ninguna arma más que nuestra palabra y una manta que decía ‘No a la minería’”.
Érika Ramírez
