Al menos nueve Áreas Naturales Protegidas son directamente afectadas por megaproyectos, y otras seis se encuentran en riesgo inminente. Con la anuencia de las autoridades, la biodiversidad es destruida y saqueada en nombre del “desarrollo”. El crimen organizado también participa del festín
En México, las declaratorias de Área Natural Protegida en sus categorías de Reserva de la Biósfera, Parque Nacional, Área de Protección de Flora y Fauna, Región Terrestre Prioritaria y Reserva Ecológica se relegan cuando de megaproyectos se trata. En al menos nueve casos, las obligaciones de protección de biodiversidad han sido ignoradas tanto por las autoridades como por particulares.
Entre éstos se cuenta el caso del Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin, cuya amenaza es encabezada por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Allí, la alerta está en rojo: en abril pasado inició el megaproyecto de ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, en el municipio de Tepoztlán, Morelos.
Ubicado en la entidad que gobierna el perredista Graco Ramírez (donde abarca 12 municipios), en el Estado de México (un municipio) y en la Ciudad de México (dos delegaciones), el corredor fue salvaguardado desde el 30 de noviembre de 1988. Desde entonces, su superficie de 65 mil 721 hectáreas se declaró Área de Protección de Flora y Fauna, que incluye los Parques Nacionales Lagunas de Zempoala (4 mil 562 hectáreas) y El Tepozteco (23 mil 286.51 hectáreas).
Este último, además, está amparado desde la década de 1930, gracias al decreto presidencial que establece la creación del Parque Nacional El Tepozteco, emitido por el general Lázaro Cárdenas. Una protección que, sin embargo, de nada ha servido para frenar la expansión de la autopista que promueve la SCT en sociedad con el gobierno de Morelos.
Las otras ocho Áreas Naturales Protegidas afectadas por megaproyectos mineros, hidroeléctricos y turísticos son:
-Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna, ubicada en Baja California Sur y perjudicada por cuatro megaminas: Paredones Amarillos, Concordia y las otras dos denominadas de la misma forma, Los Cardones.
-Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, en Veracruz, depredada no sólo por la minera La Morelense (explotación de oro y plata), reabierta en 2014 pese al movimiento ciudadano de oposición; sino también por cazadores furtivos y crimen organizado, en su modalidad de traficantes de especies en peligro de extinción.
-Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales, localizada en Nayarit, principalmente amenazada por el megaproyecto de la Hidroeléctrica Las Cruces, que impulsa la Comisión Federal de Electricidad.
-Región Terrestre Prioritaria del Bosque Mesófilo de Montaña en Puebla, conocido como Bosque de Niebla, en cuyo territorio se construirá el gasoducto Tuxpan-Tula y donde ya se han hecho los trabajos de trazado.
-Reserva Ecológica Ciénaga Grande de Xochimilco, en Ciudad de México, afectada desde octubre de 2016 por una obra del Sistema de Aguas capitalino. De acuerdo con la organización Greenpeace, en el área se ha constatado, además, la existencia de descargas de aguas negras y el retiro de vegetación.
-Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca y Parque Natural Gran Bosque Otomí-Mexica (Xochicuautla), violentados por la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan (promovida por la SCT como parte de la infraestructura relacionada con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), a cargo de una filial del Grupo Higa.
-Y Parque Nacional Arrecifes, en Quintana Roo, perjudicado por un proyecto hotelero propiedad del expresidente municipal de Benito Juárez, Greg Sánchez, cuya construcción se ubica en el área del arrecife Palancar.
Pero estas Áreas Naturales Protegidas no son las únicas afectadas: el Parque Nacional Cabo Pulmo, en Baja California Sur; las Reservas de la Biósfera Isla Guadalupe, en Baja California; El Pinacate, en Sonora; Montes Azules y Selva Lacandona, en Chiapas; y el Área de Protección de Flora y Fauna Holbox, en Quintana Roo, también se encuentran en grave riesgo.
En esos casos, el peligro deriva de la reforma energética: diversas disposiciones establecidas en las leyes de Hidrocarburos, Minera, de Energía Geotérmica, de la Industria Eléctrica y de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que dejarían de lado la protección a la biodiversidad para garantizar la construcción de megaproyectos públicos y privados, denuncia Greenpeace.
De acuerdo con la Campaña Nacional de Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, todas “las Áreas Naturales Protegidas están amenazadas por la política del gobierno mexicano que ha recategorizado distintas zonas naturales, que han sido protegidas por muchos años. Estos cambios en las leyes despojan a las comunidades de sus bosques para privatizarlos”.
La resistencia
Las amenazas y afectaciones a la biodiversidad han detonado conflictos sociales, hasta ahora no resueltos porque permanece la imposición de los megaproyectos. En total, se desarrollarían unos 420 conflictos socioambientales en México (Contralínea 537), que incluyen los de las nueve Áreas Naturales.
La lucha por la defensa del Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin forma parte de la Campaña Nacional de Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, que aglutina 97 movimientos de resistencia civil y pacífica contra proyectos “de despojo y depredación contra la tierra y el territorio”.
Éste inició hace más de 54 meses y es protagonizado por la organización Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán. En entrevista con Contralínea, la activista Angélica Ayala Galván explica que la autopista La Pera-Cuatla afecta unas 25 mil hectáreas. “Pasa por todo el centro de Tepoztlán, por las comunidades de Ixcatepec y Santiago Tepetlapa”.
La ampliación de la autopista cuenta con un presupuesto de 1 mil 200 millones de pesos, indicó la SCT en febrero pasado. A través de un boletín de prensa, en el que anunció el reinicio de la obra, la Secretaría aseguró que esos trabajos “no” afectarán el Área Natural Protegida, porque serán vigilados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Pero para Ayala Galván, el megaproyecto carretero es arbitrario e ilegal, porque Tepoztlán, “todo”, es Área de Protección de Flora y Fauna según el decreto de 1988.
“Todo el municipio es Área Natural Protegida donde no se puede construir infraestructura. Sin embargo, el gobierno de Graco Ramírez junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y algunos expresidentes municipales han estado insistiendo en este proyecto que afecta, además, una zona arqueológica que está justo al lado de la carretera.”
La activista explica que el proyecto se frenó aproximadamente 3 años, pero hace 1 mes lo retomaron. “Hay una nueva empresa. Anteriormente era Tradeco, pero ahora es una empresa de Sonora. Hay máquinas desde hace 1 mes”.
El reinicio de los trabajos tensa el conflicto en Tepoztlán. La joven Ayala Galván asegura en entrevista que los trabajos en el lugar “están siendo protegidos por militares y por la policía estatal. Están trabajando así. Nosotros hemos ido a manifestarnos en forma pacífica con mantas, con ofrendas en la zona de la pirámide, que se cree es más antigua que la de El Tepozteco”.
La tensión aumenta no sólo por el cerco militar, sino por la premura en la que se han reiniciado los trabajos. A mediados de febrero pasado, Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán denunció un presunto desacato al amparo 1466/13, en el que habría incurrido la SCT al reiniciar las obras.
Según la organización, aunque el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal y Administrativa sobreseyó el juicio a fines de octubre de 2016, éste no ha causado estado. Ello, porque existe un recurso de reclamación interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 15 de diciembre de 2016, que aún no se resuelve.
Ayala Galván explica que ese litigio continúa en la Suprema Corte. Además, apunta que, asesorados por abogados solidarios, “estamos viendo otras opciones en la cuestión jurídica. También estamos informando a la gente, en el municipio, lo que está pasando, y a las demás resistencias en el país”.
Las afectaciones
El Corredor Biológico Ajusco Chichinautzin protege la vida de “10 especies de anfibios, 43 especies de reptiles, 1 mil 348 especies de insectos y arañas, 237 de aves (36 exclusivas de esa región), cinco especies de peces, 785 de plantas y siete tipos de vegetación. Además de bosques de pino, oyamel y encino; y 315 especies de hongos (más de 80 comestibles)”, admite la Secretaría del Medio Ambiente.
La activista Angélica Ayala, integrante de la Campaña Nacional de Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, observa que los daños por la obra de la SCT no sólo serán a la biodiversidad, sino también a las personas.
“Al pasar [la carretera] por todo el municipio estaría afectando directamente a la mitad de la población [de Tepoztlán]: alrededor de 20 mil habitantes. Pero el costo y la afectación no sólo es ecológica, sino también económica y va a ir a cada uno de los pobladores.”
Crimen organizado, el otro beneficiario de la devastación ecológica
El caso de la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, en Veracruz, depredada por traficantes de especies en peligro de extinción, no es el único que involucra al crimen organizado.
En la Campaña Nacional de Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, en la que participa la organización civil Serapaz, se da cuenta del caso de la comunidad purépecha autónoma Cherán Keri, ubicada en Michoacán, que ha tenido que defender sus bosques del crimen organizado.
“Desde 2008 los habitantes de Cherán empezaron a organizarse para detener la devastación de su bosque por talamontes, quienes destruyeron alrededor de 20 mil de las 27 mil hectáreas” que lo integran.
De acuerdo con información de la Campaña, “la tala clandestina en Michoacán la realizan verdaderas corporaciones criminales aliadas a grupos de narcotraficantes y secuestradores. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción de madera al año en México para alrededor del año 2000 era de 7.7 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la tala clandestina ascendía a 13.3 millones, lo que significa que la tala ilegal es más importante que la legal”.
Nancy Flores/Segunda de cuatro partes
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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Contralínea 538 / del 08 al 14 de Mayo 2017
