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Actualmente existen cinco conflictos agrarios entre diferentes comunidades de Guerrero que no han sido resueltos, a pesar de ser considerados como focos rojos. Esto se debe a que los tribunales agrarios han emitido sentencias, pero las autoridades no han ejecutado sus resoluciones judiciales.

Un ejemplo es el conflicto entre Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, y Buena Vista y anexos, municipio de San Luis Acatlán, que data de hace 80 años. Al respecto, el tribunal agrario del Distrito 12 emitió una sentencia el 2 de julio de 2015, en la que definió el territorio que le corresponde a cada comunidad, pero hasta ahora no se atiende.

Y es que, en dos ocasiones, los ejidatarios de Buena Vista no se han presentado en la zona de conflicto para recibir lo que les toca porque no están de acuerdo con la resolución. Al respecto, los representantes de la comunidad denuncian que los tribunales agrarios no se han comprometido con la resolución de las sentencias, debido a que no han solicitado el auxilio de la fuerza pública.

El artículo 191 de la Ley Agraria dice que los tribunales agrarios están obligados a realizar la eficaz e inmediata ejecución de las sentencias y, si existe imposibilidad material o jurídica para realizar la sentencia relativa, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá recibir la parte deslindada.

La comunidad de Zitlaltepec denuncia que las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no han tomado con seriedad el conflicto social porque lo único que han hecho, hasta el momento, es incorporar el problema al Programa de Atención a los Conflictos Sociales del Medio Rural y no han propuesto soluciones.

Otros núcleos agrarios que enfrentan conflictos agrarios con sentencia sin ejecución son el ejido de Tlanipatla y San Juan Bautista Coapala, de la comunidad náhuatl; Colombia de Guadalupe, de la comunidad me’pha; y Quiahuitlatzala, perteneciente a la comunidad na’ savi.

Los comisarios de los bienes ejidales y comunales de estas comunidades exigieron, en un comunicado, a las autoridades del sector agrario de los gobiernos estatal y federal que se atiendan los conflictos para poder “restaurar el tejido social en las zonas de conflicto y la convivencia de los pueblos”.

Aseneth Hernández

 

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