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La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) solicita al gobierno de Colima que corrija los datos falsos que presentó en un comunicado sobre el enfrentamiento, que dejó un saldo de siete heridos, registrado el viernes 26 de marzo en la comunidad de Zacualpan, Comala, Colima.

En el comunicado en cuestión, el gobierno del estado apuntó que “se dio un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista Bios Iguana”, grupo integrante de la organización. También señala que fueron sólo cinco personas heridas.

La Rema afirma que el comunicado emitido por el gobierno de Colima “tiene una clara tendencia de crear desprestigio moral, social y político de nuestros compañeros, a la vez que denota una detestable manipulación de la información, con lo cual se abona la distorsión de los hechos, y en consecuencia se crean condiciones para que prevalezca la impunidad”.

A través de un comunicado, la Rema señala que siete integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) fueron agredidos con piedras por seguidores del priísta Carlos Guzmán Teodoro, expresidente de Bienes Comunales de la comunidad.

El enfrentamiento es resultado de la disputa que libran los grupos por la administración del balneario Ojo de Agua, actualmente controlado por el CIDTZ. Sin embargo, la junta municipal que preside Daniel Aranda exige le sea devuelta la administración del manantial que controlaba hasta febrero de 2014.

La organización apunta que el grupo agresor es apoyado por Daniel Aranda, Salomón Salazar, presidente municipal de Comala, y por el gobernador del estado Ignacio Peralta.

Manifiesta que el ataque se dio en el contexto de la Asamblea de Comuneros que organizó la comunidad indígena de Zacualpan en la que se consensó realizar arreglos al balneario Ojo de Agua con la finalidad de activar el turismo en beneficio de la comunidad.

La organización explica que el grupo de simpatizantes del priísta bloqueó el camino que conduce al balneario e impidió la salida de 10 autos de turistas que se encontraban en el lugar. Cuando los miembros del Consejo Indígena intentaron auxiliar a los turistas “fueron recibidos con una violenta lluvia de piedras, lo que causó las graves lesiones que lastimaron principalmente a indígenas de la tercera edad”.

En el incidente resultaron heridos: Teresa Sandoval Guzmán, de 55 años; Paula Alonso Máximo, de 69 años; Teresa Aranda Casimiro, de 50 años; Hilario León Aranda, de 70 años; Guadalupe Laureano Aranda, de 40 años; y J Isabel Martínez Quirino y Laureano León, de 77 años. Todos fueron llevados al Hospital Regional Universitario.

En tanto, se instalaron dos mesas de diálogo con los grupos antagónicos para cesar la violencia en la comunidad. Las reuniones se llevaron a cabo en la Secretaría General de Gobierno y fueron encabezadas por el secretario general de gobierno, Arnoldo Ochoa Gonzáles.

Las mesas de diálogo pretendían mediar un acuerdo entre las dos partes lideradas por Daniel Aranda Vázquez y Taurino Rincón Lorenzo, comisariado de Bienes Comunales. Ahí se propuso conformar un comité integrado por seis personas, tres de cada grupo antagónico, y que estaría supervisado por el Ejecutivo estatal a fin de administrar el balneario los próximos 8 días. La propuesta fue rechazada por el grupo encabezado por Daniel Aranda quienes se inclinaron por mantener cerrado el acceso al balneario.

Hoy por la mañana, Taurino Rincón Lorenzo anunció el cese al diálogo del Consejo Indígena con el gobierno del estado y el grupo opositor. En rueda de prensa, mencionó que se han presentado tres denuncias penales por las agresiones del viernes pasado.

Afirmó que el gobierno le paga al grupo opositor para agredir a los miembros del Consejo Indígena: “En los dos días de diálogo que tuvimos, vi claramente que el gobierno se está inclinando hacia ellos porque tomar el balneario es hacer lo que se les pegue la gana y es que el gobierno haga las cosas también a su manera, y no lo voy a permitir mientras esté en mi mandato”, dijo.

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