Pertenecen a distintas agencias estadunidenses de seguridad e inteligencia, aunque su número y ubicación permanecen en secreto. A pesar de que su misión se centra en capacitar y asesorar a los agentes mexicanos para prevenir el tráfico de armas y de sustancias ilícitas, ambos delitos han aumentado en México en los últimos dos años. La academia y el gobierno estadunidense proponen aumentar su número y margen de acción en territorio mexicano
Los agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, como se le conoce en Estados Unidos), que jerárquicamente pertenecen al Departamento de Justicia estadunidense, operan en México desde hace años para “ayudar” a las autoridades de este país a contener el tráfico de armas. Hasta ahora, 16 elementos de esa agencia están desplegados en varios estados y próximamente se sumarán 26 más, advierten Colby Goodman y Michel Marizco en su investigación Tráfico de armas estadunidenses hacia México: nuevos datos y elementos que dan luz sobre las tendencias clave y nuevos retos.
Ahí se muestra que, actualmente, hay dos agentes de la ATF en Ciudad Juárez, Chihuahua; 10 en la ciudad de México; dos en Monterrey, Nuevo León; y dos en Tijuana, Baja California. En el futuro, se planea desplegar a dos agentes en cada una de estas ciudades: Guadalajara, Hermosillo, Matamoros, Mérida, Nogales y Nuevo Laredo. Sólo en la ciudad de México, operarían 14 elementos, con lo que el total planeado suma 26 elementos.
Los hombres de la ATF tienen la misión de rastrear el origen de las armas que utilizan las organizaciones delictivas en México. Particularmente las que causaron la muerte de más de 28 mil personas entre 2007 y agosto de 2010. De acuerdo con datos oficiales mexicanos consultados por Goodman y Marizco, en ese mismo periodo fueron asesinados por bandas criminales 915 policías municipales, 698 policías estatales y 463 agentes federales.
La mayoría de esos crímenes se cometió con fusiles semiautomáticos tipo AK-47 y clones de ametralladoras AR-15, que cruzaron la frontera con Estados Unidos de forma ilegal. Ambos investigadores estadunidenses siguieron el rastro de las armas producidas y comercializadas en ferias y armerías estadunidenses que adquieren los traficantes de armas para introducirlas en México de forma clandestina.
Bajo la cooperación que mantiene con México, el gobierno estadunidense entregó recientemente a las autoridades mexicanas cuatro Sistemas de Identificación Balística Integrada (IBIS, por sus siglas en inglés) para utilizarlos en sus laboratorios. Se prevé que México recibirá dos más. Los IBIS son un “sistema de cómputo que hace fotografías digitales de balas disparadas y cartuchos”. Esas imágenes se almacenan en una base de datos y se comparan electrónicamente con otras.
El personal de las agencias puede usar esa información para determinar si un arma de fuego específica ha sido usada en un crimen. La ATF también considera la posibilidad de proporcionar acceso a las autoridades mexicanas a la Red Nacional de Información Balística Integrada, que le permitiría ver esa información a las jurisdicciones de ambos países.
Con ese recurso, se podría, por ejemplo, constatar si la misma arma fue usada en México y Estados Unidos. La Protección Fronteriza y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés) también entrenó, en abril de 2010, a 14 agentes aduanales mexicanos en el uso de perros para detectar drogas, armas, municiones y dinero.
Goodman y Marizco obtuvieron información sobre la forma en que el gobierno estadunidense capacita y equipa al gobierno mexicano en relación con el tráfico de armas en la hoja informativa del Departamento de Estado Combatiendo el tráfico de armas, que divulga la embajada estadunidense en México.
El trabajo de estos dos investigadores integra el informe conjunto Responsabilidad compartida: EU-México opciones políticas para confrontar al crimen organizado, redactado por el Centro Woodrow Wilson y el Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego. Los editores Eric I Olson, David A Shirk y Andrew Selee hicieron público este informe en octubre pasado.
Las otras agencias
Elementos de otras agencias estadunidenses también operan en territorio nacional, aunque los gobiernos mexicano y estadunidense no transparentan a qué instituciones pertenecen, su número, la misión que realizan ni la zona en que trabajan. Una fuente con información reciente es la hoja informativa de la Embajada de Estados Unidos en México: Fronteras y aplicación de la ley bajo el Proyecto Gunrunner (traficante de arma, en inglés).
Ahí se detalla que “agentes especiales” se han desplegado en Monterrey para apoyar el trabajo de los ya agregados en la oficina de la ATF en México. Su trabajo consiste en asistir a las autoridades mexicanas en su lucha contra la violencia relacionada con armas de fuego. El documento agrega que “se planea destacar a tres especialistas en inteligencia de la ATF adicionales y a un analista investigador del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés)”.
Esos elementos apoyarían a sus colegas del Proyecto Gunrunner, además de un especialista investigador en inteligencia en cada una de las cuatro divisiones de campo en la frontera Suroriental (Phoenix, Dallas, Houston y Los Angeles).
La hoja informativa explica que el rastreo en inteligencia de armas de fuego “es crítica” porque permite a la ATF y a sus socios identificar los corredores de tráfico, patrones y esquemas de operación que siguen los traficantes, así como a sus cómplices de ese delito. Ese rastreo puede, incluso, identificar a los compradores minoristas y a las redes de traficantes, con lo que sería posible desmantelar la infraestructura que surte de armas de fuego a las bandas delictivas de México.
El gobierno federal aumentó su colaboración con Estados Unidos “para hacer frente al tráfico de armas”. Esto condujo a que el Departamento de Seguridad de la Patria, a través de la oficina de Aplicación de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzara en 2008 la Operación Armas Cruzadas.
Ésa fue una medida “de aplicación bilateral de la ley para compartir inteligencia entre las agencias de Estados Unidos y México”, destinada, en último caso, a combatir a las redes de contrabando de armas.
La ICE encabeza cinco equipos de fuerza de trabajo en Seguridad Fronteriza para Aplicación de la Ley (BEST, por sus siglas en inglés). Todos ellos se localizan en la frontera Sureste estadunidense y mantiene a un equipo en la ciudad de México, citan Goodman y Marizco en su estudio.
Ahí se describe que los equipos de BEST incluyen a oficiales de CBP, la ATF, la Oficina Federal de Investigación, la administración antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos. De igual manera, trabajan en conjunto con la Policía Federal mexicana (a través de la Secretaría de Seguridad Pública) para coordinar sus enfoques sobre el tráfico de armas y otros asuntos sobre seguridad fronteriza.
La investigación Tráfico de armas estadunidenses hacia México: nuevos datos y elementos que dan luz sobre las tendencias clave y nuevos retos señala que la embajada de Estados Unidos en México también comparte “datos e información” sobre investigaciones preliminares, investigaciones de compradores, acusaciones y otros procedimientos judiciales con autoridades estadunidenses.
Ahí se afirma que en la hoja informativa Iniciativa Mérida at a glance, esa representación manifiesta que el personal de la Procuraduría General de la República (PGR) “ahora trabaja con la ATF directamente en Phoenix, Arizona, y enviaron a un especialista para trabajar en el EPIC”. Añade que ambos gobiernos planean fortalecer la cooperación judicial, compartir inteligencia y detección de armas en movimientos entre su frontera.
Goodman y Marizco recuerdan que, durante el año fiscal 2009, el Congreso estadunidense aumentó en 29 millones de dólares los recursos para el Proyecto Gunrunner, que comenzó en 2005. Como resultado de ese Proyecto, a fines del año fiscal 2009, la ATF había referido 497 casos al Departamento de Justicia para su posible juicio por violaciones al tráfico de armas hacia México.
Colby Goodman, miembro del Grupo de Trabajo sobre Ejército, Seguridad y Policía de Amnistía Internacional en Estados Unidos, y Michel Marizco, periodista especializado en crimen organizado en la frontera que comparten México y Estados Unidos, abundan en las relaciones México-Estados Unidos. Revelan en su estudio que, a finales de octubre de 2009, los militares mexicanos “sometieron una extensa lista de armas de fuego a la ATF que habían sido incautadas en los dos años anteriores”.
El objetivo de esa consulta era la de rastrear el origen de las armas para identificar a los traficantes. Esta solicitud representó el mayor número de solicitudes de rastreo que se presentaron al gobierno estadunidense “y mostró un deseo de las autoridades mexicanas de someter más solicitudes de rastreo a la ATF”, señalan los autores.
De acuerdo con la ATF, el rastreo de armas es una de las herramientas más importantes de que dispone el gobierno estadunidense para suspender el tráfico de armamento hacia México.
Contra el tráfico
Durante una inspección de rutina en una tienda de armas en Houston, Texas, en enero de 2007, un agente de la ATF observó una tendencia sospechosa: numerosos individuos habían comprado gran cantidad de armas de fuego estilo militar en un periodo de tiempo relativamente corto.
Más tarde, y luego de cruzar información con las autoridades mexicanas y de consultar expedientes judiciales, la ATF concluyó que 23 personas adquirieron 339 armas de fuego, la mayoría rifles de asalto semiautomáticos AR-15, rifles y pistolas FN Herstal 5.7 milímetros y pistolas Beretta. Ese arsenal tenía un valor de 466 mil 450 dólares y fue comprado en un periodo de 15 meses en una tienda de armas del Condado de Carter, Texas.
Del otro lado de la frontera, las autoridades mexicanas también recuperaron 88 de esas armas y cuatro más se localizaron en Guatemala. Una o más de las localizadas en México estaban en escenas del crimen donde fueron asesinados policías, se ejecutó a agentes judiciales, militares resultaron heridos o empresarios habían sido secuestrados o asesinados.
Se constató que 18 oficiales mexicanos y civiles murieron por armas compradas en esa tienda. También se evidenció que algunas de esas armas de procedencia estadunidense se asociaban con casos de narcóticos.
Ese seguimiento permitió formular los cargos judiciales H-08695M, del 2 de octubre de 2008, del gobierno de Estados Unidos contra Juan Pablo Gutiérrez en la Corte del Distrito Sur de Texas. En ese juicio, declaró el 4 de marzo de 2010 Kenneth E Melson, director suplente de la ATF ante el Comité sobre Apropiaciones de la Casa de Representantes. El juicio que derivó en el hallazgo del agente de la ATF fue la denuncia contra John Phillip Hernández (caso H-08-317M).
De acuerdo con Goodman y Marizco, es posible asociar las armas de origen estadunidense que se traficaron hacia México con la comisión de delitos graves. Las armas de fuego recuperadas por las autoridades mexicanas en 2009 estuvieron involucradas en siete delitos. Éstos son posesión ilegal de arma (12 mil 264), tráfico de arma (4 mil 428), portación de arma prohibida (339), arma relacionada con drogas peligrosas (311), disparo de arma (298), arma usada en un homicidio (99), arma usada en secuestro (82).
Las rutas por las que se trafican las armas estadunidenses hacia México poco han cambiado, según autoridades de aquel país. En septiembre de 2009, el inspector general del Departamento de Justicia estadunidense mostró el más reciente mapa oficial de rutas de tráfico en una nota provisional del Proyecto Gunrunner.
Esa cartografía mostraba los tres corredores del tráfico de armas considerados como principales: El primero, el Corredor Houston, que va desde Houston a San Antonio y Laredo, Texas, y pasa por la frontera dentro de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El segundo, el Corredor El Paso, que va de El Paso, Texas, y cruza la frontera hasta Ciudad Juárez; y el tercero, el Corredor Tucson, que va de Tucson, Arizona, a lo largo de la frontera hasta Nogales.
Sin embargo, a los agentes de la ATF les preocupa cada vez más un corredor adicional que podría ir desde La Florida hasta Guatemala y luego a México. Los agentes dicen que una vez que esas armas llegan a Guatemala, la mayoría seguirá las mayores rutas de transporte hacia México.
Los investigadores señalan que el método más común de transporte de armas a lo largo de la frontera binacional es en automóvil, por las autopistas estadunidenses.
Crítica de la GAO
La Oficina General de Contabilidad (GAO, por sus siglas en inglés), del gobierno estadunidense, mantiene una rigurosa vigilancia de los resultados de los operativos contra el tráfico de armas. Su informe Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir el tráfico de armas a México enfrenta retos de planeación y coordinación, de 2009, reveló que hasta 87 por ciento de las armas aseguradas en México procedía de Estados Unidos.
El informe fue solicitado por el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes y fue entregado en junio de 2009. En sus resultados, revela que la falta en la revisión obligatoria de los antecedentes penales de quienes compran armas con fines de uso privado es un reto para la prevención del tráfico.
También, sostiene que la ATF y la ICE presentan “inconsistencias” en su coordinación ante la falta de definición de sus responsabilidades en el tráfico de armas. A lo largo de todo el año fiscal 2009, la ATF sólo revocó la licencia de 11 tiendas de armas en la región de la frontera Sureste. Además, enfatiza el órgano evaluador federal, “laboran y colaboran bajo los estatutos de acuerdos intragenciales que resultan obsoletos”.
Según el informe de la GAO, no cumplen a cabalidad con su trabajo tanto la ATF, la ICE, como la CBP. A esas tres agencias les corresponde atender el problema del tráfico, venta y transporte ilegal de armas en Estados Unidos.
A pesar de esa cooperación tan estrecha, en mayo de 2010 el presidente Felipe Calderón anunció que de las 75 mil armas de fuego que México interceptó en los últimos tres años, el 80 por ciento –60 mil armas– venía de Estados Unidos. Esta referencia se encuentra en la página 15 del informe de la GAO.
La página 65 del informe de la GAO señala que ocho entidades mexicanas son los principales destinos de las armas estadunidenses que cruzan ilegalmente la frontera: Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y la ciudad de México.
Además, ese análisis destaca que, a pesar de que las autoridades federales mexicanas emprenden medidas anticorrupción –incluyendo pruebas de polígrafo y sicológicas, verificación de antecedentes penales y aumentos salariales–, los funcionarios reconocen que ese cambio puede tomar años.
El diagnóstico de la GAO pone de relieve que el objetivo de llevar ante la justicia a los traficantes de armas hacia México no se cumple totalmente. En respuesta a ese señalamiento, la ATF manifestó, en su informe de marzo de 2010, que entre los años fiscales 2005 y 2009 esa Oficina “recomendó 984 casos para iniciarles acusaciones judiciales que involucraron a 2 mil 34 acusados”. Todos ellos, derivaron del Proyecto Gunrunner.
En el marco de la Operación Armas Cruzadas (a cargo de la ICE), entre 2008 y octubre de 2009, fueron detenidas 257 personas, de las que 147 fueron acusadas y 96 recibieron condenas. Hasta mayo de 2010, el número de individuos arrestados desde que comenzó esa operación rondaba en 749, según declaró Janice Ayala ante el Senado estadunidense sobre el control internacional en narcóticos.
El ciclo del tráfico
De acuerdo con agentes de la ICE y la ATF, los grupos e individuos que buscan traficar armas estadunidenses hacia México utilizan diferentes esquemas para adquirir y transportar ese armamento. En la mayoría de los casos, recurren a algunos compradores al menudeo, y uno o más, a corredores o intermediarios. Esos compradores minoristas son los que adquieren las armas en Estados Unidos, pues los corredores de armamento están formalmente prohibidos.
Algunas veces, el corredor con base en Estados Unidos recibe órdenes de una persona en México para que contrate a tres o más compradores minoristas: por lo general se trata de mujeres jóvenes que adquieren cada una algunas armas en diferentes locaciones. En un esquema más complejo que busca ocultar mejor la identidad de los traficantes y evitar un proceso judicial, un corredor contrata a varios corredores adicionales que, a su vez, convienen con los compradores minoristas.
No es sorprendente que algunos traficantes de armas a México se involucran en otras actividades ilegales, señala la investigación de Goodman. Según testimonios que recabó de oficiales de la ATF, ICE y DEA, desplegados en la frontera, individuos involucrados en la distribución ilegal de narcóticos en Estados Unidos también se vinculan al tráfico de armas hacia México.
Estadísticas de la ATF sobre cargos judiciales contra individuos por tráfico de armas revelan que, entre los años fiscales 2005-2009, 159 casos del total de 497 estaban relacionados con bandas de traficantes. También, las autoridades estadunidenses manifestaron a los autores del estudio que, en muchos casos, los corredores de armas también trafican con drogas ilegales en Estados Unidos.
De acuerdo con la información de las agencias estadunidenses, la mayoría de las compradoras minoristas de armas es novia de los traficantes de drogas. Los expedientes estadunidenses muestran que los compradores minoristas llegan a ganar entre 100 y 500 dólares por cada arma, según el modelo y el esquema particular de tráfico al que recurran.
Goodman y Marizco citan en su trabajo el caso de un antiguo traficante de drogas estadunidense que, ya como informante, explicó que un rifle AK-47 puede venderse por tres o cuatro veces su valor de compra en México. Si esa misma arma se vende más lejos, en Oaxaca, el arma costará entre 2 mil y 4 mil dólares por encima del precio de compra.
Según admitió Abram Sprenger, ciudadano estadunidense de Oklahoma que fue detenido por la CBP en marzo de 2009 en la frontera con México, él recibió 4 mil 500 dólares por transportar docenas de armas de fuego y municiones desde Estados Unidos hasta Oaxaca.
Datos recientes sobre armas de fuego estadunidenses recuperadas en México entre 2007 y 2009 confirman el informe de la GAO: Texas, California y Arizona, respectivamente, son las tres entidades estadunidenses donde se compran las armas que son traficadas a México.
Adicionalmente, los agentes de la ATF advierten que los traficantes continúan comprando armas en las ferias de armamento y otras fuentes secundarias que tienen menos requisitos sobre la identidad e historia judicial del comprador, en contraste con lo que exigen las armerías establecidas. Los autores del estudio citan que, en Arizona, cada vez es más frecuente que los traficantes adquieran sus armas en casas de empeño, ya que cada vez más se vigila la actividad de las ferias de armas en ese estado.
Agentes de la ATF revelaron a Goodman que el mejor momento para atrapar a los contrabandistas de armas es justo después de una exposición de armas en Arizona o Texas. Cita que “una fuente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional” le manifestó que, ahora, la mayoría de armas cruza por los puertos de entrada de Arizona, como Lukeville y Sasabe.
Estos puertos tienen poco tráfico comparados con los del cercano Nogales o Tijuana y, “más importante, no hay infraestructura de puntos de revisión más allá de las aduanas mexicanas en el puerto de entrada”.
En febrero de 2009, Arturo Escobar y Vega, senador del Partido Verde Ecologista de México propuso un punto de acuerdo para promover un convenio internacional entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, para controlar el cruce ilegal de armas en la frontera. En entrevista, el legislador afirmó que “la embajada americana me dejó muy claro que para ellos es un derecho constitucional inamovible la posesión de armas”.
Añade que “lo único que nos queda es fortalecer nuestras aduanas y nuestros mecanismos tecnológicos y los controles de confianza con esos agentes aduanales. A partir de ahí, construir las políticas públicas para que de este lado se pueda mejorar la forma de impedir ese tráfico”.
A la pregunta de si el Senado cuenta con informes pormenorizados de la actuación de esos agentes extranjeros, el senador responde que se trata de un trabajo de “colaboración con la embajada americana y de asesoría a las autoridades mexicanas” cuando la solicitan. Añade que “ojalá” pudieran tener una actuación más activa, en virtud de que esos agentes son expertos en explosivos y rastreo de armas y temas de terrorismo, con lo que ayudan a generar un tipo de diagnóstico sobre lo que ocurre en México.
Lamentablemente, agrega, como no tienen facultades de investigación, no pueden actuar de modo más profundo. Sostiene que está “absolutamente a favor” de esa posibilidad y que esta guerra contra la delincuencia organizada afecta a ambos países por igual y, de mutuo acuerdo, hay que llegar al fin de ese tráfico de armas. En estas condiciones, trabajan actualmente en México los agentes estadunidenses que pretenden poner fin al tráfico de armas.
Admite que “las cifras no mejoran en ese tema”, pero sostiene que debería existir una participación más abierta de esos agentes en las investigaciones, como en el caso de las bombas que explotaron hace un par de meses en Tamaulipas. Expresa Escobar y Vega: “Me comentaron los agentes de la ATF que si ellos hubieran podido participar en la investigación, posiblemente habrían podido detectar hasta a la persona que construyó esa bomba”.
Con ese razonamiento, el legislador se pronuncia por más transparencia sobre el trabajo de estos agentes; “pero también habría que abrirles más espacio para que colaboren más con las autoridades mexicanas”, concluye.
El retraso de eTrace
Para asistir a las autoridades mexicanas en el rastreo de armas de fuego e investigaciones relacionadas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, como se le conoce en Estados Unidos) y la Oficina de Aplicación de Inmigración y Aduanas (ICE) planean integrar más agentes a los consulados de Estados Unidos en México. Todos ellos proveen de capacitación y apoyo sobre rastreo electrónico de armas de fuego a los funcionarios mexicanos de las instituciones de seguridad. A fines de 2009, la ATF comenzó una versión bilingüe de eTrace, el programa de rastreo de las armas que tiene despliegue limitado para México.
A través de eTrace, los agentes mexicanos pueden rastrear armas de fuego por solicitud electrónica de la ATF y obtener mayor seguridad que el antiguo sistema de rastreo basado en papel. Esa arma puede rastrear el nombre del primer comprador y se pretende que los agentes gubernamentales mexicanos usen esa información para construir pistas sobre tráfico de armas investigadas en México.
Entre 2007 y 2008, el personal de la ATF entrenó a 375 agentes mexicanos en eTrace y se planea que ese programa se expanda a las 32 oficinas locales de la Procuraduría General de la República en todo el país. Agentes de la ATF y la ICE también han realizado seguimientos de armas capturadas en México, particularmente en ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos. El gobierno estadunidense también planea proporcionar capacitación, tecnología y equipo para asistir al gobierno mexicano en el procesamiento de los traficantes de armas.
Los 10 estados proveedores
Según Colby Goodman y Michel Marizco, entre 2007 y 2009 el estado de Texas fue el mayor proveedor de armas que se trafican hacia México, con 7 mil 46 piezas, según el rastreo de su origen. Le siguen California, con 3 mil 410; Arizona, con 2 mil 86; Florida, con 420; Nuevo México, con 340; Colorado, con 305; Illinois, con 303; Oklahoma, con 282; Washington, con 225, y Nevada, con 105.
Según datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, correspondientes a 2009, de las armas de fuego recuperadas en México, 8 mil 919 eran rifles; 6 mil 636, pistolas; 2 mil 640, escopetas; 2 mil 49, revólveres; 103, ametralladoras; 42, artefactos destructivos, y 62, “otros”.
