Auditorías al gobierno exhiben corrupción e impunidad

 •  0 views

Autor:

La ASF de la Cámara de Diputados federal y el OFS del Congreso local, exhibieron la corrupción e ineficiencia del gobierno del Miguel Ángel Osorio Chong en el manejo del erario en el ejercicio fiscal 2007

El subejercicio del presupuesto federal en seguridad y obras públicas, el desvió de recursos en salud y educación y el “jineteo” de los presupuestos municipales y las metas y objetivos sin cumplir son algunas de las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Hidalgo.

Mientras que el Órgano de Fiscalización Superior (OSF) reporta que el Poder Ejecutivo de la entidad no había podido comprobar 267 millones 318 mil 984 pesos, el 1.26 por ciento del presupuesto ejercido en ese año que fue de 21 mil 157 millones 309 mil 812 pesos, 27. 55 por ciento más de lo presupuestado originalmente.

Los resultados de la auditoria al ejercicio 2007 refleja la impunidad con la que se ejercen los recursos públicos. Hasta el momento no hay sanciones a los funcionarios responsables del mal manejo del erario, no obstante las recomendaciones de la ASF en ese sentido. El Congreso del estado aprobó la cuenta respectiva sin la más mínima observación.

Subejercicio del presupuesto

En seguridad pública, el gobierno de Osorio Chong le dio poco importancia durante el ejercicio fiscal 2007, no sólo por el poco presupuesto asignado, sino porque no se ejerció en su totalidad. Así lo deja ver la ASF en la revisión de los recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (Foseg).

Se detectó que para 2007 el gobierno del estado ejerció un presupuesto de 19 mil 387 millones 180 mil pesos, de los cuales 52.3 por ciento se destinó a los ramos prioritarios, como educación y salud, a las que se les destinó 38.4 y 8.1 por ciento, respectivamente, del gasto estatal. Mientras que a seguridad pública y procuración de justicia, únicamente el 3.5 por ciento, es decir 672 millones 618 mil 700 pesos “a pesar de considerarse un ramo prioritario”, destaca el informe.

Además de ser poco el presupuesto, en relación a otras áreas, la ASF encontró que de ese recurso asignado no se ejerció el 38.2 por ciento a diciembre de 2007: “Es decir, señala el informe, poco más de una tercera parte de los recursos”.

El mayor rezago se detectó en las áreas de Registro Público Vehicular; Equipamiento para la Seguridad Pública; Combate al Narcomenudeo y Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089.

Durante ese año no se programaron recursos para infraestructura y seguridad pública, y en el área de “Registro Público Vehicular” sólo se destinó el 4.4 por ciento de los recursos, lo que se explica, principalmente, porque no se adquirió el Sistema de Lectura de Placas, la póliza de mantenimiento a servidores y el software de seguridad, así como tres cursos de alta especialización para el personal del Programa de REPUVE.

El subejercicio en el eje de equipamiento fue del orden del 72.4 por ciento y obedeció a que no se adquirió armamento, municiones y calzados para la policía preventiva.

En el ramo de Combate al Narcomenudeo, el subejercicio de 54.5 por ciento de los recursos obedeció a que se dejaron de contratar los servicios públicos de prevención de delitos y no se compraron los sistemas móviles de vigilancia, ni sustancias químicas.

En el eje Red Nacional de Telecomunicaciones, Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 066 y Sistema Nacional de Denuncia Anónima 089, el rezago fue de 34.9 por ciento en la aplicación del gasto debido a que no se realizaron la totalidad de servicios de mantenimiento programados.

En Coordinación (Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia) el subejercicio fue del 29.6 por ciento y se originó a que no se realizaron tres obras programadas y no se concluyeron otras dos, además de que sólo se capacitó a una parte de los elementos en materia de formación inicial, continua y especializada.

El subejercicio en Formación y Profesionalización fue del 16.3 por ciento de los recursos, debido a que en el programa “Formación inicial y continua” no se llevó a cabo ninguna capacitación para custodio penitenciario en activo, custodio para tutelar de menores infractores y para policía preventivo en activo, y tampoco se realizaron cursos de formación especializada para policía preventivo en activo.

Por lo que corresponde al Sistema Nacional de Información, el rezago en la aplicación de recursos se debió a que no se realizaron las adecuaciones de instalaciones programadas, y a que sólo se adquirió una parte de los servicios de conducción de señales digitales, así como de materiales útiles para toma de huellas dactilares.

El mayor monto de recursos para este tema (94.0 por ciento) fue para el pago de remuneración del personal de administración y operación, resalta el documento.

Millones de pesos sin ejercer

En 2007 el gobierno de Hidalgo recibió 123 millones 31 mil 100 pesos extras de los excedentes petroleros, transferidos a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, de los cuales se encontró, en la auditoría practicada a la Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Transportes y Asentamientos Humanos, que sólo se ejercieron 43 millones 560 mil 400 pesos, quedando pendientes de aplicar 78 millones 308 mil 500 pesos.

En otras palabras, el gobierno de la entidad no ejerció más del 50 por ciento del los recursos asignados a obras públicas, por lo que de acuerdo a la normatividad existente deberá regresarlos a la Tesorería de la Federación.

De acuerdo al informe, en los procedimientos de revisión para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la asignación, solicitud, ministración, ejecución, control y rendición de cuentas de los recursos federales transferidos mediante el Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (Fies) y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), se observó que para el tercer y cuarto trimestre del 2007 la entidad recibió vía Fies 123 millones 13 mil pesos para varios proyectos.

Estos recursos debieron ejercerse el último día hábil de junio de 2008, dice el documento, sin embargo, el gobierno reporta como ejercido a esa fecha 43 millones 560 mil 400 pesos, y quedaron sin ejercer 78 millones 308 mil pesos que debieron reintegrarse a la Tesofe a más tardar a los 15 días naturales siguientes al 31 de agosto de 2008.

Al respecto, mediante el oficio No.DGAG-0007/2009 del 16 de enero de 2009, la Dirección General de Auditoría del Estado informó que no reintegró a la Tesofe los recursos sin ejercer o devengar, ya que la Secretaría de Finanzas solicitó prórrogas a la Secretaría de Hacienda que le fueron autorizados.

Posteriormente, con el oficio No. SF-CPF-01-1012/2008 del 20 de junio de 2008, la Secretaría de Finanzas solicitó otra prorroga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ejercer recursos Fies por 76 millones 559 mil pesos a más tardar el último día hábil de diciembre de 2008. En respuesta la SHCP autorizó el plazo mediante el oficio número 307-A-2017 del 26 del mismo mes y año, haciendo la aclaración que de no ejercerlos a esa fecha, éstos deberían reintegrarse a la Tesofe.

No obstante, a enero de 2009, un año después, el gobierno de Miguel Ángel Osorio no había demostrado la erogación de esa cantidad, por lo que debe reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

Desvio de recursos en salud

La carencia de personal, medicinas y mal servicio es una constante en los hospitales y centros de salud de la entidad, sin embargo durante el 2007 la ASF, en la auditoría practicada a los Sistemas de Salud, detectó anomalías por 35 millones 231 mil pesos. Además, encontró que no se cumplieron 47 metas establecidas previamente, “lo que repercutió directamente en la calidad de los servicios proporcionados a las personas”.

En relación con los recursos desviados del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), destacan los que corresponden a intereses generados y no pagados por el retraso en la entrega por parte de la Secretaría de Finanzas; incompatibilidad de horarios de 23 servidores públicos; pagos por autorizaciones de comisiones sindicales extemporáneas; pagos por concepto de medidas de fin de año sin sustento normativo; pagos a servidores públicos de base y de confianza de compensaciones discrecionales (bonos); pagos a personal eventual sin contrato y sueldos superiores a lo contratado; pagos a trabajadores sin evidencia de se que estén laborando.

Respecto del impacto social derivado de las 47 metas incumplidas, que representan el 37 por ciento del total, éstas han repercutido directamente en la calidad de los servicios. “El incumplimiento de los programas y el déficit en la cobertura de los servicios impactan en las condiciones de bienestar y salud de la población objetivo del Fassa”, resume el documento.

El jineteo de la Secretaría de Finanzas

El factor común en el informe de 500 paginas de las auditorias a los sistemas de salud, a la Secretaria de Seguridad y Obras públicas, al Desarrollo Integral de la Familia, CAPECE y a los municipios de Huejutla, Ixmiquilpan, Tulancingo y Tula, es el jineteo de dinero por parte de la Secretaría de Finanzas.

En el caso de Huejutla, el análisis de los estados de cuenta bancarios reflejan las que ministraciones proporcionadas por la Secretaría de Finanzas, correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, por 74 millones 962 mil pesos, no fueron transferidas en su totalidad conforme al calendario de radicaciones, toda vez que en enero, febrero, marzo y abril de 2007, se ministraron con 75, 47, 17 y 14 días de retraso, respectivamente, en los que generaron intereses por 224 mil 600 pesos.

La ASF encontró en la revisión de dicho fondo que de forma ilegal la Secretaria de Finanzas retuvo un saldo de 2 millones 689 mil pesos, mediante convenio establecido con el municipio, para realizar erogaciones en forma directa, a nombre del mismo, por concepto de pagos por obras de electrificación rural realizados por la Comisión Federal de Electricidad, según facturas 129730 y 164014 por 1 millón 646 mil pesos y pagos por concepto de despensas a Diconsa, por 1 millón 43 mil pesos, según las constancias de participación 93186 y 93768.

En la revisión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimientos de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito (Fortamun-DF), la ASF encontró que los estados de cuenta bancarios del Municipio de Huejutla, aportaciones proporcionadas por la Secretaría de Finanzas, por 36 millones 712 mil pesos, los cuales tampoco se transfirieron conforme al calendario de radicaciones y se contabilizaron 75, 47 y 17 días de retraso, respectivamente.

Lo mismo ocurrió con Ixmiquilpan, ya que en el análisis comparativo de los recursos asignados que le correspondían con cargo al FISM, para el ejercicio fiscal de 2007, por 21 millones 498 mil pesos, y de acuerdo con los importes indicados el Calendario de Ministraciones, contra las ministraciones realizadas por 9 millones 27 mil pesos reflejados en los recibos emitidos por parte del Gobierno del Estado, se detectó un saldo por ministrar de 12 millones 470 mil pesos.

Se constató que dicho saldo corresponde a recursos retenidos por parte del Gobierno de Hidalgo, formalizados mediante tres convenios de coordinación con el municipio, para que éste realizara pagos en forma directa en su nombre a favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con mezcla de recursos por 11 millones 795 mil pesos, así como pagos a favor de Diconsa, para la adquisición de 17 mil 448 despensas por 1 millón 754 mil pesos, menos los reintegros realizados por el estado y recursos aportados por el municipio por 1 millón 79 mil pesos.

En este caso, la auditoria practicada al fondo detectó que las obras de electrificación fueron visitadas físicamente por personal de la ASF, sin que se tenga la certeza de que corresponden a las ejecutadas con las aportaciones municipales retenidas con cargo al FISM, toda vez que el Gobierno de Hidalgo no presentó los expedientes unitarios correspondientes, y adicionalmente, en el caso de las erogaciones para el pago de las adquisiciones de despensas se observa que este concepto no corresponde a la apertura programática del fondo, en contravención de la Ley de Coordinación Fiscal.

En el caso de los recursos del Fortamun-DF se detectaron que los depósitos realizados por la Secretaría de Finanzas a Ixmiquilpan, por 23 millones 432 mil pesos, no se transfirieron conforme al calendario de radicaciones, toda vez que en enero, febrero y marzo, se contabilizaron 75, 47 y 17 días naturales de retraso, respectivamente.

La misma operación se aplicó al municipio de Tulancingo, ya que la ASF encontró que de los recursos que le correspondían del Fondo para la Infraestructura Social Municipal por 23 millones 511 mil pesos, se constató que únicamente se ministro al municipio 20 millones 864 mil pesos y que el saldo fue retenido por el Gobierno del Estado para pagos de consumo de energía eléctrica a favor de Luz y Fuerza del Centro, por 2 millones 100 mil pesos y de 547 mil pesos por pagos de despensas a Diconsa.

Y en la revisión de las transferencias del Fortamun-DF, por 38 millones 699 mil 200 pesos, se observó que no fueron transferidos en su totalidad 41 millones 199 mil pesos conforme al calendario de radicaciones, toda vez que en enero y febrero, se ministraron dos radicaciones en cada mes, con retrasos, en el primero, de 49 y 75 días naturales, y en el segundo, de 21 y 47 días.

También se encontró un saldo de 2 millones 500 mil pesos, retenido por la Secretaria de Finanzas, para realizar en forma directa e ilegal a nombre del municipio pagos a LFC, según constancias de participación con números de folio 88130, 87365, 89855, 90575, 91507, 92475, 93149, 94490 y 95285.

En la fiscalización de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) destinados al Sistema para el DIF y el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), por 372 millones 68 mil pesos, la ASF encontró, se encontró que la Secretaría de Finanzas realizó tres transferencias bancarias que no corresponden a compromisos del FAM por 1 millón 102 mil pesos, que incluyen rendimientos financieros.

La Secretaría de Finanzas, con el oficio número SF-DGPYC-07-PO-0839/2008 del 28 de agosto de 2008 remitió a la Auditoría Superior de la Federación copias certificadas de las transferencias electrónicas por concepto del reintegro de 1 millón 102 mil pesos, correspondientes a los recursos y sus rendimientos financieros. Sin embargo, en su momento se incumplieron las disposiciones normativas señaladas, acción con lo que queda en claro el jineteo de los recursos públicos por parte de la Secretaria de Finanzas.

Los malos pasos del DIF

Del mismo modo, con la revisión de los contratos de apertura y los estados de cuenta bancarios, se determinó que el DIF utilizó la cuenta 60286 de Banamex, para la recepción y administración de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, sin embargo, el DIF realizó transferencias a otra cuenta con la finalidad de invertirlos, lo que restó transparencia en la recepción, administración y ejercicio de los recursos, en incumplimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales.

En esta revisión se comprobó que los rendimientos financieros generados por los recursos del FAM en las cuentas bancarias de la Secretaría de Finanzas por el periodo de enero de 2007 a junio de 2008 ascendieron a 3 millones 152 mil pesos en la vertiente de asistencia, los cuales son considerados como accesorios; éstos fueron transferidos al DIF para programas que cumplan con los fines y objetivos del fondo, en respuesta a los resultados de la auditoria.

El retraso en la entrega de los recursos por parte del gobierno del estado tiene consecuencias sociales, ya que se retrasan los programas de seguridad pública y de inversión, y limitan el cumplimiento de las metas programadas.

En la revisión de los Recursos del FAM, transferidos al gobierno del estado, para ser aplicados por el (DIF) y el CAPECE, por 372 millones 68 mil 200 pesos –de los cuales 133 millones 296 mil corresponden a Asistencia Social; 112 millones 759 mil a Infraestructura Educativa Básica y 126 millones 12 mil pesos a Infraestructura Educativa Superior–, se encontró inconsistencia en los correspondientes a Infraestructura Educativa Básica por parte de la Tesofe, debido a que la Secretaría de Educación Pública no proporcionó a la SHCP la distribución y calendarización de estos recursos.

Otro error detectado en la revisión de este rubro consintió en que el DIF registró únicamente pólizas de ingresos por 133 millones 29 mil 600 pesos, omitiendo registrar 266 mil 700 pesos en incumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Hidalgo.

Con la revisión de las pólizas de egresos elaboradas por el DIF, con cargo al FAM y que formaron parte de la muestra revisada por 88 millones 669 mil pesos, se comprobó que se erogaron gastos de operación que no cumplen con el objetivo del fondo por concepto de combustibles, nómina, viáticos, material y equipo de cómputo, renta de autobuses, servicio de cafetería e inscripción a maestrías por un importe de 663 mil 400 pesos, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

En respuesta a estas observaciones, hasta agosto de 2008 la dirección del DIF remitió a la ASF copia certificada del depósito realizado por concepto de reintegro a la cuenta del fondo. En esta acción, como en las anteriores, no hubo responsables, aunque está claro que se incumplieron las disposiciones normativas en la Ley de Coordinación Fiscal.

En el análisis de los expedientes del CAPECE y las inspecciones físicas de una muestra de 43 obras de Infraestructura Educativa Básica por 30 millones 788 mil pesos, y cuatro proyectos de Infraestructura Educativa Superior por 44 millones 771 mil pesos, se comprobó que en 13 obras no se aplicaron las penas convencionales por incumplimiento de la contratista por 2 millones 677 mil pesos.

Aunque las violaciones a las normas y la ineficiencia de algunos funcionarios públicos fueron probadas por la ASF, ningún funcionario de gobierno ha sido sancionado o separado de su cargo por la Contraloría del Gobierno del estado.

Comments

comments