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Sin importar la filiación política (priístas, panistas o perredistas), en los últimos años hemos visto cómo la corrupción se ha convertido en un cáncer imposible de extirpar y que penetra e invade todos los sectores de la sociedad. Desgraciadamente, ese fenómeno social, que primordialmente afecta a la burocracia, ha alcanzado también a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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En los últimos meses de gestión del anterior rector José Narro Robles, la Contraloría de la máxima casa de estudios, concretamente la Dirección General de Responsabilidades, Inconformidades y Registro Patrimonial, a cargo de Humberto Moheno Diez, descubrió graves irregularidades en el manejo del presupuesto y en la contratación de bienes y servicios para la realización de la Olimpiada Nacional 2014.

Contrario a que se impusieran sanciones a los responsables de tales anomalías descubiertas por la propia Contraloría, como se esperaría que ocurriera en una institución académica que es ejemplo de conocimiento y aprendizaje para las nuevas generaciones, las autoridades universitarias (las anteriores y las actuales) han preferido proteger a los responsables y ocultar las faltas administrativas y los supuestos desvíos de recursos públicos, según se da cuenta puntualmente en el informe de 34 páginas bajo número DGRIRP/DERE/01/2015 y fechado el 8 de junio de 2015.

En columnas anteriores explicamos que durante 3 meses, del 13 de octubre de 2014 al 15 de enero de 2015, la Contraloría de la UNAM revisó las operaciones financieras, los procedimientos y la normatividad para el control y ejercicio de 20.7 millones de pesos aportados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) con motivo de la Olimpiada Nacional 2014, en donde la Universidad fue subsede en las disciplinas de remo, nado sincronizado, canotaje, tiro con arco, hockey sobre hielo y polo acuático.

La auditoría universitaria reconoce contundentemente que hubo múltiples irregularidades e incumplimientos en la aplicación de la normatividad e instrumentación de controles para el buen uso de recursos financieros por parte de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas (Dgadyr) de la UNAM, a cargo de Severino Rubio Domínguez, y de sus subalternos Maximiliano Aguilar Salazar, director de Deporte Representativo, y José Luis Marín Correa, secretario académico, entre otros.

De las muchas anomalías descubiertas, destaca que el 30 por ciento de las erogaciones, que ascendieron a 6 millones 381 mil 535.11 pesos, se realizaron con cargo a fuentes distintas al patrocinio otorgado por la Conade. Además, en la adquisición de bienes y servicios no se realizó licitación alguna y tampoco hay evidencia de la celebración de contratos, lo que habría permitido actos de corrupción y abuso por parte de directivos universitarios. También hubo desvíos por 829 mil 232 pesos a conceptos ajenos a la Olimpiada.

Entre esos desvíos se suman los 326 mil 372 pesos para pagar una comida de convivencia entre exjugadores de futbol americano de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) y los jugadores de Pumas CU Liga Mayor, que tuvo un costo de 43 mil 500 pesos, así como la alimentación y hospedaje del equipo de baloncesto en el hotel Villas Posadas, por un costo de 282 mil 873 pesos. Actividades totalmente ajenas a lo establecido en el contrato.

Sin sanción alguna por la mala administración al frente de la Dgadyr, su titular Rubio Domínguez sólo “renunció”, dicen en la Contraloría, al cargo que tenía en la UNAM, y de inmediato fue contratado en la Secretaria de Salud como director de Educación en Salud, con tres subdirecciones bajo su nuevo mando que ocupa desde el 1 de enero de 2016. Su jefe inmediato explicó haber verificado con el contralor de la UNAM si había algún impedimento para contratarlo y ahí le confirmaron que no hubo sanción alguna por lo ocurrido.

Ante tan delicado asunto ocurrido cuando Narro Robles dirigió la Universidad Nacional, la semana pasada el reportero Mauricio Romero de Contralinea se encontró con el exrector, quien enfureció cuando le preguntó sobre la investigación que llevó a cabo el órgano de control de la UNAM. Esto es lo que narra el reportero:

Apapachado entre los seguidores del perredista Jesús Ortega, José Narro se deja tomar fotos, agradece con voz tersa a quienes lo halagan. Saluda al que le extienda la mano. Es la figura estelar.

—Lo he buscado durante semanas, meses, doctor –le suelta el reportero a bocajarro.

Narro Robles asiente, amable, como invitando con la mirada a continuar. Pero la sonrisa y la satisfacción se borran del rostro tras una palabra. El exrector arruga la cara y tensa los hombros cuando escucha “auditoría”.

—Platique usted con los responsables –rechaza con otra voz, dura; la amabilidad se ha perdido–. Yo ya no soy rector desde hace tiempo –evade quien aún viste corbata de rayas azul y oro, orgulloso de ser universitario y de haber sido el mandamás de la más grande universidad de América Latina.

—Pero la auditoría interna se hizo en el último año de su rectorado, doctor.

—¡Lo sé perfectamente!

—Entonces permítame sólo un par de preguntas, doctor.

—Yo no voy a decir nada. Platica con los responsables –espeta sin ocultar su enfado.

—Pero usted, como rector, fue responsable…

El ex rector estalla, no aguanta la vergüenza.

—¡Yo no voy a decir nada! –corta de tajo. La mirada de Narro ahora hierve mientras niega una y otra vez con la cabeza a la vez que con la mano extendida aparta de enfrente al reportero que nunca más quiere volver a ver.

Miguel Badillo

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: OFICIO DE PAPEL]

Contralínea 473 / del 01 al 07 de Febrero de 2016

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