Lev Moujahid Velázquez Barriga*
Desde 1994, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ha sido la principal consultora del gobierno mexicano, cuyos honorarios ascienden a miles de millones de pesos con cargo al erario. Cabe señalar que dichos pagos no han sido transparentes. A pesar de los resultados negativos de sus recomendaciones en materia educativa, ningún funcionario ha cuestionado la pertinencia de su injerencia en la política mexicana, aunque la ineficacia de sus propuestas ha quedado por demás demostrada. Tal es el caso de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), creado y promovido por la consultora para medir la competitividad de los aprendizajes de los alumnos en sus países miembro. El fracaso de sus orientaciones curriculares fue tan evidente que tuvo que ser eliminado por su inviabilidad.
Veintiún años después se siguen transfiriendo recursos públicos para que la OCDE diseñe políticas educativas, reciclando las mismas tácticas y discursos: la privatización educativa bajo el esquema de la “participación social”, la organización curricular y de los conocimientos de la humanidad reducidos a “competencias”, los sistemas meritocráticos basados en la Evaluación para el ascenso y la diferenciación salarial de la carrera magisterial. Todo esto no es nuevo, fue planteado desde 1993 con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB); tampoco lo es el instituto autónomo para la evaluación, pues existe desde 2001; ni las pruebas estandarizadas para los alumnos, ya que se aplicaron a partir de 2006.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el Servicio Profesional Docente (SPD) y el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), componentes de la reforma constitucional a los Artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, representan la misma fórmula que durante 2 décadas ha dado las más graves señales de su ineficiencia. En ese contexto, tanto el gobierno como los empresarios encabezados por Mexicanos Primero (quienes, unilateralmente decidieron representar a México ante la OCDE) han construido el chivo expiatorio perfecto para exonerar a la oligarquía nacional y multinacional de su responsabilidad ante la crisis educativa. Por ese motivo, al magisterio se le presenta como el culpable del fracaso de la modernización, de las crisis financieras estatales y de los bajos resultados en sus mismas pruebas estandarizadas.
A pesar de que la intromisión gerencial en los asuntos de carácter educativo no ha sido un proceso terso, lo que actualmente aparece en el ambiente social, político y de los medios de comunicación, es solamente la negación de los docentes a la evaluación; sin embargo, ellos han mantenido una constante oposición al proyecto trasnacional a través de múltiples formas de organización, que justamente atienden la complejidad de la reforma educativa. Quienes han encabezado esta resistencia de manera más sólida son los maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
La CNTE ha pasado de la demanda de aumento salarial como objetivo primordial en 1989 a la democratización del Sindicato Nacional de Trabadores de la Educación (SNTE), la defensa de la educación pública, la construcción de un proyecto alternativo y contrahegemónico de educación, la lucha por la seguridad social y en la actualidad por la estabilidad laboral. Si bien cada demanda ha tenido cierto énfasis en contextos históricos específicos, no estamos hablando de cosas separadas, son todas ellas parte integral de una misma plataforma política encaminada a edificar una sociedad más democrática.
No es fortuito que en los estados y secciones más atacados por los empresarios y sus voceros en los medios de comunicación se estén dando los procesos más sólidos de organización social del magisterio con los sectores populares: el Movimiento Popular Guerrerense con la Sección XIV, sin olvidar que la tragedia de dimensiones globales por la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa dio origen a la Asamblea Nacional Popular; el Frente Cívico Social con la Sección XVIII de Michoacán, que aglutina 49 organizaciones populares y sindicales que han paralizado al gobierno de la entidad, los sectores estratégicos de la economía, los servicios y los transportes, al menos en dos ocasiones a través de la huelga general; y el Frente Único de Lucha con la Sección XXII de Oaxaca, que recupera la experiencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) enfilándose a conformar una organización de articulación nacional.
Todas estas expresiones comparten la idea del agotamiento de la vía electoral y de la organización partidista; tienen, además, las condiciones para llevar a cabo lo que han llamado el “boicot electoral” en cada una de sus entidades, con sus respectivas particularidades y posibilidades; en su defecto han optado por impulsar procesos de empoderamiento desde abajo que resultan de poca legitimidad para un estatus cada vez más dictatorial que se legitima por la farsa de las “elecciones”.
Tampoco es ninguna casualidad que en estos mismos estados se estén desarrollando teórica y prácticamente las propuestas educativas contrahegemónicas más acabadas (mas no las únicas) de la CNTE. Hablamos de las escuelas altamiranistas, del Programa para las Transformaciones Educativas de Oaxaca (PTEO) y del Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán (PDECEM). Los antecedentes de dichas iniciativas se remontan a la crítica epistemológica frente al proyecto neoliberal plasmado en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y a la oposición social contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La necesidad de un modelo educativo alternativo ha estado ligada, por 2 décadas, a la construcción histórica de una nueva sociedad y a la formación de sujetos libres y democráticos como agentes de las transformaciones sociales. La concepción política de la pedagogía es parte de la tradición latinoamericana que ha definido la conformación de una concepción propia llamada “educación popular”. No está por demás decir que los maestros mexicanos de la CNTE, en todo nuestro Continente, son el único movimiento “sindical” de su naturaleza que ha realizado aportaciones teóricas y experiencias concretas en los espacios de la educación pública para el diseño de proyectos de educación popular ligados a la emancipación social.
No debe resultarnos extraño que también Michoacán y Oaxaca hayan sido el paradigma en la democratización del SNTE, cuyo lastre ha estado siempre vinculado a los gobiernos federales y sus reformas educativas neoliberales. Sea por la vía legítima o por la legal-estatutaria respectivamente, según sus contextos específicos en cada sección y estado, el magisterio va generando autonomía frente al Estado y sus partidos políticos, así como procesos de empoderamiento desde los núcleos delegacionales de la organización sindical hasta los congresos de bases como máximos órganos de gobierno, de modo que ninguna decisión de la CNTE es cupular, siempre pasa por el consenso de las mayorías.
En suma, la oposición a la evaluación es apenas lo que se vive en la coyuntura política, en el momento en que el INEE ha presentado la calendarización de la evaluación hasta 2016, la cual puede caracterizarse también como la ruta del despido, pero la raíz de la protesta magisterial es multifactorial y su propuesta no se limita a la estabilidad laboral: integralmente la CNTE ha construido alternativas pedagógicas, de organización popular y sindical, así como marcos legales para que los estados garanticen realmente educación pública y gratuita como derecho humano.
Lev Moujahid Velázquez Barriga*
*Historiador; maestro en didáctica en ciencias sociales e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
[OPINIÓN]
Contralínea 440 / del 08 al 14 de Junio 2015
