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A 5 meses de tomar posesión como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), José Reyes Baeza no ha logrado el control de esa institución que otorga servicios médicos a la burocracia y aún mantiene en puestos clave a funcionarios que sirvieron a los intereses del extinto Sebastián Lerdo de Tejada. Otros integrantes del mismo equipo de la anterior administración fueron reubicados en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), por lo que siguen las quejas de parte de proveedores por la asignación de contratos de bienes y servicios.

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Uno de esos funcionarios que operan para el grupo anterior es el subdirector de Programación y Presupuesto del ISSSTE, Alfonso Becerril Zarco, quien no ha logrado cerrar el presupuesto del ejercicio de 2015 por un déficit de alrededor de 4 mil millones de pesos, correspondientes a las áreas de servicios integrales, medicamentos y material de curación. Ante esa falta de recursos millonarios en dicho instituto (situación delicada si consideramos que todos los programas aprobados contaban con una partida presupuestal, de tal forma que alguien debe una explicación del porqué de dicho faltante o si hubo desvíos de recursos públicos), el nuevo director general tendrá que utilizar fondos del ejercicio de 2016 para hacerle frente al problema, aunque esto genere un nuevo hueco presupuestal.

Muchos de los contratos asignados durante la gestión de Lerdo de Tejada fueron trianuales, por lo que algunos de ellos vencen hasta 2018; por ello, según las quejas, varios de los exfuncionarios del ISSSTE (quienes ahora despachan en el Fovissste) tienen asegurado el supuesto pago de comisiones para lo que resta del sexenio. Y como lo habíamos comentado en columnas anteriores, el cinismo llegó al punto de que proveedores crearon fideicomisos para asegurarle a los funcionarios que cumplirán con sus compromisos de pagar sobornos-comisiones a los responsables de otorgar dichos contratos.

Hasta el año pasado la estructura administrativa del ISSSTE, con Lerdo de Tejada como director general, la integraban su secretario general Luis Antonio Godina Herrera, actual vocal ejecutivo del Fovissste, y Juan Nazario Ahuactzin, director de Administración, quien ahora es el subdirector de Administración del Fovissste.

Del equipo operativo de Ahuactzin que aún se mantiene en el ISSSTE están Miguel Horta García, subdirector de Abasto de Insumos Médicos; Moisés Isaac Herrera Ordóñez, jefe de Servicios de Adquisición de Instrumental y Equipo Médico; Carlos Calderón Silva, jefe de Departamento de Adquisición de Instrumental Médico; Jesús Gregorio Espíndola Bautista, jefe de Departamento de Contratos de Material de Curación, y Jorge Raúl Ramírez Casanova, jefe de Servicios de Material de Curación.

Godina Herrera anunció la semana pasada que este año el Fovissste otorgará 120 mil créditos a los trabajadores del gobierno federal, con una inversión de 52 mil millones de pesos, dinero suficiente como para que la Secretaría de la Función Pública y el director general del ISSSTE ordenen auditorías y una investigación profunda para evitar despilfarros y malos manejos como los que aseguran todavía hay en ese Instituto.

Para el archivo del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, aquí le van algunas quejas de proveedores de lo que sucede al interior del ISSSTE:

Previo a la compra del equipo de marcapasos y ortopedia, el jefe del Departamento de Instrumental Médico, Carlos Calderón Silva, prepara “prebases” a la medida de las especificaciones de ciertos proveedores, a fin de que cuando se publiquen las convocatorias estén preparados y tengan garantías de ganar las licitaciones. Entre los proveedores que más contratos obtienen está Vitalmex Comercial, SA, y Aplicaciones Médicas. Estas empresas gozan también del favoritismo por parte de la administración del ISSSTE para agilizar sus trámites de pagos de servicios integrales, mientras que otras compañías tienen que esperar meses para que les liquiden sus adeudos.

También se ha presentado una duplicidad en la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos médicos del Instituto. Por ejemplo, la Subdirección de Conservación y Mantenimiento incluye equipos que están considerados en los contratos de servicios integrales de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios.

Aunque ya se hizo la adquisición consolidada de material de curación y medicamentos (operación que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social), aún faltan las compras correspondientes a los capítulos 5000 y 2000, correspondientes a instrumental y equipo médico, así como marcapasos cardiacos y prótesis, por lo que Reyes Baeza y Virgilio Andrade deben estar alertas con estos contratos a fin de evitar el cobro de comisiones, que oscilan entre el 10 y el 12 por ciento.

Delibera Tribunal Universitario caso de corrupción en la UNAM

El 1 de enero de 2016, la Secretaría de Salud dio de alta a Severino Rubio Domínguez como director de Educación en Salud. El nombre de este nuevo funcionario del gobierno federal aparece en un expediente abierto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual está en proceso de deliberación en el Tribunal Universitario y en la Comisión de Honor, la Contralori?a y la Defensori?a de los Derechos Universitarios.

En la auditoría DGRIRP/DERE/01/2015 (documento de 34 páginas), fechada el 8 de junio de 2015 y elaborada por la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, dependiente de la Contraloría de la UNAM, se señala directamente a Severino Rubio Domínguez, quien hasta finales del año pasado se desempeñó como director general de Actividades Deportivas y Recreativas de esa institución académica, como el principal responsable de irregularidades en el manejo del presupuesto y en la contratación de bienes y servicios como sede de la Universidad para la realización de la Olimpiada Nacional 2014.

Por lo pronto, ante la petición de un interesado en conocer las conclusiones de la investigación en contra de los funcionarios universitarios implicados en tales anomalías que le causaron un daño a la máxima casa de estudios, el Comité de Información de la UNAM, que preside el doctor José María Serna de la Garza, determinó “reservar por 12 años” el expediente, bajo el argumento de que éste seguía en proceso deliberativo, a pesar de que el informe de la Contraloría se entregó hace 8 meses.

La mala administración de recursos públicos a cargo de Rubio Domínguez ocurrió en 2014, y recibió recursos federales por 20.7 millones de pesos de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), institución que según informó pidió a la UNAM que resarciera el daño patrimonial. La sorpresa ahora es que este exfuncionario universitario que es investigado, llega a la Secretaría de Salud apenas 1 mes antes de que el exrector de la UNAM, José Narro Robles, asumiera por designación presidencial la titularidad de esa dependencia. Y la duda que hay es si también lo mantendrá en el puesto como lo hizo en la Universidad Nacional.

Puntos suspensivos… La semana pasada adelantamos la salida del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien venía en un desgaste natural por las presiones de la caída en los precios internacionales del petróleo y que han afectado considerablemente las finanzas del país. A esta situación hay que sumar las fuertes diferencias que tenía con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien insistentemente había solicitado al presidente Enrique Peña la salida de Lozoya por “no entender” la política fiscal y las necesidades que tiene el país de los recursos petroleros. Finalmente esta semana se anunció la renuncia de Lozoya y lo sustituye José Antonio González Anaya, exdirector general del IMSS, muy cercano a Videgaray y vinculado a Carlos Salinas de Gortari… El problema de esta relación González-Salinas no son los vínculos de amistad o de familia, sino que este expresidente, al igual que Vicente Fox, son cabilderos de contratos en Petróleos Mexicanos para favorecer a consorcios privados y abultar sus bolsillos con dinero público.

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Contralínea 475 / del 15 al 20 de Febrero 2016

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