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La ruinosa situación a la que han llegado Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca ser justificada como consecuencia directa de factores como la devaluación del peso frente al dólar y la acumulación de sus pasivos laborales, evitando por todos los medios tocar asuntos medulares como la corrupción, opacidad y la inducida “quiebra técnica” puesta en marcha desde hace más de 1 década para dar cumplimiento a lo establecido en acuerdos internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que buscaba la privatización de las empresas estratégicas del sector energético.

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El oculto fin tuvo como aliada a la corrupción que por décadas echó raíces en las estructuras administrativas de las ahora empresas productivas del Estado, hasta llevarlas a su actual bancarrota. Previo al golpe de Estado que extinguió la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció la perversa estrategia alentada por los gobiernos de Acción Nacional, en el sentido de obligarla a comprar electricidad cara a la CFE para revenderla a los usuarios a un precio menor. Este sinsentido fue colapsando sus finanzas pues era la única empresa de electricidad en el mundo condenada a tener fabricadas pérdidas.

A pesar de ello, el régimen de jubilaciones para sus altos funcionarios contemplaba jugosas pensiones que terminaban trasladándose a una entidad que no podía soportar una carga de tales dimensiones; en su momento, como se recordará, el gobierno de Felipe Calderón habló de los “privilegios” laborales de que supuestamente gozaban los electricistas del SME, pero no tocó el tema de los altos sueldos y millonarias compensaciones de los altos funcionarios. Y vaya que esas sí eran envidiables canonjías.

Algo similar ocurrió con Pemex, exparaestatal que por décadas solventó con sus ingresos la carga impositiva de altos impuestos y la responsabilidad de sacar a flote las finanzas públicas, subsidiando indirectamente a los evasores fiscales que no eran otros que empresarios consentidos de la clase política que, con o sin reforma fiscal, continúan gozando de inconcebibles facilidades para no pagar sus contribuciones. Pemex fue llevada a su “quiebra técnica” porque al igual que el sector eléctrico, el de los hidrocarburos estaba en la agenda de las “concesiones” pactada con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

A Pemex como a Luz y Fuerza se les canceló la posibilidad de fortalecer sus finanzas, como quedó de manifiesto en la docena trágica de los gobiernos panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón), en cuya vorágine desnacionalizadora se orilló a la CFE a firmar irregulares convenios con las empresas trasnacionales para la compra de energía a altos costos, debilitando tanto a sus finanzas como a las arcas públicas. Funcionarios como el exdirector, Alfredo Elías Ayub, no sólo consintieron ser comparsas de tan desventajosos tratos; además, alentaron una creciente corrupción que desfondó las finanzas de la antes “empresa de clase mundial”, bajo inexistentes estándares de productividad y eficiencia.

Casos como el de Néstor Moreno Díaz, quien entregó infinidad de contratos a empresas privadas a cambio de recibir ilegales compensaciones monetarias, lo mismo que yates y ferraris, descubrieron el verdadero rostro de la política energética en los gobiernos de Acción Nacional. Tras la extinción de Luz y Fuerza, en octubre de 2009, estos pillos hicieron millonarios negocios con las empresas contratistas que entraron a suplir la mano de obra de los trabajadores despedidos del SME. El servicio prestado a los usuarios fue caro y de ínfima calidad, representando un oneroso gasto al erario nacional.

Bajo este esquema de paulatina privatización, el adverso panorama económico es la excusa ideal para acelerar el proceso de privatización del sector y de sus antes empresas públicas, condenadas a ingresar al libre mercado en condiciones de desventaja que vaticinan su debacle absoluta para proceder a su entrega al capital privado. Como recientemente quedó establecido, por el serio problema de liquidez y la deuda de 86 mil millones de dólares que enfrenta Pemex, los proyectos de inversión para la exploración de pozos; y la reconfiguración de tres refinerías será cedido a la iniciativa privada.

El lastimoso estado que ahora presenta la antes “empresa de clase mundial” es la prueba tangible de que nunca se dieron los niveles de eficiencia y rentabilidad que se pregonaron en el gobierno de Felipe Calderón. Sus millonarias pérdidas que se repiten e incrementan año con año son resultado de su inoperancia operativa y administrativa. Amén de las pérdidas que ahora son endosadas a los pasivos laborales, la CFE registró números rojos en 2014 por 46 mil 832 millones de pesos, cifra que se disparó en 2015 a cerca de 70 mil millones de pesos.

Ahora, como lo advertimos en este espacio hace más de 1 año, serán los trabajadores los que deberán pagar las consecuencias de la incapacidad y corrupción mostrada por sus últimos exdirectores en complicidad con los líderes charros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) que consintieron cambios al sistema de jubilaciones y pensiones, desde 2008, y retrocesos a su contrato colectivo para permitir el despido de miles de sindicalizados. Y ahora no dudarán en sumar a todos los trabajadores al sistema de cuentas individuales, como se pretende en la cercana revisión contractual.

En Pemex y en la CFE, los altos funcionarios y su obesa y deficiente estructura administrativa de empleados de confianza son los que salen menos raspados con la austeridad y los recortes, y ni qué decir con la rendición de cuentas ante el país. En Pemex son los sindicalizados los que han pagado las consecuencias: en 2015, pretextando las caídas del peso frente al dólar y de los precios internacionales del petróleo, las autoridades pactaron con el sindicato el despido de 15 mil trabajadores y este año otros 10 mil se irán a la calle; es decir, 25 mil trabajadores de base sacrificados en 2 años en aras de haber mantenido una nómina de privilegiados, en plena época de crisis y austeridad.

Ante este oscuro porvenir de las antes paraestatales y la cercanía de una crisis económica, política y social, los mexicanos debemos de preguntarnos si seremos o no capaces de revertir este desmantelamiento del sector energético que está dejando sin muchas perspectivas de libertad, democracia y justicia social a las nuevas generaciones.

Ahora queda bien claro que si de encubrir las verdaderas razones que llevaron a las instigadas “quiebras técnicas” de Pemex y la CFE se trata, basta con endilgar las culpas a factores no determinantes, como los pasivos laborales o la devaluación de nuestra moneda.

Martín Esparza

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 481 / del 28 de Marzo al 02 de Abril, 2016

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