Ser profesor y no luchar es una contradicción pedagógica
Consigna de la CNTE
Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó a aplicar el plan para imponer la que denominó “Reforma Educativa”, el Estado mexicano argumentó básicamente lo siguiente: ante el panorama de desastre del sistema educacional, demostrado por el fracaso en evaluaciones tipo PISA, resulta indispensable hacer cambios drásticos. Los culpables están perfectamente localizados: son los maestros y los estudiantes. Agregó que el interés superior del niño hace impostergable la elevación de la calidad, comprobada con parámetros mensurables por medio de evaluaciones. Éstas tienen que aplicarse -siguió diciendo- para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros en el aula y ser aplicadas por expertos.
De acuerdo con lo anterior, se creó el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, al que se encomendó el diseño y la aplicación de las pruebas a practicar a más de un millón de docentes en ejercicio de los niveles básico (primaria y secundaria) y medio superior. Conforme avanzó el proceso, se agregó que también se busca acabar con las corruptelas que llevan a cabo los maestros, sobre todo utilizando sus agrupaciones sindicales (venta y herencia de plazas, particularmente).
Loables propósitos motivaron, según sus autores, la reforma de los artículos 3º y 73 de la Constitución de la República, lo mismo que a sus tres leyes reglamentarias. Y la Santa Cruzada de la reforma punitiva se echó a caminar en contra de los infieles maestros.
Los efectos desatados
Previo a la reforma de las leyes se accionó políticamente: un lector de noticias de Televisa produjo una cinta cinematográfica (“De Panzazo”) que se exhibió en todas las salas del país. En ella se sostiene que la educación es un fiasco en México y se induce a culpabilizar a los maestros. También se encarceló a la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, a fin de amedrentar a los profesores “institucionales”. Más tarde fueron también encarcelados maestros democráticos, a quienes se trasladó a cárceles de máxima seguridad en lugares lejanos a su residencia, a diferencia de la señora Gordillo, quien guarda cárcel en la enfermería de un reclusorio capitalino.
El despido de más de 3 mil docentes de enseñanza básica, por no asistir a las evaluaciones del INEE (que se practicaron en medio de fuertes despliegues policíacos), causó un impacto enorme. No se divulgó mucho que congelaron las cuentas bancarias de las secciones sindicales democráticas, ni la suspensión del pago de su salario a los comisionados sindicales, pero el efecto fue también devastador. La prensa orgánica del gobierno mantiene hasta hoy una campaña de demonización del magisterio en resistencia: los señalamientos van desde flojos que se oponen a ser evaluados, hasta corruptos e integrantes de grupos delincuenciales o guerrilleros.
El asunto se complicó para el gobierno cuando se incrementó la resistencia de la CNTE, a la que, además, se fueron sumando maestros que no tiene relación con ésta. Mientras Aurelio Nuño se dedicaba a atacar a los disidentes, la Secretaría de Gobernación los llamó a dialogar.
La profundización del conflicto
Los primeros beneficiarios de la mal llamada Reforma Educativa (en realidad punitiva), son el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismos encargados por los países promotores de la Globalización Imperial –neoliberalismo- de diseñar el nuevo modelo educativo planetario. En el país, el encargado de aplicar ese modelo fue Aurelio Nuño Mayer, titular de la Secretaría de Educación Pública, quien abrió su campaña para suceder a Enrique Peña Nieto mediante visitas a escuelas públicas, generosamente cubiertas por la prensa oficial. Fueron también beneficiados los empresarios que se aglutinan en “Mexicanos Primero”, quienes visualizaron un prometedor negocio, pues ya no solamente podrían vender sus productos chatarra en todas las escuelas de México, sino ahora podrán ser dueños de ellas, lo cual incluye la venta de los libros de texto y los útiles escolares. La perspectiva no podía ser mejor para los promotores de la reforma punitiva.
Pero el cálculo político del gobierno falló, pues la CNTE no estaba tan debilitada como para darle el golpe final y desarticular después al SNTE. Los charros se percataron de que también a ellos les alcanzan los daños de la evaluación y dieron señales de descontento. Nuño tuvo que armar una mesa para revisar con el sindicalismo orgánico y con los empresarios los resultados de la aplicación de las instrucciones de la OCDE. Y debieron aceptar que tienen que quitarle filo.
Las posibles salidas
La represión está más que anunciada. Hasta Renato Sales, quien había jugado a diferenciarse de las acciones más violentas del gobierno, amenazó a los maestros democráticos: o se someten o habrá “uso de la fuerza pública”. La Coparmex y demás organismos empresariales quieren que corra más sangre; no se conforman con la de Nochixtlán e Iguala-Ayotzinapa. Les importan sus ganancias sobre toda consideración de derechos laborales y humanos.
La prensa gubernamental presiona para que se someta a los maestros democráticos. Los acusa de no tomar en cuenta a los niños y a los padres y madres de familia. Pero hasta ahora, la CNTE está rodeada de pueblo, lo que desautoriza las campañas de odio llevadas a cabo por los partidarios de la reforma punitiva.
Lo deseable es que el gobierno respete los derechos del magisterio democrático, que ha dado sobradas muestras de capacidad en materia educativa. Sus foros (especialmente el que se realizó el martes 9 de agosto del año en curso) patentizan que su proyecto educativo para la nación es muy superior al que delineó la OCDE y que aplica el gobierno.
Ya vimos que la represión no atemorizó a los maestros en lucha contra la reforma punitiva. Más agresiones y ataques profundizarán la crisis y agravarán la confrontación. Y esto sólo beneficiará a los enemigos de México.
José Enrique González Ruiz
Contralínea 503 / del 29 de Agosto al 03 de Septiembre 2016
