Ahora que la Cámara de Diputados aprobó integrar un sistema nacional anticorrupción, los proyectos mineros deberían ponerse bajo la lupa. Y es que la mayoría de éstos se construyen con el apoyo de caciques, corrompiendo a las autoridades locales y federales, y en contra de la voluntad del pueblo: lejos de consultar a los dueños de la tierra –generalmente ejidatarios de origen campesino e indígena–, los despojan de su patrimonio en total impunidad.
Tal es el caso de la comunidad nahua de Zacualpan, Colima. Allí, en una asamblea general de comuneros y avecindados, el 18 de noviembre de 2013 se rechazó tajantemente la llegada de una minera que pretende explotar yacimientos de oro, plata y cobre, propiedad de Rigoberto Verduzco Rodríguez. Pese a ello, desde entonces, los indígenas han denunciado intimidaciones; incluso aseguran que integrantes del Ejército Mexicano arribaron a la comunidad un día después de la asamblea, el 19 de noviembre, para amedrentarlos. También señalan que las autoridades locales intentan dividir a la población con la entrega de apoyos sociales. Para los indígenas afectados no hay un pago económico que compense el desastre que ocasionará la mina: los efectos ambientales por la explotación cielo abierto, la contaminación inevitable del agua, de la biodiversidad, el daño a la salud de las personas, y el deterioro de la tierra y el territorio indígena.
Pero nada parece frenar los intereses económicos que hay en la zona, ni siquiera los instrumentos internacionales signados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, que obligan a las autoridades a proteger, velar y garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas; proteger la biodiversidad, el derecho humano al agua, a la salud, a la alimentación, a un medo ambiente sano, entre otros derechos humanos fundamentales.
Tan es así que actualmente la comunidad está sitiada. De acuerdo con la reportera Érika Ramírez –quien viajó al lugar de los hechos para documentar la situación–, hasta el ojo de agua que abastece a la región es controlado por un grupo de filiación priísta que está de acuerdo con la llegada de la minera, y que se identifica como aliado del depuesto presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Carlos Guzmán.
En las mismas condiciones se encuentra el parque ecoturístico y los accesos carreteros. Incluso el 2 de marzo pasado fue impedido el paso de una misión de observación nacional e internacional para el caso Zacualpan. Entre los visitantes se encontraban representantes de las organizaciones internacionales: Greenpeace; Fund for Global Human Rights; Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4); Environmental Defender Law; Defensa y Derecho al Agua, América Latina; y Peace Action (Acción por la Paz); así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero; la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema); el Instituto Nacional de Antropología e Historia, sede Morelos, así como la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
Este caso ya forma parte de la lista hecha por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que identifica 34 conflictos mineros vigentes en México.
De acuerdo con el mapa de la conflictividad elaborado por el OCMAL, se trata de la operación al margen de la ley de la Minera San Xavier, en San Luis, Potosí; el derrame de la Minera María, en Sonora; el conflicto de Cananea, entre el Grupo México y Sindicato Minero; el derrumbe en Pasta de Conchos, Coahuila; la usurpación de tierras a ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, por parte de Minefinders; la contaminación del agua de Guanajuato por Great Panther; el levantamiento de los ejidatarios contra la mina de barita de Blackfire Exploration en Chicomuselo, Chiapas; la contaminación con arsénico del agua de Cocula, Guerrero; el caso de la Mina de Oro Nacional (canadiense) contra habitantes de Mulatos, Sonora; el tercer intento de Los Cardones por explotar Sierra de la Laguna (antes Paredones Amarillos), en La Paz, Baja California.
También se enlista la oposición colectiva a la Mina de Oro en Ejido Carrizal, municipio de Motozintla, Chiapas; el reclamo de las comunidades del municipio de Ocotlán, Oaxaca, respecto a la ilegalidad en concesiones mineras; la oposición a la planta de antimonio en Querétaro; así como el rechazo del proyecto de oro a 3 kilómetros de la Central Nuclear, en Veracruz.
En esa misma lista se incluyen el proyecto La Luz, que amenaza con destruir la “Cuna del Sol” para los huicholes, en Real de Catorce, San Luis Potosí; la defensa que hace el pueblo Wixárika de su territorio sagrado Wirikuta, en el municipio de Catorce, San Luís Potosí; la amenaza en el Valle de Los Sirios y comunidades campesinas de Baja California por las exploraciones mineras; la oposición de comunidades indígenas de la Sierra Sur a la minería de hierro, en Santa María de Zaniza, Oaxaca; la alerta que se mantiene en Ixtacamaxtitlán ante exploraciones mineras de Almaden Minerals, en San Miguel Tuligtic, Puebla; la criminalizan de la protesta de habitantes de San José del Progreso por la minera Trinidad, en San José del Progreso, Oaxaca; la presencia de la Minera Pitalla de Argonauta Gold en Baja California Sur.
Asimismo se encuentran identificados como focos rojos los casos de los comuneros que se oponen a la expansión de la mina Aquila, en Michoacán; el saqueo atribuido por inconformes a Esperanza Silver en la zona arqueológica de Xochicalco, en el Estado de Morelos; la expulsión de una minera de Magdalena de Teitipac, Oaxaca; el rechazo a la minera china Ganbo, en Tequesquitlán, Jalisco; la contaminación provocada por la Minera Peña Colorada en el territorio indígena nahua de Colima y Jalisco; la oposición a la minera Frisco en Tetela de Ocampo, Puebla; la violación a los derechos humanos atribuida a la Minera Excellon, en Tlahualilo, Durango.
El proyecto Encantada, que fue señalado por presunta usurpación de tierras en el ejido Tenochtitlán, Coahuila; el proyecto minero en Zacualpán, Colima (al cual nos hemos referido en esta columna); el proyecto La Lupe, que fue expulsado de las tierras de Zautla, Puebla; el proyecto El Aretón, acusado de destrucción y saqueo ambiental en Tlatlauquitepec, Puebla; la exploración de la Minera Autlán en el Área Natural Protegida Sierra del Tentzo, también en Puebla; y el proyecto Calcosita-Salaverna, señalado por despojar a la comunidad de Salaverna, en Zacatecas.
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Contralínea 427 / del 08 al 14 de Marzo 2015
