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Es insostenible la actual política de seguridad. Si a los gobernantes no les han importado los 32 mil desaparecidos, 280 mil asesinados y 300 mil desplazados, tal vez –sólo tal vez– sí les afecte saber cuánto nos cuesta tratar de contener la violencia: 493 mil millones de pesos (únicamente en 2017). Es decir, casi medio billón de pesos.

Los gastos relacionados con la seguridad se han venido incrementando año tras año desde que, atendiendo las “recomendaciones” de Estados Unidos, Felipe Calderón inició la “guerra” contra el narcotráfico. El entonces presidente, con déficit de legitimidad, sólo pudo asumir el poder militarizando el país. Para ello orquestó una supuesta guerra contra el narcotráfico que hasta hoy padecemos.

Cada año el presupuesto resulta insuficiente. Lo sorprendente es que se insista en la misma vía cuando no hay ningún resultado positivo. La “guerra” contra el narcotráfico sólo benefició a los cárteles: se convirtieron en los más poderosos del mundo; diversificaron sus negocios; se hicieron del control de amplias regiones del país, y adquirieron una capacidad de fuego que no soñaron antes de la “guerra”. Mientras, el presupuesto de las instituciones aumentó cientos de miles de millones de pesos al año. Un verdadero barril sin fondo.

El Índice de paz México 2018. Evolución y perspectiva de los factores que hacen posible la paz, elaborado por el Institute for Economics and Peace, dedica un capítulo a documentar el presupuesto público. Se titula: “Gasto gubernamental federal en contención de la violencia”. Aunque esa organización promueve la aplicación de la misma estrategia de seguridad que ha dejado resultados desastrosos, los datos concretos que reúne son elocuentes.

El informe señala que por sí solo el gobierno federal gasta directamente en contención y atención de las consecuencias de la violencia 493 mil millones de pesos (unos 28 mil millones de dólares). En la cifra se incluyen los gastos en encarcelamiento, seguridad interna, Fuerzas Armadas y en el Sistema Judicial. Cabe insistir que en esta cifra no están incluidos los gastos de cada uno de los gobiernos de los estados de la República y los municipios en materia de procuración de justicia y seguridad pública.

En 10 años el gasto federal en contención de la violencia creció 73 por ciento en términos reales. El documento aboga por seguir aumentando el presupuesto, pero de manera específica en los sistemas de justicia y policial. “Eso ayudaría a liberarse de la fuerte dependencia actual de las Fuerzas Militares”.

Y es que en 2007 (el primer año del panista Felipe Calderón), México gastó 59 mil 300 millones de pesos sólo en las Fuerzas Armadas. Al final del sexenio (2012) el monto para las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) llegó, en conjunto, a 87 mil 700 millones. El presupuesto siguió aumentando durante el presente sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2017 gastaron 99 mil 100 millones de pesos. Los montos son en pesos constantes 2017. Es decir, el incremento que se refleja en las cifras es real y no sólo nominal.

Con respecto del rubro de seguridad interior, en 2007 se erogaron 27 mil 300 millones. El año pasado se destinaron, para este mismo rubro, 44 mil 500 millones de pesos. Aunque el aumento en 10 años es claro, en años anteriores a 2017 el presupuesto alcanzó picos aún mayores, como en 2015, que fue de 54 mil 400 millones.

Otro de los incrementos exponenciales es el del sistema judicial. En 2007 erogaba 55 mil 900 millones de pesos. De manera sostenida llegó, en 2017, a 246 mil 500 millones de pesos.

El problema es que hoy México se encuentra en una carrera interna contra la delincuencia. Y la va perdiendo. Entre más dinero se destina supuestamente a preservar la seguridad, tenemos un país menos seguro. Los delitos de alto impacto siguen incrementándose año con año, sin importar los jugosos aumentos al presupuesto de policías, militares, jueces y carceleros. Y el discurso que reza: “el país estaría aún peor de no aplicar la actual política de seguridad”, es cada vez menos creíble.

Lo cierto es que el gasto en seguridad no debe circunscribirse a las esferas de aplicación de la fuerza. Es necesario poner especial énfasis en el combate a la corrupción, el fomento a la transparencia y acabar con la impunidad. Se debe asegurar que el gasto gubernamental en los sectores judicial y de seguridad sea eficiente y eficaz. No que sea fastuoso y exuberante. Despilfarrar más de lo que se requiere en esos rubros sólo limita el desarrollo económico del país.

En una nación como México, aquejada de pobreza, en permanente crisis económica y con escasez de recursos públicos, el aumento del gasto en la contención de la violencia sólo puede financiarse con mayores impuestos a la población y con la reasignación de recursos provenientes de otros programas sociales o sectores. Es decir, invertir menos en rubros sustantivos como el educativo o el de salud, algo que ya ocurre.

El actual modelo de seguridad, impuesto por Estados Unidos a México, sólo profundiza la violencia y perpetúa una de sus causas: la injusticia social. Es necesario salir de este círculo vicioso.

Zósimo Camacho

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