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I. No cesan las protestas por el injusto encarcelamiento de la luchadora social Nestora Salgado, por el homicidio de la presidenta municipal Gisela Mota Ocampo, por los 43 de Ayotzinapa y por los abusos de los gobernantes y las perversiones de los delincuentes que atenazan a la sociedad civil. Esas protestas son la esperanza para devolverle a la nación la paz social indispensable para convivir en el hacer y quehacer de sus tareas. Por eso hay que aferrarse al Artículo 9 constitucional que declara que a nadie se le debe coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, para tomar parte en los asuntos políticos del país. Y no es ilegal ni debe ser disuelta una asamblea o reunión que plantee una petición o protesta por algún acto, a una autoridad, para obligarla a resolver un problema. Nuestra Ley Fundamental expedida el 5 de febrero de 1917 acaba de conmemorar un cumpleaños más. Y supuestamente para normar la conducta de la nación, se le han introducido 696 cambios a 114 artículos de los 136 que la integran y donde sólo 22 no han sido reformados; sobre todo a favor de los intereses cupulares y el neoliberalismo económico, desamparando a la mayoría de la Nación que está sujeta a fines económicos contrarios a su bienestar.

ConjeturasII. Pero resulta que los senadores priistas han sondeado la posibilidad para echar andar una comisión “para determinar si el Estado mexicano requiere una nueva Constitución Política” (Andrea Becerril, La Jornada, 27 de diciembre de 2015). Esto significa implantar nuevos fines políticos, económicos y sociales en el filo de la alternativa histórica de las luchas constitucionales: ¿refundar al Estado en favor del pueblo o para arrebatarle a éste, tras reformas y contrarreformas, las pocas conquistas que se han logrado mantener? Si estuviéramos en un momento de auténticas demandas populares, ebullición prerrevolucionaria o algo parecido, tal vez sería indispensable plantear su renovación. Pero en las condiciones actuales no hay seguridad de ello y sí de que las élites política y económica e incluso los partidos aprovechen la ocasión para implantar una Constitución favorable a quienes tienen en sus manos el control, y reducir las ya minimizadas conquistas de la Revolución de 1910.

III. Si es para favorecer a los ricos, definitivamente la respuesta es no. En el 2017 la Carta Magna cumplirá 100 años, después de los cuales ha dejado 60 millones de pobres al ser interpretada y ejecutada en favor de los ricos. ¿Una nueva Constitución? Quizá ha llegado el tiempo de una discusión al respecto. Se necesitará un Congreso Constituyente; pero antes una consulta popular (Artículo 34, fracciones; VII y VIII). Obviamente está en marcha una maniobra para cambiar los fines políticos, económicos y sociales, tal vez para ultimar detalles que legalicen y legitimen el programa peñista, que culminaría el proyecto del neoliberalismo o doctrina monetarista, que antepone los intereses de cuando mucho 3 millones sobre los 117 millones restantes. Sería el pacto de la oligarquía y la plutocooracia para seguir marginando al pueblo.

Martes, 09 de Febrero 2016

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