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Periodistas y defensores de derechos humanos siguen siendo atacados en México. El Mecanismo instaurado en la Secretaría de Gobernación para su “protección” ha sido un fracaso, y en su relanzamiento siguen vigentes graves vicios. “Beneficiarios” acusan al programa de abandono, malos tratos y medidas que no amainan el riesgo. Hasta principios de 2014, 120 casos de periodistas y defensores de derechos humanos habían sido aceptados por la dependencia. Informadores y defensores comparten una doble tragedia: la de la amenaza y la eterna impunidad. Desde el inicio de la actual administración federal, al menos 11 periodistas han sido asesinados

 
 Para periodistas y defensores de derechos humanos estar dentro del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) no garantiza que puedan realizar su trabajo: ni el peligro se va, ni la tranquilidad para trabajar llega. La anterior, es la sensación de defensores de derechos humanos y periodistas acogidos por el programa, muchos de los cuales han recibido nuevas agresiones aun estando bajo “protección” del gobierno federal.
 
El tiempo pasa. Las amenazas siguen cayendo, los balazos también. Periodistas y defensores de derechos humanos en México siguen fuera de casa, lejos de su entorno y familia, pero amarrados a una sombra: la del peligro por ejercer su labor.
 
El actual gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto prometió proteger a informadores y defensores de los derechos humanos. Cumplidos los primeros 17 meses del sexenio, diversas organizaciones no gubernamentales subrayan que nueve de cada 10 agresiones provienen de las propias autoridades.
 
“La investigación y el castigo de homicidios de periodistas será una prioridad”, prometió el entonces candidato. “En una Presidencia democrática no cabe ni la violencia contra periodistas ni la censura”, agregó. Palabras similares pronunció respecto a los defensores de derechos humanos.
 
Para cumplir con su palabra –o firma, de acuerdo con la estrategia de campaña–, el político priísta ofreció fortalecer el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Como antes, como ahora, el tiempo transcurrió entre las agresiones y las amenazas cumplidas contra quienes debían ser protegidos por el Estado.
 
La impunidad siguió su curso campante: por lo menos 11 periodistas han sido asesinados desde el inicio del sexenio; el más reciente ocurrió el pasado 29 de julio, cuando Nolberto Herrera, reportero de Canal 9 de Zacatecas, fue apuñalado. El número de defensores de derechos humanos caídos es más difícil de determinar.
 
“El Mecanismo de Protección establecido en la Ley [para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas] generalmente no se había implementado [sic] de manera eficaz, y en algunos casos las medidas de protección han sido tardías, insuficientes o incompletas. El mecanismo depende de una dotación de personal muy reducida y sin suficiente capacitación, y padece demoras en el acceso a fondos, falta de coordinación con las instituciones de los estados, poca difusión entre quienes se encuentran en riesgo y falta de compromiso político de altos funcionarios gubernamentales”, calificó en su Informe 2014 la organización internacional Human Rights Watch.
 
En abril pasado, durante la visita del secretario general de Reporteros sin Fronteras, Chistophe Deloire –debido a las amenazas sufridas por una reportera de la asociación–, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, reconoció el fracaso del Mecanismo.
 
“Los plazos de intervención previstos por la ley nunca han sido respetados, los fondos concernientes no estaban disponibles y los potenciales beneficiarios terminaron sintiendo una profunda decepción”, aseguró Deloire en aquella ocasión.
 
La “profunda decepción” no quedó en un sentimiento amargo. Se tradujo en consecuencias tan palpables como allanamientos o disparos. El subalterno de Enrique Peña Nieto prometió corregir el camino y ordenó a la subsecretaria encargada de los derechos humanos de la Segob, Lía Limón, dar una muestra de trabajo.
 
Así las cosas, decenas de personas que habían perdido contacto con el Mecanismo que los protegía, de repente recibieron una comunicación de parte de Gobernación con la promesa de que ahora sí sería revisado su caso.
 

El viacrucis en Segob

 
Dentro y fuera del Salón Revolución en la Secretaría de Gobernación pilas de expedientes son cargadas de un lado a otro. Aunque revueltos, los presentes se pueden clasificar en dos grupos: por un lado los que sonríen, toman café o refresco y charlan a gusto; por el otro, los que caminan, se sientan, esperan, ven el reloj una y otra vez con la cara marcada por las ojeras y el fastidio de quien acude a realizar un trámite burocrático que no llevará a ningún lado.
 
Para demostrar su eficiencia, la Segob programó resolver en 2 días 40 casos de personas amenazadas, acosadas y agredidas que ya debían tener protección.
 
“Para que se conozca más o menos la dimensión del rezago, se hablaba de 80 casos rezagados en diciembre. Pero además de estos 80, teníamos que sumarle los que han entrado en estos 6 meses, que deben ser otros 50”, dice a Contralínea Alan Mayo Flota, defensor de defensores de derechos humanos acogidos por el Mecanismo oficial.
 
“Hay casos [en los] que [quienes] pidieron entrar al Mecanismo no han recibido la atención porque no se les ha hecho siquiera un análisis de riesgo y, por lo tanto, no se les ha dictado ningún tipo de medida y están totalmente en la indefensión.”
 
Durante los primeros 15 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, el gasto público fue contenido por un dique que afectó diversas ramas del ejercicio estatal. Entre ellas estuvo la protección de lo que el propio Ejecutivo calificó como “vital” para un gobierno democrático.
 
“Desde hace como 2 meses está funcionando el fideicomiso”, dice Mayo Flota. “Uno de los grandes problemas que ha tenido [el Mecanismo] ha sido el de la operación y la difusión de los recursos”. “El año pasado estuvieron casi casi parados”, añade Jorge Carrasco, reportero de la revista Proceso y beneficiario del programa de Gobernación.
 
Parados los recursos, paradas estuvieron las medidas de protección fuera cual fuera el nivel de riesgo de los supuestamente cobijados. El presupuesto para la operación del programa de 2014 es de 134 millones de pesos.
 
Números de teléfono públicos, medida de protección en Guerrero
 
“Hace un par de meses me hablaron por teléfono para decirme que hablaban del Mecanismo. Que cómo iba mi caso, me preguntaron. Entonces yo, muy molesta, después de más de un 1 año y pico de no tener noticias de ellos, les contesté: ‘¡Ustedes díganme, ustedes son los que lo llevan!’”, cuenta Beatriz Adriana Vázquez, periodista de Guerrero que tuvo que abandonar el estado desde hace más de 3 años por amenazas de muerte por parte del equipo de Fernando Alvarado Arroyo, entonces diputado federal priísta. “Pinche vieja. Ya te vas a morir”, era la advertencia.
 
La reportera acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado. No recibió protección pero sí un consejo en persona del entonces procurador Alberto López Rosas: irse del estado. “El día que escuché que iban a ir por mí los tiradores, por mis medios salí de la ciudad [Acapulco]”.
 
Los meses, los años, transcurrieron. Ingresó al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría Gobernación, en 2013. Nada cambió. Ahora que recibió un citatorio para “regularizar” su caso, las autoridades estimaron que el riesgo al que está expuesta es sólo “medio”, a pesar de que el diputado federal se convirtió en delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor y de que las amenazas quedaron impunes. Ahora, si desea visitar Acapulco, mas no regresar a radicar al puerto, la periodista tendrá la ventaja de contar con un número de emergencia de la policía… Por si las intenciones en su contra no se las ha llevado el tiempo.
 

Agresores, funcionarios y delincuencia organizada

 
Las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas van desde bravuconerías por Twitter hasta la desaparición y el asesinato. “Balazos; amenazas de muerte directas o por mensajero; detenciones arbitrarias; criminalización –los funcionarios generan expedientes, averiguaciones previas en contra de quienes los denuncian, explica–; mensajes de texto a los teléfonos celulares diciendo que van a cometer una agresión sexual; llamadas; acoso; agentes que se hacen pasar por personas comunes para investigar detalles sobre la persona; hackeos; intervención telefónica; allanamientos”, son algunas muestras, enlista el defensor de derechos humanos Alan Mayo Flota.
 
“Recuerdo el caso de defensores en el que les mandan mensajes de texto que dicen que son [de parte] del jefe de plaza de la delincuencia organizada, cuando ellos creen que son del secretario de gobierno del estado. [Los funcionarios] mandan ese tipo de mensajes para que queden registrados por si después llegan a cometer alguna agresión. Para que la línea de investigación vaya hacia la delincuencia organizada y no hacia un funcionario público.
 
“Muchas veces las amenazas vienen de la delincuencia organizada, pero que está coludida con autoridades. Entonces podemos decir que los agresores son ambos”, añade.
 

“Porcentaje” de riesgo

 
Dentro del Salón Revolución en la Secretaría de Gobernación, los “beneficiarios” –como les llaman– despliegan el historial de agresiones que han padecido. ¿Cómo fue, dónde, cuándo, cuántas veces?, inquieren, personas que acaban de conocer.
 
Los periodistas y defensores están sentados a una mesa rectangular. Son escrutados por las miradas de los evaluadores de riesgos que preguntan y teclean sin parar.
 
Los “beneficiarios” reviven los sonidos, las sentencias de muerte, los dolores, la impunidad. El fin es convertir todas las angustias, huidas, cambios de rutas y hábitos, los golpes y perforaciones de bala en un número, en un porcentaje de riesgo.
 
En algunos casos, como el de Jorge Arzave, militar retirado a la fuerza, el propio afectado debe defender, convencer ante los evaluadores de riesgo su condición de defensor de derechos humanos. “Me hacen sentir que soy un criminal por denunciar a las autoridades”, dice a Contralínea.
 
La vida de Jorge Arzave corre peligro desde que denunció las irregularidades cometidas por constructoras propiedad de los hijos de Marta Sahagún, esposa de Vicente Fox, y de la familia Funtanet Mange, desde siempre ligada al priísmo del Estado de México.
 
En la evaluación de riesgo “se quitaron muchos hechos donde intervinieron autoridades municipales, estatales, del Infonavit [Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores], el Ministerio Público, las comisiones de derechos humanos. ¡Los hechos más importantes desaparecieron!”, acusa. Incluso la evaluadora en turno, Aurora Martínez, le reviró que en su comunidad, donde se montaron endebles viviendas, tan cercanas a los basureros a cielo abierto que el olor da la sensación de que corroe las paredes, no se violaban los derechos humanos. Entonces no tenía nada que hacer en el Mecanismo, argumentaba.
 
Jorge Arzave se indignó, repitió las amenazas recibidas. Finalmente no se le excluyó del programa, sólo se le adjudicó un riesgo “bajo u ordinario” y se le asignaron las medidas de protección para el caso entre las que están rondines por parte de la policía del mismo Estado de México y del municipio a los que ha denunciado.
 
“¿Cómo las autoridades que me amenazan son las que me cuidarán?”, se pregunta. Sólo 1 día después de recibir la visita por parte de la Segob una nueva amenaza cayó, y sólo 2 días después de que la Junta de Gobierno encabezada por Lía Limón aprobara las medidas para su protección, un carro con los vidrios polarizados estuvo parado afuera de su casa por 2 horas en la madrugada. Ocho ráfagas escuchó.
 

“Evaluación”, sin perspectiva de género

 
Afuera de la Secretaría de Gobernación llueve y relampaguea. Muchos han venido desde lejos, desde varios estados de la República. Han venido a la Ciudad de México con el temor de no regresar. En la antesala algunos comparten historias. El escepticismo es palpable.
 
“Nos estaban ofreciendo un plan de seguridad, cosa que me parece que sólo abona a seguir protegiendo la impunidad y a seguir encubriendo a este individuo que tiene por lo menos 10 años operando de la misma manera: utilizando a mujeres y jóvenes en extrema situación de necesidad, y todos los individuos que lo rodean han servido para que opere impunemente.”
 
Habla Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, y se refiere a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal.
 
“A partir de que salimos a medios [de comunicación] e indicamos que era necesario tomar acciones contra el líder del PRI en el Distrito Federal empezó todo”, relata en entrevista.
 
Cuenta que la organización no sólo es objeto de espionaje. Mensajes intimidatorios, como una bala en el techo de su oficina, y con connotaciones sexuales han llegado sin que ninguna autoridad haya hecho algo: “El último lo recibí antier –1 día después de la sesión en Gobernación– y dice que si quiero que ’me mojen mis calzones con semen’. Eso puede implicar una amenaza de violación”.
 
“Me calificaron con un riesgo muy bajo y ni siquiera tomaron este tipo de amenazas, ni el hostigamiento. Ni siquiera es una evaluación donde se haya incluido la perspectiva de género. Además, nos dijeron que no está identificado el agente agresor, cosa que obviamente no es cierto por el tema que tratamos”, se queja. “Resulta que la consejera que estaba ahí sentada les dijo [al resto de los presentes] que ellos no son ministerio público y que por consiguiente yo tenía la obligación de acreditar ante ellos al agresor. No sé qué les pasa.
 
“A mí lo que más me preocupa es cómo hay ciertos casos en los cuales campea la impunidad, inclusive en el supuesto Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Siento que es más de lo mismo.”
 

Vulnerables, defensores de migrantes

 
Existe la creencia general de que los periodistas y defensores de derechos humanos son atacados por miembros de la delincuencia organizada. “Pues no. La mayor parte de las agresiones viene por parte de la autoridad”, dice Alan Mayo Flota, activista de la organización Propuesta Cívica, que acompaña a 16 personas a la “regularización de sus casos”.
 
“Tenemos un caso de un defensor en Tapachula, Chiapas, en el que él denuncia trata de personas, de personas migrantes, en la que participan elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, y en el municipio hay colusión con la delincuencia. Su hija tuvo que huir de país porque tuvo un intento de homicidio.”
 
También por defender los derechos de los migrantes que pasan por el Estado de México, Jorge Andrade, Andrea González y todos los miembros de la organización Ustedes Somos Nosotros han sido acosados, desvalijados, baleados.
 
Sus instalaciones han sido allanadas, saqueadas: “Roban toda la información que teníamos. Roban computadoras, roban chips de cámara, roban todo lo que tenía que ver con información. Nos enteramos posteriormente de que la persona que nos había robado es alguien que opera en diferentes lados de la ruta, de los que amenazaron al padre [Alejandro] Solalinde”, dice a Contralínea.
 
“Incluso en una de las ocasiones en las que estábamos haciendo una extensión de las declaraciones por el robo, nos avisan federales que quieren entrar al albergue; entran, identificándose como federales”, cuenta. “Resulta que las personas que se habían identificado como federales pues no iban con uniforme, iban en camionetas civiles y armados. Nos iban a levantar”.
 
Han recibido amenazas de muerte directas: “Tu cabeza ya tiene precio”, “cuídate porque a nosotros nos protege la Santa Muerte”, han escuchado de boca de quienes aseguran ser parte de la Mara Salvatrucha.
 
El 5 de abril dos personas acabaron heridas de bala. “Pedimos apoyo al Mecanismo, el apoyo federal. La primera ocasión llegó 5 horas después, en la siguiente llegó 6 horas después de haber pedido el auxilio… Y siendo parte del Mecanismo”.
 
“Somos un grupo de académicos que hemos trabajado el fenómeno de la migración desde hace más de 10 años. Trabajamos en equipo”. No obstante, el Mecanismo decidió no proteger al colectivo entero, sólo a dos de sus miembros y bajo el esquema de que corren un riesgo “bajo u ordinario”.
 

Informar, peligro de muerte

 
“Es muy bonito poderte echar un clavado en la información difícil, peligrosa, que va a desenmascarar gente, que va a destapar asuntos de corrupción”, dice con un dejo de tristeza Paulina Rodríguez Zermeño, reportera de San Luis Potosí. “Yo tuve que detenerme en mi trabajo. No vi una salida más que tener que detenerlo por cuestión de seguridad”.
 
El derecho a informar y ser informado es uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos textos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos.
 
En México, los periodistas aún son obligados a interrumpir su labor en nombre de su propia vida y la de su familia.
 
La vida de Paulina Zermeño se trastocó por investigar los negocios de Miguel Ángel Wong Soto, personaje conocido en la entidad por dos cosas: su cercanía con el gobierno estatal y haber salido campante de la cárcel a pesar de ser señalado por diversos delitos que van desde extorsión hasta la trata de personas. “Abrir la cloaca de la corrupción y sacar [información] me metió en problemas”.
 
Las amenazas llegaron aún antes de ser publicado el trabajo. “Miembros de su organización [de la que obtiene poder y riqueza Wong Soto] dicen que el gobierno lo protege porque puede estar orquestando una campaña a quien ahorita todavía es secretario general de gobierno [Cándido Ochoa Rojas]”, exclama la periodista.
 
Apenas ingresó al Mecanismo, le entregaron “números de emergencia” que cualquier persona puede encontrar en internet. “El primero fue de la PGJ [Procuraduría General de Justicia] del estado”.
 
“Terminé sin poder dormir. Preocupada de que le pudieran hacer algo a mis familiares. Pensar que por denunciar una cosa [esté en riesgo]… Además es un asunto que ni es tomado por la autoridad. Con hechos, pruebas, se demostró quién es [Miguel Ángel Wong] y es fecha en que este individuo está caminando como si nada en la calle. Te lastima, porque te demuestra que no puedes tener libertad de expresión, libertad de denuncia.”
 
En el caso de la reportera del Canal 7 de San Luis, la fuente de las amenazas estuvo siempre plenamente identificada. La impunidad presente en las demás historias se repite en ésta. La impunidad está presente sea cual sea el estado de la República. La organización internacional de defensa de la libertad de expresión Artículo 19 acuñó en un hashtag la gravedad del riesgo: #ImpunidadMata.
 

Mecanismo, garantía de impunidad

 
Uno a uno, los “beneficiarios” se alejan del Salón Revolución. Con lluvia y sin ella la tarde ha sido gris. Las ojeras y los gestos de resignación son la firma de su paso por la Segob.
 
Dentro, los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con Lía Limón a la cabeza, levantan mecánicamente la mano una y otra vez aprobando las medidas. Platican entre ellos mientras los evaluadores de riesgo exponen los casos… La mayoría son considerados, calificados, encerrados en un número porcentual, como de “riesgo bajo u ordinario”.
 
Contralínea conversó con varios de los “protegidos” días después de la sesión. Ninguno había recibido notificación alguna. Ninguno sabía si las medidas de las cuales se habló en la mesa de escrutinio a la que los sometieron habían sido aprobadas o no. Algunos, incluso, ya habían recibido nuevas amenazas y agresiones. Todo a pesar de que su situación ya había sido “regularizada” por la Secretaría de Gobernación.
 
Pese a la urgencia de las medidas, desde su creación el 24 de abril de 2012 y hasta el 2 de agosto de 2013, el Mecanismo no había realizado compras ni contrataciones. El único gasto corresponde a la partida 11301 del concepto “Pago de sueldos al personal”, por un monto de 3 millones 350 mil 149 pesos. Lo anterior, según la respuesta de la Segob a la solicitud de información 0000400139613 realizada por un ciudadano por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
 
Una solicitud posterior, con folio 0000400008414, motivó un oficio de la Segob (UDDH/911/432/2014) fechado el 7 de febrero de este año. En el documento se da cuenta de que, hasta finales de 2013, el Mecanismo había recibido 131 solicitudes de protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Agrega que el Mecanismo beneficia a 213 casos: 97 de mujeres, 113 de hombres y 3 de organizaciones, de 25 de las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana. Del total, 73 casos corresponden a defensores de derechos humanos y 58 a periodistas.
 
La mayoría de las solicitudes provinieron del Distrito Federal (31), el Estado de México (11), Veracruz (10), Chihuahua (9), Oaxaca (9) y Chiapas (8).
 
 
 
Secuelas físicas y sicológicas
 
Son las dos de la mañana con 32 minutos. Un tenso sobresalto lo arranca del sueño en el que estaba. Sudor frío, camiseta empapada. Sólo la necesidad de asomarse por la ventana lo obliga a vencer el miedo de salir de su recámara. Por el rabillo de la cortina ve un auto estacionado, por la oscuridad no se nota de qué color. Salta el corazón, el aliento se corta… Por la mañana habrá de ver que nada nuevo pasó, que el auto es el del vecino, que como cada noche estaba en el mismo lugar.
 
De vez en cuando el sicótico despertar se da, impidiendo conciliar el sueño el resto de la noche. En otras ocasiones la imaginación no es el detonante, lo son los disparos afuera de su casa o los flashazos desde vehículos desconocidos; los chirridos de llantas o los gritos de “¡ya te chingaste!”
 
El periodista o el defensor de derechos humanos que han sido agredidos o amenazados viven con un fantasma que en cualquier momento se puede convertir en realidad. En el mejor de los casos la ilusión así se queda, pero el desasosiego, ese que hace voltear a los lados, no salir a la calle como antes y que provoca gastritis aumenta con los días.
 
“Es un tema que no tiene mucha atención, pero la mayoría está muy afectada sicológicamente”, dice Alan Mayo Flota, activista que acompaña a diversos defensores de derechos humanos amenazados a su cita con la Secretaría de Gobernación.
 
Explica que el estrés postraumático es la consecuencia inmediata y generalizada tras las agresiones o amenazas.
 
Al no ser tratadas de forma adecuada las secuelas sicológicas, nuevos padecimientos físicos aparecen. Entonces, quienes huyen de sus estados no sólo están lejos de su hogar, lo están con hipertensión, diabetes y los males de siempre, pero agravados. Para algunos la depresión acaba en alcoholismo.
 
“Todo esto me dejó secuelas físicas: hoy tengo una enfermedad autoinmune por los grados de estrés a los que estoy sometida desde hace tiempo, desde que empezaron las amenazas”, cuenta Beatriz Adriana Vázquez, quien dejó su casa, su ciudad, su estado. “Te cambia la vida completamente. Iba a casarme ya. Tenía muchos planes que quedaron todos truncos”.
 
“La vida familiar también se truena porque al final si sigues con tu labor… La familia te dice que no sigas porque pones en riesgo tu vida y la de todos. Es la disyuntiva: seguir con tu labor, con tu misión, o dejarla para poder vivir. Pues a veces las agresiones son contra la familia”, añade Mayo Flota.
 
 Mauricio Romero
 
 
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Contralínea 397 / 3 – 9 agosto de 2014
 

 

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