Los buenos deseos de generar energía eléctrica limpia y económica en beneficios de los consumidores y los sectores productivos, plasmados en la reforma energética, se están derrumbando ante la cercana liberación de precios y tarifas que las leyes secundarias dejaron al libre albedrío de organismos ineficientes, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace); este último, encargado de regular el funcionamiento del mercado mayorista que dará servicio a los usuarios calificados.

Al agotarse los tiempos para iniciar la operación de los cambios anunciados aparece en la escena de los desencantos otro de los factores que terminará de echar por tierra la promesa oficial de una baja en las tarifas de los consumidores domésticos y que, seguramente, se ha ido aplazando por lo complicado del escenario electoral del presente año, sobre todo en el Estado de México, y la elección presidencial de 2018.

Esto es el fin de los subsidios que impactará a la frágil economía de los que menos tienen y que nuestros flamantes legisladores se encargaron de borrar en el texto del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en cuyo contenido se lee:

“La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

 “El Ejecutivo federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales al que refiere el párrafo anterior para diversos grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE.”

En la redacción final ya no está presente la obligación a que haya tarifas subsidiadas, únicamente abre la posibilidad de que así sea, otorgando por entero esa decisión al Ejecutivo federal. Si se toma en cuenta que los aumentos escalonados que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha venido aplicando desde hace 2 años a las industrias, comercios y usuarios de alto consumo doméstico, excusando el alza en los combustibles, como el diésel, gas y combustóleo con el que operan la mayoría de sus plantas de generación, lo mismo que los índices inflacionarios, es claro suponer que tarde o temprano este argumento servirá de pretexto para retirar de manera definitiva los subsidios a millones de familias, una vez que pasen las elecciones para no acrecentar el hartazgo social brotado luego de los gasolinazos de enero pasado.

Otro de los objetivos de la reforma fue eliminar las barreras para promover la competencia entre generadores públicos y privados en el mercado eléctrico mayorista brindando servicios a los llamados usuarios calificados, pero dejando el control y operación de la red eléctrica a la CFE, a través del Cenace, organismo encargado también de operar el funcionamiento de este mercado y la fijación de precios para, supuestamente, garantizar la libre competencia de manera equitativa e imparcial.

En la ley reglamentaria de la industria eléctrica se establece que el Cenace es un “organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema eléctrico nacional, de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución”.

Los diputados y senadores que votaron a favor de quitar la generación y comercialización de la electricidad en el ámbito de la Constitución, abriendo el sector a la inversión privada y a las leyes del libre mercado, no tuvieron el cuidado de establecer en las leyes secundarias las características necesarias y reglas claras que habrían de regir a este modelo de operador que tienen bajo su responsabilidad la programación y desarrollo de proyectos de generación, así como el surgimiento de un mercado competitivo, tal y como lo estableció el discurso oficial.

Surgido del seno mismo de la CFE, el Cenace dista de ser una entidad independiente y desligada de los intereses de la ahora empresa productiva del Estado: su estructura y equipo humano siguen teniendo la camiseta de la Comisión Federal de Electricidad, no alcanzando a entender su papel como el regulador del mercado eléctrico que la ley le asigna.

Y así como la CRE determina los precios de la electricidad con base en el costo de los combustible y de la inflación, el Cenace vienen manipulando, en el área de su competencia, los precios de la energía generada en las plantas térmicas, eólicas, solares e hidroeléctricas a su libre albedrío, buscando proteger los intereses de la CFE y dando al traste con la apertura del mercado que garantice una verdadera competencia en el campo de las energía limpias. Una contradicción más entre lo plasmado en las leyes y lo que se aplica en la realidad.

Resulta inconcebible, y doblemente absurdo, que con los recursos públicos se esté permitiendo que la CFE opere un dumping en el mercado eléctrico; éste año la exparaestatal ejercerá un presupuesto de 400 mil millones de pesos, con lo que se encuentra en franca ventaja hacia sus competidores privados al obstaculizar, con la ayuda del Cenace, la aplicación de nuevas reglas; reservándose, por ejemplo, el acceso a la red y a la certificación de medidores, y lanzando veladas amenazas para los usuarios calificados que buscan obtener mejores precios contratando con otras empresas.

No hay que olvidar que es este sector de clientes –entre los que se cuentan fábricas, parques industriales, hospitales, bancos, hoteles, cadenas de tiendas comerciales, municipios y un sinfín de áreas productivas que mueven la economía del país– el que representa más del 50 por ciento de los ingresos de la CFE. El trasfondo que está impidiendo una competencia real y la consecuente reducción en las tarifas.

Cabe preguntar hasta cuándo las autoridades seguirán permitiendo esta simulación en los precios de la electricidad y su autoengaño para retardar la aplicación de las nuevas reglas del mercado eléctrico nacional establecidas en la reforma energética.

Es momento que los descuidados legisladores reflexionen que del desempeño del Cenace dependerá en buena medida el éxito o el fracaso de la reforma, en cuanto al sector eléctrico se refiere, dándose a la tarea de revisar las leyes secundarias para acotar la parcialidad del organismo en favor de la CFE. Y de paso, garantizar una tarifa social en pro de las familias de escasos recursos, ante el inminente retiro de los subsidios. Algo que se han guardado bien de ocultar al país.

Martín Esparza Flores*

*Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas

[OPINIÓN]

Contralínea 533 / del 03 al 09 de Abril 2017