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En el ámbito de la atmósfera oficial no dejan de flotar las mentiras concernientes a las bondades de la reforma energética, bajo cuya apertura en el sector eléctrico se trata de vender al país la idea de la baja en las tarifas de electricidad, como años atrás sucedió con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, en octubre del 2009, que en sentido inverso fomentó más daños que beneficios a la economía de los 6 millones de usuarios de la zona centro, al asumir la prestación del servicio la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hoy en quiebra.

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Así, mientras la parte gubernamental hace denodados esfuerzos por convencer a los mexicanos que uno de los resultados tangibles de la citada reforma es la disminución en los recibos de luz por la utilización de mayores volúmenes de gas natural para generar electricidad a un menor costo, los hechos y las mismas cifras de las entidades públicas contradicen tales logros, dejando pendiente, y en la indefinición, el gigantesco problema social heredado por el gobierno de Felipe Calderón en lo referente a los millones de quejas por los abusivos cobros de CFE, tanto en el centro del país como en todo el territorio nacional. Reclamo igualmente ignorado en el ámbito legislativo y que hoy volverá a tocar a las puertas del Congreso.

Analistas y expertos en la materia concuerdan en lo infundado del discurso oficial que, como ya es costumbre y a través del uso desmedido de anuncios publicitarios, intenta crear falsas expectativas y logros que aún distan de ser alcanzados por la reforma como ha venido afirmando el titular de la CFE, Enrique Ochoa Reza, quien a mediados de 2015 habló de reducciones del orden del 25 y 26 por ciento en las tarifas del sector industrial; del 11 y 22 por ciento en la comercial, lo mismo que en la tarifa doméstica de alto consumo.

La cuestión de fondo es que millones de recibos no reflejan tales rebajas y, por el contrario, continúan las quejas y persisten los litigios contra los cobros excesivos de CFE, derivados de los llamados “recibos locos”, cuyo cobro se tasó en base a improcedentes “estimaciones”, tal y como lo denunció en su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre todo en la antes zona de influencia de Luz y Fuerza.

En teoría, con la reforma los precios de la electricidad tenderían a la baja en nuestro país bajo la premisa de incrementar la producción de gas natural en un 40 por ciento en los próximos años, lo que implica la reconversión de las plantas que generan energía mediante el uso del combustóleo; pero estas circunstancia aún no se cumplen. Igualmente hay mucho por recorrer para que se concluya el plan contemplado de generar unos 25 mil kilómetros de gasoductos que puedan llevar al día unos 4 mil 500 millones de pies cúbicos de gas a plantas generadoras ubicadas, por ejemplo, en regiones como la Norte-Pacífico.

Esto es, que los objetivos de la Reforma Energética en el sector eléctrico todavía no se materializan en los hechos, y si se ha operado una ligera baja en las tarifas eléctricas es por otros factores tales como la reducción en los precios del gas shale importado de los Estados Unidos y el mayor número de generación de las hidroeléctricas a consecuencia de las lluvias abundantes de los últimos 2 años. Otro elemento del cual se ha echado mano para reducir artificialmente las tarifas son los subsidios, tal y como quedó asentado en el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados para el presente año, donde se contempla una transferencia por 30 mil millones de pesos a CFE para disminuir en un 2 por ciento las tarifas residenciales.

Ante la ausencia de resultados tangibles, resurge la demanda que ha venido enarbolando la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), en el sentido de exigir a los diputados y senadores elevar a rango constitucional el derecho humano a la electricidad mediante la aplicación de una tarifa social justa, que sea establecida por el Congreso y no por la Secretaría de Hacienda, así como el programa del “borrón y cuenta nueva”, que pondría fin a la extensa cadena de latrocinios cometidos por CFE, ampliamente documentados tanto en los medios como en las redes sociales donde se han registrado infinidad de casos de usuarios que por el uso de dos focos han sido requeridos a pagar en sus recibos cantidades exorbitantes y por demás ilógicas.

Por todo el país la ANUEE ha iniciado una campaña de recolección de firmas para respaldar esta iniciativa ciudadana que en su momento fue ignorada por los integrantes de la LXII Legislatura de San Lázaro, cuando en febrero del 2013 sus dirigentes entregaron a los miembros de la Comisión de Energía un documento en el cual detallaban los pormenores de un movimiento con sólida raigambre social y resonancia en 14 estados de la república, mismo que asumió la defensa de por lo menos 30 casos de usuarios que fueron detenidos o procesados, al ser acusados injustamente, y por la vía penal, por CFE, ante el hecho de declararse en huelga de pagos o negarse a aceptar los injustos acuerdos planteados por las autoridades.

Durante la segunda mitad del sexenio de Calderón, en la LXI Legislatura, los propios diputados del PRI integrantes de la entonces comisión especial para analizar los casos de corrupción en CFE, documentaron un millón de quejas ante la Profeco, y dieron fe de los “recibos locos” denunciados por la ANUEE. Estos antecedentes muestran el complejo problema social que ha venido generando la Comisión Federal y que se agudizó tras el cierre de Luz y Fuerza, sumando a las quejas de los diversos estados las de los millones de usuarios de la zona centro del país.

Cobra vigencia, por todo lo anterior, el contenido de la petición entregada a los diputados por la ANUEE, hace 3 años y que en algunos de sus párrafos señalaba: “Algunas de estas organizaciones empezamos la huelga de pagos de la energía eléctrica desde 1992, cuando se dio la reforma inconstitucional de la ley del servicio público de la energía eléctrica; otras nos sumamos en 2002 después de los decretos de Fox en materia de energía eléctrica, otras más recientemente al sufrir las familias de nuestras regiones estas tarifas ya impagables de la luz y en el centro del país, a raíz del decreto inconstitucional de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que derivó en la actuación, sin tener facultades, de la Comisión Federal de Electricidad para cobro, cortes, desmantelamiento de la Red de Distribución e instalación de medidores digitales de prepago, asumiendo situaciones de hostigamiento, amenazas e intimidación a los más de 6 millones usuarios de esta zona.

“En el transcurso de la historia de nuestro movimiento que lleva ya más de 20 años, sólo hemos encontrado oídos sordos y represión por parte del Poder Ejecutivo y Judicial. Y el Poder Legislativo no es la excepción: en las legislaturas anteriores, nos han recibido en múltiples ocasiones pero no nos han escuchado en lo mínimo y menos han tomado en cuenta nuestras inquietudes y propuestas.”

Ahora a la iniciativa ciudadana de la ANUEE le acompañarán un caudal de firmas donde se expresará el descontento de los 30 millones usuarios domésticos que en todo el país han padecido los cobros excesivos y el mal servicio de la CFE; mismos a quienes la reducción en las tarifas eléctricas, inherente a la Reforma Eléctrica, sigue sin reflejarse en su recibos de luz. Los integrantes del Congreso tienen en sus manos hacer realidad los beneficios anunciados o hacer oídos sordos para reciclar, como ya es costumbre en la neoliberal tecnocracia, la ominosa política ficción.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ARTÍCULO]

Contralínea 479 / del 14 al 19 de Marzo, 2016

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