Silencio del Congreso ante irregularidades del gobierno

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Las irregularidades en Hidalgo y sus consecuencias en el rezago educativo, pobreza, atraso económico, falta de infraestructura social y el reparto desigual de la riqueza que padecen sus habitantes, le pone nombre y apellido el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado

En un escueto informe presentado por el OFS al Congreso del estado en el mes de marzo pasado -en respuesta a las reformas constitucionales que en materia de rendición se aprobaron recientemente-, se resume el desvió y mal manejo de los recursos públicos por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos paraestatales y algunos ayuntamientos de la entidad.

El documento exhibe la impunidad y el control que aún ejerce el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las instituciones como el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, los partidos políticos, organizaciones sociales y empresariales y la prensa local.

Cifras de escándalo

Según el Informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007, entregado al Congreso el 27 de marzo de este año, el Poder Ejecutivo de la entidad no había podido comprobar 267 millones 318 mil 984 pesos, el 1.26 por ciento del total de los recursos ejercidos durante ese ejercicio fiscal 2007, que fue de 21 mil 157 millones 309 mil 812 pesos.

Tampoco pudo justificar el Poder Legislativo 5 millones 677 mil 790 pesos, y el Poder Judicial, encabezado entonces por la diputada federal, Carolina Viggiano Austria, 41 millones 209 mil 559 pesos, casi el 24 por ciento del presupuesto ejercido en el ejercicio en revisión que fue de 172 millones 453 mil 991 mil pesos.

El sector educativo, compuesto por 21 organismos entre los que destacan las universidades tecnológicas y politécnicas, los institutos Tecnológicos; el Instituto Hidalguense de Financiamiento a la Educación Superior; el Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior; el Instituto Hidalguense de Capacitación para el Trabajo, El Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas, entre otros, cuyos pendientes por comprobar suman 58 millones 678 mil 943 pesos.

El sector agricultura, vivienda y ecología, compuesto por el Consejo de Desarrollo y Productividad de Cinta Larga, Consejo Estatal de Ecología, Consejo Hidalguense del Café, el Instituto de Vivienda, Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos y promotora de Vivienda del Estado, tiene un pendiente por solventar de 42 millones 549 mil 262 pesos.

Asistencia social, compuesto por el Instituto Hidalguense de la Juventud, Instituto Hidalguense de las Mujeres, Instituto Hidalguense del Deporte, Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del estado y el Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, 3 millones 570 mil 685 mil pesos.

Comunicaciones y Turismo, grupo compuesto por la Corporación Aeroportuaria Hidalgo, Instituto Estatal del Transporte, Operadora de Eventos del Estado, Promotora Turística, y Radio y Televisión de Hidalgo, tiene un pendiente por aclarar con el OFS de 7 millones 54 mil 472 pesos.

Servicios básicos, sector compuesto por la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Valle del Mezquital, Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado y Comisión de Fomento y Ahorro de Energía, 129 millones 362 mil 523 mil pesos.

El sector industrial, grupo compuesto por Consejo Estatal de la Leche, Corporación de Fomento de Infraestructura Industrial, Corporación Internacional Hidalgo e Instituto para el Financiamiento del Estado, no había podido solventar 1 millón 593 mil 242 pesos.

El sector cultura y ciencia, en donde se aglutina el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, la Escuela de Música y el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud de Hidalgo, “El Rehilete”, tiene pendiente de justiciar 1 millón 721 mil 897 mil pesos.

Y los Organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos del estado y el Instituto Estatal Electoral, tienen pendientes con el Organo de Fiscalización Superior del Congreso del estado 5 millones 878 mil 548 pesos.

En su mayoría todos estos organismos auditados, son presididos por priistas o por gente vinculada al PRI, como por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del estado y el mismo Instituto Estatal Electoral.

Los Ayuntamientos

En un informe denominado Estado que guardan las cuentas públicas municipales ejercicio fiscal 2007, presentado al Congreso el 14 de julio pasado, el órgano de fiscalización superior dio a conocer los 45 ayuntamientos (más de la mitad de los municipios hidalguenses) que no han podido solventar sus cuentas públicas de 2007.

Entre ellos destacan: Yahualica, con 13 millones 523 mil pesos; Tula de Allende, 10 millones 42 mil; Tulancingo, 8 millones 187 mil 779; Huejutla de Reyes, 7 Millones 575 mil 348 pesos; Atitalaquia, 5 Millones 730 mil 955 pesos; Tenango de Doria, 3 millones 995 mil 686 pesos; Jaltocan, 3 millones 69 mil 45 pesos; Acatlán, 3 millones 298 mil 21 pesos; La Misión, 2 millones 671 mil 544 pesos; Xochicoatlan, 2 millones 419 mil Nicolás Flores, 2 millones 148 mil 521 pesos; Cardonal, 2 millones 395 mil, y Cuautepec de Hinojosa, 2 millones 62 mil pesos, haciendo una suma cercana a los 90 millones de pesos.

Doble rasero

El 2 de octubre de 2008, el 9 de diciembre de ese mismo año, y el 27 de marzo y 14 de julio de 2009, el Organo Superior de Fiscalización informó al Congreso del estado los resultados de la fiscalización a las cuentas públicas de 2007 de los ayuntamientos, a los cuales no se les ha dado una amplia difusión en los medios de comunicación.

De las cuentas públicas de los tres poderes del estado y las de los organismos paraestatales, sólo se ha entregado al Congreso un sólo informe para cumplir con el articulo 56 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado, que le ordena entregar, en el mes de marzo, los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas, en este caso, las de 2007.

Incluso para no proporcionar información al respecto, se ha invoca a la ley para negar la información referente a los avances en la fiscalización de dichas cuentas, como sucedió en la entrevista concedida a Contralínea por el auditor superior José Luis Lima Morales, quién argumentó que las entidades fiscalizadas tenían de plazo 160 días para responder a las observaciones hechas por el OSF, en el informe del mes de marzo.

Sin embargo, días después de esta entrevista, en el documento entregado el 14 de julio pasado al Congreso por conducto de la Comisión Inspectora, presidida por el priista Roberto Pedraza Martínez, donde se informa sobre la situación de los cuentas municipales, el OFS cita el plazo de 30 días con que contaron los exalcaldes para presentar la documentación e información necesaria para solventar las observaciones hechas por el organismo en el mes de marzo.

Una vez vencido el plazo para que los expresidentes municipales presentaran sus solventaciones y que, a su vez, el OFS realizó el análisis de las mismas, se tiene a la fecha los siguientes resultados:

Un total de 39 municipios atendieron y solventaron sus observaciones. Los 45 municipios restantes atendieron parcialmente las observaciones formuladas y notificadas, por lo que, en apego al artículo 28 de la Ley del órgano de fiscalización superior del estado, se encuentran en proceso de integración y formulación los Pliegos de Cargos, con base en los cuales se iniciarán los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y, en su caso, se aplicaran las sanciones a que haya lugar, en los términos de la legislación aplicable.

Trato desigual han recibido las otras cuentas, las que incluso superan en conjunto 947 millones de pesos, tema que se evade, como por ejemplo la respuesta que dio al respecto el diputado Roberto Pedraza Martínez, coordinador de la Junta Legislativa y presidente de la Comisión Inspectora del órgano de fiscalización superior a Contralínea, pues argumentó que ignoraba los plazos establecidos en la ley.

Temor fundado

Una de las grandes preocupaciones de algunos sectores de la población es que el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong utilice parte del préstamo adquirido para la compra de terrenos donde se construirá la refinería Bicentenario, para cubrir el desfalco en las finanzas públicas, que quedó al descubierto gracias a las auditorías realizadas durante los últimos tres años a su gobierno, como parte de los avances que en materia de transparencia se han logrado a nivel federal y reflejado en la legislación federal en la materia, hecho que ha obligado al gobierno local a adecuarse a las nuevas circunstancias.

Uno de estos personajes preocupados porque que no se desvíe ni un solo peso de los 1 mil 500 millones de la deuda pública contraída por el gobierno de Osorio para pagar dichos terrenos, es la diputada Estala Rubio Martínez, quien incluso ha solicitado la comparecencia de la secretaria de Finanzas, Nuvia Mayorga Delgado, para que desglose todas las inversiones hechas con dichos recursos.

Práctica común

El desfalco al erario estatal y los ayuntamientos por parte de funcionarios del gobierno del estado no es una práctica nueva, ni la ASF descubrió el hilo negro, sólo que pocas veces se ha podido documentar.

Prueba de ello es la lucha que durante 2007 un grupo del alcalde de oposición al PRI llevaron acabo en contra de la secretaria de Finanzas, Nuvia Mayorga Delgado, para que repusiera a sus municipios las diferencias de las remesas que durante 2006 no se les entregaron.

Dichos recursos correspondían al Fondo de Operaciones de ese año, en donde, según sus investigaciones, el gobierno de Osorio no les había entregado a los 84 ayuntamientos un total de 329 millones 959 mil pesos.

Esto lo lograron saber luego de restar a los presupuestos asignados las ministraciones trimestrales que les hizo la Secretaría de Finanzas durante ese ejercicio fiscal. Con esa operación aritmética y la documentación respectiva se logró conocer que al ayuntamiento de Pachuca, por ejemplo, la Secretaria de Finanzas le pellizcó 23 millones 144 mil pesos; al municipio de Tulancingo, 10 millones 524 mil pesos y al de Huejutla una cantidad similar.

Otro dato que permite asegurar que los presupuestos municipales y estatales son rasurados por la Secretaria de Finanzas, son los informes de las auditorías practicadas por la ASF a los ejercicios 2006 y 2007 al gobierno de Osorio.

El resultado: pobreza y marginación

Mientras que los recursos destinados para combatir la pobreza y la marginación en la entidad se quedan en unas cuantas manos o se dilapidan impunemente, los municipios siguen padeciendo las consecuencias de no contar con infraestructura social: en los hospitales se padece la falta de medicamentos y personal; cientos de jóvenes se quedan sin la oportunidad de progresar por falta de escuelas públicas de educación media superior y superior, y miles de hidalguenses tienen que migrar por falta de empleos y apoyos para el campo.

Este panorama desalentador lo resume el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social: entre 2006 y 2008 el porcentaje de personas con condiciones de pobreza alimentaria aumentó de 13.8 a 18.2 por ciento; en el mismo periodo, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza de patrimonio en el país creció de 42.6 a 47.4 por ciento.

Hidalgo tiene 2 millones 345 mil 514 habitantes 25.7 por ciento viven en pobreza alimentaria; 33 por ciento, en pobreza de capacidades; 54.2 por ciento, en pobreza de patrimonio; 12.79 por ciento es analfabeta; 4.27 por ciento de la población de seis a 14 años no asiste a la escuela; 49.95 por ciento de la población mayor de 15 años tiene la primaria incompleta; 62.12 por ciento de la población no es derechohabiente a servicios de salud y clasifica a la entidad con un grado de rezago social alto que la coloca como uno de los siete estados más pobres del país.

Rezago educativo sin importancia

El alto grado de rezago educativo en la entidad es uno de los grandes problemas sociales a los que no le dio importancia el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong durante 2007, según se desprende del informe de la auditoria practicada a su gobierno por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ya que no se aplicaron oportunamente y, en su totalidad, los recursos federales destinados para combatir ese grave problema, fundamental para el progreso de la entidad y de los hidalguenses

Según este documento, de 1 millón 297 mil hidalguenses mayores de 15 años sin primaria, sin secundaria o que no saben leer y escribir, sólo se atendió a 19 mil 349, el 1.5 por ciento de esta población, concluyendo que “con las observaciones y, particularmente, en lo relativo a la evaluación del cumplimiento de metas y objetivos, existe un alto grado de desatención a esa población”.

Esta conclusión se da como resultado de la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), para lo cual la ASF auditó a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado; el Colegio de Educación Profesional Técnica (CEPTEC) y el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA).

El monto de los recursos federales fiscalizados fue de 69 millones, 39 mil 600 pesos, el 79.2 por ciento de los 87 millones 152 mil pesos de presupuesto destinado por el gobierno federal para combatir el rezago educativo en la entidad a través de dicho Fondo.

En esta revisión se encontró, entre otras cosas, que como en otras áreas del gobierno de Osorio y en los ayuntamientos auditados, que la Secretaria de Finanzas “jineteó” los recursos federales destinados a abatir el alto rezago educativo en la entidad, destinándolos a otros rubros, violando la normatividad en la materia, pero principalmente, contribuyendo con este acto de corrupción, a que este problema sensible para el progreso de la entidad y de los hidalguenses no se atacara.

En resumen, este “jineteo” y el desvió de recursos federales lo documenta la ASF en su Informe de la siguiente manera: al traspasar indebidamente recursos del fondo a otras cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo por 886 mil 500 quinientos pesos; a la falta de transferencias de los rendimientos generados por el fondo a los entes ejecutores (IHEA y el CEPTEC), por 120 mil 400 pesos; intereses de los gastos de operación pagados con el fondo que debieron ser financiados por el gobierno del estado, por 75 mil 500 pesos; pagos a figuras solidarias por montos superiores a los autorizados, 1 millón 977 mil 600 pesos; pago a personal que no reúne requisitos de figura solidaria, por 452 mil 800 pesos, y gastos de operación en conceptos no financiables por el fondo, por de 65 mil pesos.

En el mal manejo de estos recursos, la ASF reporta que el IHEA no resguardó la documentación comprobatoria de los pagos que por su cuenta realiza el Patronato Educativo para Jóvenes y Adultos (PEJA) del Estado de Hidalgo, AC; no se encontró evidencia de que exista una plantilla de personal autorizada específica para las direcciones generales y las pólizas contables de las erogaciones por concepto de gratificaciones a figuras solidarias no cuentan con la documentación comprobatoria correspondiente, con lo que se documenta el manejo obscuro de los recursos.

Pillán a la Secretaría de Finanzas

Con la revisión de los estados de cuenta bancarios y auxiliares contables de los meses de enero, mayo, y septiembre de 2007, proporcionados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo, dice el informe, se comprobó que los intereses registrados, por 120 mil 400 pesos, no se transfirieron a los entes ejecutores (CEPTEC e IHEA), en contravención de los artículos 42 y 49, párrafo primero, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Pero como resultado de la intervención de la ASF, la Secretaría de Finanzas del estado, encabezada por Nuvia Mayorga Delgado, entregó información y documentación donde se observó que mediante transferencias electrónicas bancarias del 9 de julio de 2008, transfirió a la cuenta de cheques con números 0146601987 un importe de 201 mil 200 pesos y a la cuenta 0148483922, 134 mil 700 pesos, ambas abiertas en Bancomer a nombre del CEPTEC y del IHEA, respectivamente, productos financieros por un total de 335 mil 900 pesos que corresponden a los remanentes de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007, donde se incluyen los 120 mil 400 pesos del ejercicio en revisión.

Posteriormente, mediante oficio número DGAG-0073/2009 del 28 de enero de 2009 el Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Hidalgo, proporcionó a la ASF copia de los apercibimientos emitidos a cada uno de los responsables de las violaciones al marco normativo que regula el ejercicio de los recursos, pero sin sancionarlos.

Gobierno reprobado en educación

El Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA) creado mediante Decreto del 30 de junio de 2000, de acuerdo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo, del 3 de julio del mismo año, tiene como objetivo ofrecer a la población de 15 años o más la oportunidad de alfabetizarse o completar sus estudios de primaria o secundaria.

Al respecto, los objetivos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo son: Brindar a la población hidalguense una educación con equidad y calidad que permita el desarrollo de las capacidades, habilidades y valores individuales y colectivos; ampliar y mejorar la educación de los adultos en condiciones de rezago educativo, para atenderlos con equidad y pertinencia; impulsar la participación de las instituciones de educación media superior, educación superior y de capacitación para el trabajo como componentes del desarrollo regional y fortalecer la participación social en apoyo al cumplimiento de los propósitos educativos.

Sin embargo, se lee en el documento, las metas planteadas son muy distantes de los altos índices de rezago educativo en la población mayor de 15 años del orden del 82.8 por ciento. No obstante que las metas son bajas en relación con el universo, los logros obtenidos son aún más bajos, ya que apenas se atendió a la mitad de los educandos programados (50.7 por ciento), como se observa en la grafica.

Por lo que la Auditoria Superior de la Federación dictamina que el gobierno del estado de Hidalgo no cumplió con sus objetivos y metas, debido a que existe en el gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong un alto índice de falta de atención a la población mayor de 15 años con rezago educativo, ya que se logró en este periodo de gobierno un bajo impacto en la disminución de habitantes sin primaria, secundaria o que no saben leer ni escribir (apenas el 1.49 por ciento), en incumplimiento del Programa Operativo Anual del IHEA.

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