Después de que el gobierno mexicano rechazara el informe sobre torturas y violaciones a derechos humanos cometidos contra detenidos durante la investigación del caso Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) refirmó la validez de su metodología y hallazgos, llamó al cumplimiento de las recomendaciones emitidas y aseguró que seguirá de cerca los resultados de las investigaciones nacionales.
El documento Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa –publicado por la ONU-DH el 15 de marzo pasado– señala probables actos de tortura cometidos contra 34 personas procesadas durante las investigaciones de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Los actos de tortura serían responsabilidad de agentes de la Policía Federal, Policía Federal Ministerial y la Secretaría de Marina (Semar), así como de la Procuraduría General de la República (PGR) y su Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Como respuesta, el 7 de mayo, el gobierno de la República emitió un comunicado afirmando que el informe de la ONU-DH “carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’”.
Par la administración de Enrique Peña, fueron prematuras las conclusiones del informe. Por ello, acusó que podrían afectar la investigación nacional sobre el tema.
Sobre el proceso de investigación del caso Ayotzinapa, la ONU-DH documentó múltiples violaciones como detenciones ilegales, demoras en la puesta a disposición ante autoridades ministeriales, actos de tortura física y psicológica como toques eléctricos, violencia sexual, amenazas de muerte, golpes, asfixia y ahogamiento; así como coincidencia entre el uso injustificado de la fuerza y supuestas expresiones espontáneas de autoinculpación de los detenidos.
El informe destaca el caso de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, detenido que falleció a raíz de las torturas infligidas por elementos de la Semar. El documento del organismo internacional también asienta observaciones sobre las diligencias en el río San Juan –claves en la versión “histórica” de la PGR–, en que se violó el debido proceso y se suscitaron falsas declaraciones respecto a la participación de la ONU y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Alba Olea
