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La autorización otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, en el Río San Pedro Mezquital, de Nayarit, constituye una más de las transgresiones a las leyes del país y a los tratados internacionales, al pasar por alto las elementales garantías constitucionales y los derechos humanos de cuatro etnias a las que no se les tomó parecer a través de una amplia consulta, contradiciendo lo establecido en las recién aprobadas leyes secundarias de la reforma energética.

El pasado 20 de agosto la dependencia dio luz verde para que la CFE ponga en marcha lo que expertos ambientalistas califican como uno de los más grandes ecocidios que se cometerán en el planeta al destruir una amplia zona de marismas nacionales –humedales donde subsiste uno de los manglares más grandes del país– y del cual dependen para su supervivencia una amplia variedad de peces, flora y fauna silvestre, además de ser el hogar ancestral de 12 mil familias de las comunidades indígenas coras, huicholes, tepehuanos y mexicaneros, dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y turismo, así como a la preservación de su identidad cultural y de 14 milenarios sitios sagrados.

De forma paradójica, 2 días después, en la sede de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, durante la Primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, el presidente de México Enrique Peña Nieto aseguró que su gobierno “respalda a los pueblos originarios para que alcancen un verdadero desarrollo incluyente, que mejore su ingreso y calidad de vida, sin perder su identidad cultural ni comprometer el patrimonio natural del país”.

El problema es que tal planteamiento elevado en el más alto foro internacional llegó muy a destiempo y prácticamente fue ignorado por los funcionarios tanto de la CFE como de la propia Semarnat, pues los primeros señalaron falsamente haber realizado una consulta entre los pueblos afectados y los segundos, de forma inconcebible, aceptaron en su documento de autorización de la manifestación de impacto ambiental que las comunidades no dieron validez a la manipulada consulta, no obstante, aprobaron el proyecto.

Como lo han demostrado organismos internacionales, entre ellos la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Semarnat pasó por alto los acuerdos firmados por México y establecidos por la Convención Ramsar, donde se contempla la protección irrestricta de marismas nacionales, reserva de la biósfera y humedales de importancia prioritaria internacional bajo la Convención, ecosistemas que en Nayarit dependen para su subsistencia de la desembocadura de las aguas del Río San Pedro.

En este torneo oficial de contradicciones, la Secretaría a cargo de Juan José Guerra Abud desechó las recomendaciones técnicas de autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que advierte que las especies pesqueras de Nayarit y el Sur de Sinaloa disminuirán drásticamente de construirse Las Cruces, pues tienen estrecha relación con Marismas Nacionales, sitio que a su vez depende del agua dulce y los nutrientes del Río San Pedro. El ambiente salobre que posibilita la vida silvestre en uno de los lugares más bellos del planeta.

Las violaciones en el ámbito de los tratados internacionales son abrumadoras si se considera lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantizan la libre determinación de los grupos étnicos a decidir sobre su estilo y forma de vida. De manera arbitraria, la CFE no realizó consulta alguna pues únicamente fue a exponerles –más bien a imponerles– el proyecto valiéndose de asambleas comunales convocadas bajo engaños y hasta amenazas, al grado de que la propia Semarnat ha dado por bueno el cambio del uso de suelo y hasta la presunta desaparición de las comunidades de San Blasito y Saycotal, contempladas en el proyecto hidroeléctrico.

Los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad han invocado el supuesto visto bueno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nayarit para argumentar que la consulta sí se llevó a cabo, pero los representantes de las diversas comunidades indígenas han desechado tal versión, pues el presidente de ese organismo, Guillermo Huicot Rivas, fue reelecto en el cargo no por decisión de la sociedad civil nayarita sino por el gobernador de esa entidad, Roberto Sandoval Castañeda, que ha incluido como uno los planes estratégicos de su gobierno la construcción de la Hidroeléctrica Las Cruces, cuyo costo aproximado se calcula en 576 millones de dólares. Cifra que en nada subsanaría los daños causados al ecosistema, no sólo de esa entidad, sino del vecino estado de Sinaloa y a toda la región de la Sierra Madre Occidental, que depende de las aguas del Río San Pedro.

Pero es tal vez lo establecido en las propias leyes secundarias de la reforma energética lo que refleja el grado de ignorancia e insensatez de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes están atropellando sin miramiento alguno lo apenas aprobado en el Congreso de la Unión y contenido en la nueva Ley de la Industria Eléctrica, que en su Capítulo II, referente al impacto social y desarrollo sustentable, establece en su artículo 105:

 “Los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sustentabilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblo indígenas de las regiones en que se pretendan desarrollar.”

Y el artículo 106 abunda al respecto:

 “Con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen los proyectos de infraestructura en la industria eléctrica, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan. Asimismo, la Secretaría de Energía en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias y entidades competentes, realizará un estudio de impacto social respecto del área objeto de los proyectos de infraestructura en la industria eléctrica.

 “La Secretaría de Energía deberá informar a los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales vulnerables en las áreas en que se llevan a cabo las actividades al amparo de asignaciones y contratos, con el fin de que se implementen [sic] las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.”

Es fácil comprender que el sentido de toda lógica está patas arriba entre los actuales miembros del gabinete que, aunque parezca increíble, desconocen el contenido de las leyes secundarias, pues en estricto apego a derecho, la autorización de la presunta obra de la Hidroeléctrica Las Cruces todavía ni siquiera está en trámite ante las auténticas instancias correspondientes.

Martín Esparza Flores*/Quinta parte

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

 

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