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Criminalizan decir la verdad

En México, decir lo que se piensa es peligroso. Contar lo que ocurre puede ser aún más peligroso. Investigar lo que se esconde detrás de las mentiras suele ser letal. En lo cotidiano la verdad es motivo de miedo y buscarla se está volviendo extremadamente peligroso, y eso hace que la impunidad pueda convertirse en dueña de la realidad. En México el espacio público se está cerrando, está muriendo porque lo que en realidad ocurre se tiene que compartir en voz baja, porque quienes lo dicen públicamente están siendo amenazados, encarcelados, asesinados por un sistema de pactos de impunidad y corrupciones entrelazadas que abarcan todo el espectro del poder. Los periodistas son parte de esa población que está siendo exterminada de manera recurrente y sistemática en todo el país, pero no sólo se trata de exterminar a las personas sino al oficio periodístico como tal. Puebla no es la excepción.

En menos de un mes, en Puebla han ocurrido tres hechos que son muestra de que la oleada de silenciamiento violento del espacio público está aquí. Primero la “llamada de atención” por parte de Francisco Trejo, director de la Unidad de Comunicación de Puebla Comunicaciones, a Paula Carrizosa, reportera de La Jornada de Oriente durante la inauguración de Museo Internacional Barroco; segundo, las amenazas anónimas vía Twitter a Aranzazú Ayala, reportera de Lado B, a través del hashtag: #Aniquilaaunperiodistapor; tercero, la aparición del cuerpo de Anabel Flores, reportera de El Sol de Orizaba, en territorio poblano. Entre 2010 y 2015 hubo al menos 92 agresiones a periodistas en Puebla, según lo documentado por Artículo 19. En ese mismo período el congreso de Puebla aprobó la #LeyMordaza (2011) y la #LeyBala (2014) que conforman un marco legal orientado por el temor de los poderosos a que la verdad se haga pública y se defienda.

La actitud de hostilidad contra periodistas por parte de funcionarios públicos se ha generalizado en todo el país y en todos los niveles de gobierno, los ataques de grupos criminales a quienes trabajan en los medios aumentan, el ambiente de peligro para la prensa, sobre todo para la que actúa con libertad, se está generalizando. No parece haber intención alguna por parte de las instancias gubernamentales por investigar y sancionar estas agresiones, mucho menos por proteger a los periodistas y a su oficio; al contrario, siguen buscando maneras de exterminarlo. En México, en Puebla, el espacio público está agonizando, la mentira que permite que la impunidad y la corrupción crezcan es alentada y la verdad es tratada como un crimen.

Desde el Nodo de Derechos Humanos consideramos que para que los periodistas y quienes le dan vida al espacio público puedan ejercer su derecho y su trabajo es indispensable:

-La inmediata investigación y sanción de los responsables en los casos de Carrizosa, Ayala y Flores.

-La abrogación de la #LeyMordaza y la #LeyBala.

-El establecimiento de protocolos de seguridad y protección para el trabajo periodístico.

Lamentablemente sabemos que esto difícilmente ocurrirá, pues la tendencia institucional va en el sentido opuesto, por eso todos aquellos que sentimos la necesidad de saber y entender lo que ocurre en nuestro entorno, que sentimos la urgencia por desmontar las mentiras que se nos dicen desde versiones oficiales y “verdades históricas”, debemos defender constantemente nuestro derecho a saber y a decir, a informarnos y expresarnos.

Nodo de Derechos Humanos

En apoyo a Julian Assange

Para los gobiernos de Suecia y Reino Unido

Nosotros, los firmantes de la presente declaración, incluyendo organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos y el respeto al estado de derecho, académicos y servidores públicos, condenamos las reacciones de los gobiernos de Suecia y Reino Unido ante el dictamen del Grupo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que declaró que Julian Assange se encuentra arbitrariamente detenido.

Tanto el gobierno de Suecia como el de Reino Unido están sentando un peligroso precedente, que debilita el Sistema de Naciones Unidas en su totalidad.

Urgimos a Suecia y al Reino Unido que respeten el carácter vinculante de los instrumentos de derechos humanos en los que la decisión se basa, y que incluyen el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; así también pedimos que respeten la independencia, integridad y autoridad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.

Hacemos un llamado a los gobiernos de Suecia y Reino Unido para cumplir sin demoras con el dictamen del Grupo de Trabajo, para “asegurar el derecho a la libre locomoción del señor Assange y otorgarle un derecho ejecutable a ser compensado, de conformidad con el artículo 9, inciso 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Mundo, 15 de febrero 2016

Articulação de Empregados Rurais do estado de MG; Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (México); Associação de Rádios Públicas do Brasil; Comissão Pastoral da Terra; Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Argentina); Consulta Popular (Brasil); Executiva Nacional dos Estudantes de Biologia (Brasil); Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil; Fora do Eixo (Brasil); Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (Brasil); Frente Popular Darío Santillán (Argentina); Fundación Pueblo Indio del Ecuador; Grupo Tortura Nunca Mais (Brasil); Intersindical Central da Classe Trabalhadora (Brasil); Jóvenes ante la Emergencia Nacional (México); Coletivo Juntos! Por outro futuro (Brasil); Levante Popular da Juventude (Brasil); Marcha Mundial das Mulheres (Brasil); Movimento dos Atingidos por Barragens (Brasil); Movimento Nacional de Rádios Comunitárias (Brasil); Movimento de Mulheres Camponesas (Brasil); Movimento dos Pequenos Agricultores (Brasil); Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (Brasil); Movimiento de Liberación Nacional (México); Movimiento de Trabajadores Excluidos (Argentina); Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina; Pastoral da Juventude Rural (Brasil); Red Nacional Communia (Brasil); Rede Ecumênica da Juventude (Brasil); União Nacional dos Estudantes (Brasil); União da Juventude Socialista (Brasil); União da Juventude Rebelião (Brasil); Red Latina sin Fronteras; Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo (Brasil)

Solicitan a obispos interceder por periodistas ante gobierno federal

A los integrantes del Consejo de la Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM): cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente; monseñor Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora y vicepresidente; monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía,

obispo auxiliar de Puebla y secretario general; monseñor Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, obispo de Ecatepec y vocal; monseñor Sigifredo Noriega Barceló, obispo de Zacatecas y primer vocal; Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco:

Las y los asociados de la Casa de los Derechos de Periodistas, AC, profesionales del periodismo y de la abogacía, solicitamos intervengan en la defensa de los derechos humanos, para instar al gobierno mexicano a que investigue, esclarezca y sancione a los responsables de los más de 104 casos de periodistas asesinados y 25 desaparecidos entre los años 2000 y 2016.

En este año, han sido asesinados tres periodistas: el pasado 21 de enero, Marcos Hernández Bautista; el 22 de enero, Reinel Martínez Cerqueda, ambos del estado de Oaxaca, y el 9 del presente mes, Anabel Flores Salazar, de Veracruz.

La tarea de esta asociación civil es proteger a los periodistas en riesgo por su labor profesional. También da seguimiento a diversas acciones y omisiones de los gobiernos estatales y federal que afectan las libertades de expresión y de información.

En su visita a nuestro país, el papa Francisco, jefe del Estado Vaticano, dijo: “a los dirigentes les corresponde trabajar para ofrecer a todos los ciudadanos, la oportunidad de ser dignos actores de su propio futuro. Un futuro esperanzador, que se forja en un presente de hombres y mujeres justos y honestos”.

La Casa de los Derechos de Periodistas, AC, se ha pronunciado desde su fundación, en agosto de 2010, porque no exista la impunidad para las personas agresoras de periodistas, exige investigaciones apegadas a la ley y con absoluto respeto a los derechos humanos y que los agravios a periodistas sean investigados en tiempo, de manera justa y científica.

En una carta dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregada el pasado 9 de diciembre de 2015, le expusimos y fundamentamos la grave crisis en materia de libertad de expresión y derecho a la información que vive el país; a consecuencia de las acciones violentas de grupos de poder político y económico, así como de la delincuencia organizada en contra del gremio periodístico mexicano.

Ante esta situación, solicitamos a la Conferencia del Episcopado Mexicano, conforme a las relaciones Iglesia-Estado, estipuladas en las leyes mexicanas y apelando a su compromiso con la justicia y todos los demás derechos humanos, interceda ante las autoridades mexicanas, en los diferentes niveles, para que construyan políticas públicas y emprendan acciones de gobierno, para terminar con la impunidad que hoy existe en México, particularmente en aquellos delitos que se comenten contra la libertad de expresión y vulneran los derechos humanos de las y los periodistas de este país.

La visita del jefe del Estado Vaticano a México, nos permite reflexionar sobre el papel que a cada sector de la sociedad mexicana nos corresponde desarrollar, para hacer frente con acciones a la crisis humanitaria que vivimos.

Respetuosamente,

Casa de los Derechos de Periodistas, AC

Responsable de la publicación: Víctor Ruiz Arrazola, coordinador de Protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, AC

Contralínea 476/ del 22 al 27 de Febrero 2016

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