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Decenas de familias triquis expulsadas de su tierra por el paramilitarismo vigente en San Juan Copala regresaron al centro de Oaxaca para demandar el cumplimiento de las promesas hechas por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo desde hace 5 años.

Desplazados a punta de fuego de alto calibre, ancianos, niños, mujeres y hombres se dispersaron por las montañas de la región. Sin techo, sin medios se subsistencia, sin protección de ninguna autoridad, han supervivido a la intemperie, refugiados en pueblos y ciudades de la región entre la violencia paramilitar y policial.

El grupo encabezado por Jesús Martínez Flores, promotor de la alcaldía autónoma de San Juan Copala con sede alterna en La Brama Paraje Pérez, volvió a instalarse al pie del palacio de gobierno en la capital oaxaqueña tras haber sido desalojados el 22 de diciembre de 2015.

“Gabino [Cué] nos negó una vez más la audiencia y mandó a sus guardaespaldas. Él salió por la puerta lateral y a nosotros nos desalojaron”, cuenta en entrevista Martínez Flores. No fue la primera vez: un mes antes, al abrigo de la madrugada, la policía había hecho lo propio.

Pero el 5 de enero, tras una marcha y un mitin, los representantes de alrededor 140 familias, de las cuales 65 cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, regresaron a las puertas del palacio de gobierno con la exigencia a la administración estatal de brindar las garantías, seguridad, para poder regresar a San Juan Copala, actualmente tomada por paramilitares.

Vallas en los arcos de la entrada principal y policías custodiando el edificio recibieron de nueva cuenta a los indígenas triquis, quienes volvieron con mantas alusivas al asesinato Julián González Domínguez, activista torturado y victimado en Juxtlahuaca el 12 de enero de 2015.

“Julián González Domínguez era uno de los beneficiarios de la Medida Cautelar 197/10, otorgada por la Comisión el 7 de octubre de 2010 para proteger la vida e integridad de 135 habitantes de San Juan Copala, Oaxaca. La solicitud de medida cautelar alegaba que los miembros del pueblo indígena Triqui en San Juan Copala se encontraban desplazados a consecuencia de repetidos ataques violentos en su contra por parte de un grupo armado. Éste es el segundo beneficiario de la medida cautelar 197/10 en ser asesinado, tras la muerte en 2011 del líder triqui Antonio López Martínez”, resaltó la CIDH en un comunicado de repudio al crimen.

“La seguridad nunca se ha dado”, reafirma Jesús Martínez Flores, quien carga una permanente amenaza de agresión.

A pesar de las muertes, la miseria y el nomadismo forzado, la respuesta de los gobiernos estatal, de Gabino Cué, y federal, de Felipe Calderón primero, de Enrique Peña Nieto después, fue el desdén.

Incluso Cué ha llegado a afirmar que no hay razón alguna para que haya plantones frente a sus oficinas. El mandatario local ha acusado de haber infiltrados en las movilizaciones triqui, que pueden regresar en paz a San Juan Copala y que hasta las escuelas han sido reabiertas en el el territorio paramilitarizado.

“Eso dice Gabino [Cué]. Que estamos muy bien. Pero la verdad es que no tenemos un lugar dónde estar. Seguimos igual”, insiste Martínez Flores.

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