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En 2015 se perpetraron, al menos, 76 casos de violaciones de derechos humanos y agresiones contra defensores de derechos humanos en 20 estados de la República. La mayoría ocurrió en Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz. La mayor parte de los casos se cometieron contra defensores de la tierra y el territorio. El 58 por ciento de los perpetradores fueron actores estatales

Fernando Ríos Martínez*

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En un país convulsionado por la violencia e inseguridad, con altos índices de impunidad, la defensa de los derechos humanos se vuelve una necesidad imperante, a la vez que un ejercicio arriesgado. Desde la comunidad que se enfrenta al despojo de sus tierras por la construcción de megaproyectos, hasta quien busca al familiar desaparecido; desde quien lucha porque sus condiciones de vida, y las de su colectivo, sean dignas en todos los sentidos, hasta quien sensibiliza y denuncia la discriminación y agresión hacia el migrante o las poblaciones lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI); todas y todos buscan transformar las condiciones sociales-estructurales para la construcción de una cultura de derechos humanos, donde la exigencia de éstos permita su garantía de forma integral e interdependiente.

La Agenda política 2015-2020. Ante la adversidad y la indignación: la construcción colectiva, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), plantea en sus seis campos de lucha los ejes estratégicos de trabajo colectivo en materia de derechos humanos para las 79 organizaciones que la conforman. De éstos, el derecho a defender los derechos humanos transversaliza a todos los demás. El derecho a defender los derechos humanos es un derecho que permite el ejercicio de los otros, afectando así los intereses de quienes se ven beneficiados por el incumplimiento de los mismos. Esa característica convierte también al ejercicio de la libertad de expresión en un ejercicio sumamente peligroso en nuestro país. Las personas defensoras se encuentran en una situación de riesgo continuo, especialmente porque, según registros de la Red TDT, en los casos de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos documentados entre 2014 y 2015 el 58 por ciento son violaciones a los derechos humanos cometidas por actores estatales. Ello habla de una falta de voluntad política por parte del Estado para garantizar el libre ejercicio de las personas defensoras.

El derecho a defender los derechos humanos hoy

De los 76 casos de agresiones, 85 por ciento fue contra defensores(as) de derechos humanos y el 15 por ciento contra colectivos

La criminalización y represión de las personas defensoras de derechos humanos, así como de cualquiera que intenta defender sus derechos, es una constante. Ya sea por la descalificación que hacen de su labor los medios de comunicación (coludidos con los poderes fácticos) o por la creación y modificación de leyes que impiden o limitan la defensa de los derechos humanos, se lanza a la sociedad un mensaje de que el derecho a defender los derechos humanos no es una acción lícita. Aunque el discurso del Estado es de respeto y construcción desde los derechos humanos, las declaraciones de autoridades en contra de acciones de protesta y reivindicación, así como de personas y colectivos que defienden derechos humanos, nos permiten ver una estrategia de simulación hacia el exterior del país. Sin embargo, la descalificación del Estado al relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, así como al Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, es preocupante por el cinismo de la negación de la situación de graves violaciones a los derechos humanos en el país.

De la misma manera, cuando las personas defensoras de derechos humanos son violentadas, es común que se trate de explicar la agresión o violación a sus derechos humanos a partir de indagar en su vida privada, aunque sea evidente que son producto de su trabajo de defensa de derechos humanos. Especialmente en un contexto de violencia generalizada en el país.

Un contexto favorable a las agresiones

La vulnerabilidad de las personas defensoras es exacerbada por la violencia e inseguridad, en las que se trata de invisibilizar la represión contra las personas y colectivos que defienden derechos humanos. En los años recientes, el país se ha visto envuelto en una escalada imparable de violencia como nunca antes en la historia contemporánea: desapariciones, secuestros masivos, ejecuciones, desplazamiento forzado, incremento alarmante de casos de feminicidios, crímenes de odio, amenazas y asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos son números que año con año se multiplican.

Según la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (Envipe) 2015, se registraron 102 mil 883 delitos de secuestro denunciados en 2014 [1]. Aunque no se incluyen los datos de desaparición, el 30 de agosto de 2014, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República hicieron pública la cifra de 22 mil 322 víctimas de desaparición, más de 100 mil ejecuciones y un número aún incuantificable de personas desplazadas por la violencia de Estado y criminal.

En este contexto de inseguridad y violencia generalizada, no disminuye la responsabilidad estatal en términos de la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y la garantía del derecho a defender los derechos humanos. Es un indicador que no parece mejorar para 2016.

Tendencias preliminares en 2015

violencia-inseguridad-300En un registro preliminar, la Red TDT identificó, del 1 de enero al 1 de diciembre de 2015, 76 casos de violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos y colectivos en 20 entidades de la República. En consistencia con el informe anterior de la Red TDT [2], las entidades con mayor número de VDH y agresiones a defensores y defensoras y colectivos son Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz.

Alrededor del 85 por ciento de los casos fueron cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, y el 15 por ciento restante hacia colectivos. Cabe resaltar que la mayor parte de los y las defensoras agredidas pertenecen a procesos colectivos, mismos que se ven directamente afectados por dichas agresiones, con lo que se incrementan las consecuencias de los mismos. Esto nos indica una estrategia clara para desarticular dichas colectividades a favor de los intereses económicos y políticos afectados por sus luchas, aumentando la desprotección de quienes ven violados sus derechos.

La mayoría de los casos registrados pertenecen a personas defensoras de la tierra y el territorio, seguidos por quienes buscan la justicia, verdad, reparación y no repetición en los casos vinculados con la violencia e inseguridad y quienes luchan por la garantía de los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales). Esta división nos ayuda a comprender los principales intereses afectados por su labor, pero es necesario recordar que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, y que el contexto nacional de violencia e inseguridad afecta a todas las luchas.

El principal derecho afectado es el derecho a la integridad personal, que es sistemáticamente violado a través de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte, lo que nos indica que existe un riesgo a la vida de las personas y a la permanencia de los colectivos y procesos de defensa de los derechos humanos.

Alrededor del 58 por ciento de las violaciones de derechos humanos y agresiones fueron cometidas por actores estatales, mientras que cerca del 42 por ciento por actores no estatales, lo que nos muestra la existencia de una cultura de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Frente a esto, el Estado está obligado a generar estrategias integrales para la protección de la labor de defensa de los derechos humanos, al igual que visibilizar su importancia para la construcción de un país democrático. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instrumento estatal para la reacción del Estado frente a situaciones de riesgo de las personas defensoras y colectivos, aún tiene muchos retos para lograr su objetivo de protección integral y en su rol en la legitimización de la labor de los mismos.

De los malos presagios a la acción preventiva

En un contexto en el que el Estado realiza maniobras turbias para consolidar las reformas estructurales y garantizar los beneficios que los grupos de interés le reclaman, los datos anteriormente señalados son un mal presagio para el presente año. Estratégicamente las personas defensoras no dejan su seguridad exclusivamente en manos del Estado, capacitándose y realizando acciones cotidianas, individuales y colectivas, para salvaguardar su seguridad a través de diversas acciones preventivas y de reacción frente a situaciones de riesgo. Algunas de estas acciones preventivas son las campañas informativas y los informes de agresiones y VDH. En este año la Red TDT implementará acciones en ambos sentidos.

Notas

[1] Aunque en comparación con 2013 el número de secuestros disminuyó, en un 92.8 por ciento de los delitos no hay denuncia, y en el informe se señala una disminución en la confianza hacia las autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia.

[2] El derecho a defender los derechos humanos en México: informe sobre la situación de las personas defensoras. 2011-2013, Red Todos los Derechos para Todas y Todos. Para descargar: http://redtdt.org.mx/?p=386.

Fernando Ríos Martínez*

[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]

 

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Contralínea 473 / del 01 al 07 de Febrero de 2016

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