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La oportunidad que tenía el gobierno de rencausar la política monetaria en México se perdió. El gobierno federal priísta decidió apostar por la misma política que tiene pasmada a la economía mexicana. Con la relección de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, el funcionario acumulará en el cargo 11 años. Asegurados hasta 2021, los intereses de la minoría que se beneficia del libre mercado

Los gobernadores de los bancos centrales del mundo son un club unido, muy dado a las modas y a las tendencias. […] Cayeron bajo el hechizo del monetarismo, una teoría económica simplista promovida por Milton Friedman”. Si […] se centra de manera excesiva en la inflación, empeora la desigualdad [y] el desempeño económico en general

Joseph Stglitz, Premio Nobel de Economía 2001

Muchos gobiernos electos están subyugados a sus bancos centrales, bajo el pretexto de que son instituciones independientes. Es así como intereses absolutamente minoritarios de la población rigen la economía mundial y consiguen obligar a las grandes mayorías a someterse a la dictadura tecnocrática llamada bancos centrales “independientes”

Theotonio Dos Santos, economista y politólogo brasileño

Enrique gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo ante sí su última oportunidad para replantear las directrices de su fracasada estrategia económica, con el objeto de tratar de sacar al aparato productivo del estancamiento en el que permaneció durante la primera mitad del mandato, extendiendo así a 35 años esa situación en la que se encuentra la nación desde que los neoliberales priísta-panistas tomaron el poder (1983-2015). También para encarrilar la economía, en la medida de lo posible, hacia la senda del crecimiento sostenido, con la creación de los empleos formales requeridos anualmente y la mejoría en el bienestar de las mayorías. Metas que prometió el presidente como líder del priísmo resucitado y que actualmente no son más simples quimeras, de las cuales ya nadie se acuerda, más allá de las humillantes limosnas asistencialistas, las cuales ocultan artificialmente la magnitud del drama de la miseria y la pobreza de México. Aunque éstas son políticamente rentables y ofrecen cierta legitimidad, aunque sea comprada, corruptora, degradada y degradante, son completamente inútiles para eliminar el rencor social que bulle en el fondo del abismo y amenaza con el incontenible estallido social.

El fiasco cosechado en los primeros 3 años de  este gobierno se sintetizan en la crisis de credibilidad y legitimidad que enfrenta, al igual que el sistema político mexicano, la cual se manifiesta en los recientes resultados dados a conocer por Latinobarómetro, una organización no gubernamental chilena que realiza estudios de opinión pública relacionados con la democracia, la economía y la sociedad.

Según su Informe 1995-2015, hecho público el 25 septiembre de 2015, el país arroja los peores resultados en las materias señaladas, de entre 18 naciones latinoamericanas y, entre ellos a los que Peña, cada vez que puede, los ha acusado de “populistas” –¿ante el Tío Sam?–, como son Venezuela, Ecuador, Bolivia o Argentina, por ejemplo –acaso sean esos gobiernos, ya que, como buen priísta, siempre habla difusamente y no nombra a nadie en particular–, y que le podrían dar lecciones de democracia, de legitimidad, de soberanía, de justicia, cuando menos. Quizá lo hace para tratar de desviar la atención de los descontentos y exorcizar el fantasma de la revuelta social en su contra y que le asedia.

De acuerdo con sus encuestas, sólo el 19 por ciento de los connacionales se siente satisfecho con la democracia a la mexicana. Quizá porque esa minoría no se ha enterado que es una falacia, y lo único “realmente existente” es el viejo autoritarismo presidencialista, usufructuado en los diferentes niveles de gobierno por los priístas, panistas, perredistas y otros partidos marginales. O porque forman parte del pequeño club de beneficiados por el despotismo político y su modelo económico neoliberal.

La aprobación del gobierno peñista es la peor entre 2002 y 2015, es decir, comparado con la de los panistas, lo que no deja de ser preocupante si se considera la involución conservadora. Según Latinobarómetro, el 65 por ciento descalificó su mandato. La mejor aprobación se registró en 2006-2007, con 60 por ciento, y la menor en 2004-2005, con 41 por ciento. El 68 por ciento de los encuestados no se identifica con algún partido. El 74 por ciento cree que las elecciones son fraudulentas. El 79 por ciento está convencido que se gobierna para una minoría.

El descrédito del peñismo, del sistema político, de los partidos y de los procesos electorales se refuerza con los mediocres resultados económicos alcanzados. El 66 por ciento de los entrevistados señaló su disposición a protestar para obtener aumentos salariales y mejorar sus condiciones laborales. La mitad señala que sus ingresos no le permiten cubrir sus necesidades básicas y se muestra temerosa de su futuro. El 83 por ciento cree que la distribución de la riqueza es injusta. El 74 por ciento piensa que el gobierno es poco o nada transparente y el 72 por ciento lo califica de corrupto. El 87 por ciento se siente insatisfecho con la situación económica del país y el 82 por ciento considera que está estancado o en retroceso (el documento completo puede consultarse en: www.latinobarometro.org/latNewsShowMore.jsp?evYEAR=2015&evMONTH=9).

Para elevar sus bonos entre la población, la economía tendría que crecer a una tasa similar o superior a la registrada antes del ascenso del neoliberalismo (6.1 por ciento anualmente), dada la estructura productiva actual, orientada y subordinada al mercado estadunidense, para generar los poco más de 1 millón de empleos formales requeridos anualmente.

Ello, empero, es insuficiente. Para esperar que los demandantes acepten esas plazas laborales, los salarios deberían ubicarse sistemáticamente por arriba de la inflación para que recuperen su poder de compra perdido desde 1977, estimado en poco más de 70 por ciento. No debe olvidarse que esto último implicaría que la percepción mínima promedio sea del orden de 333 pesos diarios o 10 mil pesos mensuales, contra los 69.26 pesos diarios o 2 mil 78 pesos mensuales pagados en 2015.

Por desgracia, la estrategia económica neoliberal y la “flexibilidad” laboral aprobada por el calderonismo-peñismo son las principales enemigas del crecimiento, el empleo digno y estable.

Los salarios, por su parte, tienen dos adversarios:

a) La subordinación a la atracción de la inversión extranjera y la rentabilidad del capital nacional: los trabajadores de los países subdesarrollados como México se ven más bonitos si sus condiciones laborales son dignas de esclavos, si los salarios pagados compiten para ser los más miserables del mundo, si el gobierno y los sindicatos garantizan que no se alteren esas condiciones. La escasez de empleos, el miedo al desempleo y la represión abierta refuerzan la domesticación de los trabajadores;

b) El control de la inflación que tanto agobia al banco central. Para ese organismo el aumento salarial debe ser igual o menor a la inflación alcanzada para evitar presiones en la estructura de costos de las empresas que afectan su productividad, competitividad y tasa de ganancia, así como del lado del consumo, que provoque un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios y que estimulen el alza de los precios.

Con sus reformas estructurales neoliberales, entre ellas la reprivatización energética, los peñistas hicieron cuentas alegres. Calcularon que sin ellas la tasa media anual sexenal sería de 6 por ciento. Con ellas alcanzaría el 4.6 por ciento –distante de la de 6.1 por ciento citada previamente–, y en 2018 se ubicaría en 5.6 por ciento.

En la primera mitad del peñismo se preveía que el crecimiento medio, con las reformas, fuera de 4 por ciento. Pero sólo será de 2 por ciento. De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, de junio pasado, difícilmente superará la tasa de 2.7 por ciento anual sexenal. Si le va bien, en 2018 la economía crecerá 3.5 por ciento.

El problema es que la debilidad del crecimiento internacional y el próximo retorno del alza en las tasas de interés estadunidense, que podría orillar a otras naciones a hacer lo mismo para evitar la salida masivas de capitales hacia el centro de imperio capitalista, ha provocado efectos indeseables que han alterado las expectativas de la economía mexicana. Entre ellos se destacan: la reaparición de la inestabilidad financiera especulativa global (devaluaciones masivas de las monedas y caída de las bolsas de valores), la cual se intensificará cada vez que la Reserva Federal eleve su tasa de referencia, a la que seguirá la de los bonos del gobierno estadunidense; la caída de los precios de las materias primas, incluyendo los del petróleo; el menor ingreso de divisas en los países subdesarrollados, la salida de capitales y el encarecimiento del costo del endeudamiento externo de éstos.

Ni siquiera la evolución de la economía estadunidense otorga un haz de luz esperanzador a la mexicana. El Banco Mundial proyecta una expansión de aquel país en 2.6 por ciento, en promedio anual en 2015-2017, ritmo insuficiente para remolcar al fardo de la economía mexicana.

El llamado motor externo de la economía, las exportaciones de bienes y servicios (del lado de las cuentas nacionales), perdió ritmo en 2011-2013. De todos modos su mejoría en 2014 y 2015 ha sido incapaz, como ocurre desde 1983, cuando se reorientó la producción hacia el mercado internacional, de posibilitar un crecimiento importante. Ello pese a que su relación con el producto interno bruto (PIB) pasó de 14 a 35 por ciento entre 1982 y 2014. En 2014 y 2015 la tasa media de crecimiento real fue de 2.3 por ciento.

Desde 1983, el motor interno, el consumo total y la inversión, dejó de ser relevante. En 1960-1982, el primero creció a una tasa anual de 6.2 por ciento y el segundo en 7.9 por ciento. En 1983-2015 aquél lo hizo en 2.4 por ciento y el otro en 3.4 por ciento.

En lo que va del peñismo, el consumo apenas ha aumentado en 2.4 por ciento, en promedio anual, y la inversión en 2.1 por ciento.

Nublado, el futuro peñista y con una economía carente de sostenes, a Peña Nieto le quedaba la opción de llevar a cabo ajustes significativos en su estrategia y en el equipo, más allá de los cambios que realizó y que no conducen a ningún lado. Lo anterior bajo el supuesto de que aspirara a cumplir los compromisos citados anteriormente.

Un cambio de suyo ambicioso era la recuperación de la soberanía de la política monetaria. Atrapada por garras ideológicas del rancio monetarismo friedmaniano y de corriente conocida como la “nueva economía clásica”, con su falsa promesa de estabilidad macroeconómica. Y sometida a la paranoica obsesión del control de la inflación, por medio del control de férreo de la demanda, a través de la contención de los salarios y del consumo y la inversión, por medio del alto costo del crédito que, al final, someten al juicio de la guillotina al crecimiento del empleo.

Esa medida tendría que ser complementada con el cambio a Ley Orgánica del Banco de México, en una doble perspectiva.

Por un lado, ampliar su mandato único, limitado al control del valor de la moneda, la contención de la inflación y la estabilidad de precios, hacia la búsqueda simultánea del crecimiento y el empleo. Y, por otro, la eliminación de su autonomía fondomonetarista-salinista que, a juicio de economistas como Joseph Stiglitz, ha convertido a los bancos centrales en una anomalía autoritaria dentro de los regímenes democráticos –en todo caso, México es funcional a un sistema político despótico–, que no rinde cuentas a nadie, que tiene la capacidad a los gobernantes y cuyas medidas monetarias sólo benefician al capital financiero-especulativo.

Desde luego, esa posibilidad sería una herejía en una tendencia mundial que desde las décadas de 1980 y 1990 ha promovido la independencia de los bancos centrales de los gobiernos, bajo el supuesto de que así se eliminarían las tentaciones por financiar el gasto público con la emisión primaria del circulante.

Pero como dice Stiglitz, los bancos centrales que no se han sumado a esa moda han alcanzado resultados satisfactorios, incluso superiores a los obtenidos por los autónomos.

Uno de esos casos es el argentino. En 2012, la gobernante Cristina Fernández eliminó el mandato único del Banco Central de la República Argentina, la defensa del valor de la moneda y la estabilidad de los precios, y lo sustituyó por el de la búsqueda de la estabilidad monetaria y de las necesidades del desarrollo económico y la mayor equidad social. Si bien sus funciones y facultades no están sometidas al Ejecutivo, ellas deben coordinarse con las políticas establecidas por el gobierno. Para cumplir sus funciones se le han devuelto herramientas para orientar el crédito hacia las actividades productivas y con especial atención a las micro, pequeñas y medianas empresas, proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros y supervisar a los intermediarios financieros.

Por lógica, ese tipo de reformas implicaba el cambio en el perfil del banquero central. Se requería uno cuya formación trascendiera la rigidez de la ortodoxia monetarista. Argentina completó el cambio con el despido del banquero central apegado a los cánones y los dos que le han seguido se han caracterizado por su heterodoxia, por su keynesianismo.

Sin embargo, Peña dejó pasar el último tren con destino a la estación del crecimiento y el empleo. Prefirió pontificar la continuidad de Agustín Carstens por 6 años más como gobernador del Banco de México, del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2021. Su mandato se inició el 1 de enero de 2010.

La formación y la carrera de Carstens simbolizan lo que exigen los mercados para otorgar su “confianza”: la militancia en la ortodoxia monetaria.

Carstens es un perfecto Chicago Boy: su alma mater fue el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), fundado por el oligarca Raúl Baillères (1865-1967), con el objeto de crear esa clase de economistas, en oposición al pensamiento keynesiano, estructuralista y marxista que infestaba las universidades públicas. El ITAM procreó a Miguel Mancera Aguayo, Francisco Gil Díaz, Gustavo Petricioli, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Pedro Aspe, Santiago Levy, Luis Téllez y Luis Videgaray, entre otros funcionarios y exfuncionarios responsables de la implantación del neoliberalismo y su continuidad.

Carstens después realizó su maestría y su doctorado en la Universidad de Chicago. Su paso por la Secretaría de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo forjaron como un neoliberal puro.

De él es prácticamente imposible esperar una herejía. Aunque su manejo flexible de la política monetaria (la baja de la tasa objetivo del banco central a 3 por ciento nominal, de cero descontando la inflación) haya sido inútil para estimular el crecimiento y evitar el desorden financiero que enfrenta actualmente el país.

De cualquier manera, son conocidas las limitaciones teóricas y empíricas de una política monetaria expansiva, como lo ejemplifican Estados Unidos, la Unión Europea y la eurozona.

Desechados dichos cambios, a Peña Nieto sólo le quedaba buscar un secretario de Hacienda y Crédito Público heterodoxo.

Pero también se inclinó por mantener a Luis Videgaray.

Y este funcionario le receta un recorte en el gasto programado: 5.9 por ciento, en términos reales, para 2016, lo que tendrá un efecto procíclico. No sólo eso. Planea reducirlo aún más entre 2016 y 2018. Éste caerá de 19.6 por ciento del PIB en 2015 a 16.8 por ciento en 2018.

Así, con una política monetaria que dejará de ser expansiva y el retorno de la austeridad, el crecimiento también será, inevitablemente, enteco.

 

Marcos Chávez M*

[BLOQUE: ANÁLISIS]  [SECCIÓN: ECONÓMICO]

 

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