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Empiezan a barajarse nombres para disputarse la Presidencia de la República en 2018, a pesar de la descomposición del antiguo presidencialismo y el descrédito de los partidos, más la creciente ola de candidatos independientes, en las agitadas aguas de la crisis económica del neoliberalismo que arrastra al capitalismo mismo, como el rostro auténtico tras la máscara de aquel. Y la acumulación de problemas: pobreza masiva (55 millones que son la mitad de la población); desempleo (con 44 millones de mexica­nos en la informalidad); la corrupción de la élite en los tres poderes federales y en las 32 de las entidades; la impunidad, por las complicidades entre los gobernantes, la sangrienta inseguridad con los sicarios del narcotráfico, los feminicidios, los secuestros, las desapariciones forzadas y los abusos sexuales con la misma pederastia, para sólo mencionar a los primeros cinco asuntos del catálogo nacional, son más que suficientes para fundamentar los hechos y síntomas del descontento popular contra el mal gobierno de presidentes municipales, desgobernadores y el mismo presidente en turno, desde cuando menos Díaz Ordaz, o tal vez desde Miguel Alemán (1946-1952) hasta Enrique Peña Nieto, en lo que lleva de su período (2012-2016).

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Cuando los fines de la Revolución (1910-1917) fueron cancelados con el inicio de la contrarrevolución y los más de 600 cambios a la Constitución para limarle el filo a las reivindicaciones del pueblo, es cuando por medio de sus vanguardias campesinas, obreras, activistas por la democracia directa y representantes de las degradadas clases medias, ese pueblo ha aumentado los hechos y síntomas de inconformidad, para demandar soluciones a los problemas que los gobernantes no resuelven. Se ha hecho de los caudales públicos un botín para el pillaje, de funcionarios desde jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación; como la misma esposa de Peña y él junto con su secretario de Hacienda y las complicidades de los encargados de investigar la corrupción, mientras se multiplican las violaciones a los derechos humanos.

Los desgobernadores saquean sus entidades y abusan del poder contra los ciudadanos, sin que haya forma de enjuiciarlos y deslindarles responsabilidades, para seguramente sancionarlos. El estado de partidos para apuntalar la democracia representativa se ha pervertido por los millones de pesos que se les asignan, y de los cuales se roban más de la mitad. Y un Instituto Nacional Electoral en las mismas situaciones de corrupción, ineficacia y parcialidad para multar a un partido y no proceder contra los “verdes” por ser incondicionales del peñismo.

Los mexicanos atentos a la vida política están hartos de mendigar justicia, de protestar contra los funcionarios rateros y que no atienden sus obligaciones, mientras aceptan sobornos para favorecer a los empresarios, como el reciente ejemplo del Fondo Nacional de Fomento a Turismo (Fonatur) y el ecocidio en Cancún. Pues bien, el expresidente de El Colegio de México (una institución que ha ido a la baja en su calidad de reunir a intelectuales que se han prestado para “asesorar” a empresarios y políticos de todas las corrientes), Javier Garcíadiego –si no me equivoco nacido en México, descendiente de refugiados perseguidos por el franquismo y a los cuales el pueblo mexicano por medio de Lázaro Cárdenas les otorgo ese beneficio–, acaba de ser entrevistado por Silvia Isabel Gámez (Reforma, 20 de febrero de 2016); en esa entrevista declaró que lo peor que podría pasarle a México “sería el estallido de otra Revolución”.

¿Le sabe algo a los síntomas y hechos que la preparan o habla al tanteo? Y es que precisamente él, historiador (a algunos de ellos, RG Collingwood los llama de “tijeras-y-engrudo” porque solamente recortan y pegan, sin recrear la historia) que se ha interesado en la etapa de Carranza y la Constitución de 1917, no ha de ignorar que México está viviendo preparativos para abrir en canal a la democracia representativa, con el bisturí de la democracia directa o el pueblo en revueltas, ante la impunidad, corrupción y falta de soluciones a los problemas, por parte de los gobernantes que ya dejaron de cumplir con sus obligaciones.

La violencia popular en términos de una Revolución no necesariamente es lo peor que le puede suceder a México. La de Independencia de 1810, la gloriosa Revolución de Ayutla de 1854 y la de 1910, fueron las que le dieron una Nación al pueblo y el condicionante constitucional de 1814, 1857 y 1917 para el ejercicio de los poderes del Estado como gobierno responsable ante la sociedad. Pero esta última relación se ha ido perdiendo, a grado tal que los partidos y gobernantes ya no rinden cuentas, viven en la impunidad, se enriquecen con la corrupción y se han divorciado del pueblo. “Es difícil otra Revolución, pero no imposible, si los gobernantes siguen por la ruta de la autocracia o autoritarismo, despreciando las demandas colectivas para cambiar de políticas económicas y no impartir justicia imparcial, coronadas por la separación de los vasos comunicantes que son la democracia representativa y la democracia directa. Lo peor que le puede pasar a México, en esas circunstancias, es que no estalle otra Revolución.

Álvaro Cepeda Neri

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: CONTRAPODER]

Contralínea 480 / del 21 al 26 de Marzo, 2016

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