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Con referencia a los hechos violentos ocurridos la noche del 24 de marzo pasado en Tamaulipas, en la que hubo al menos ocho muertos y 14 heridos —entre ellos una familia donde murieron dos menores y su madre, y resultaron heridos otro menor y el padre—, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, señaló en un comunicado de prensa que “la gravedad de lo sucedido debe conducir a la superación del paradigma militar de la seguridad y de cualquier posible acción de encubrimiento”.

Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que esta familia fue víctima de disparos realizados desde un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar), Jarab afirmó que “todo hecho en el que un agente del Estado ocasiona la muerte o heridas a una persona, debe investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable, siendo responsabilidad del Estado aportar toda la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con los ‘Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego’”.

Dichos “Principios” indican que los elementos de la Semar podrán usar sus armas de fuego —incluidas las incorporadas en helicópteros— sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para repeler la agresión sufrida.

La ONU-DH hizo énfasis en el derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños, además de que esta última no se reduce a una atención médica y una indemnización económica.

Este organismo internacional expresó su preocupación por la calificación de la muerte de una madre y dos hijos como un “hecho circunstancial”, y lamentó que la Semar no haya ofrecido ninguna disculpa por haber intentado evadir su responsabilidad en declaraciones anteriores.

Por último, instó a la PGR a continuar con una investigación exhaustiva, a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables. Así como a adoptar las medidas de protección necesarias para la familia y reforzar las medidas de protección ya otorgadas al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Rodrigo Ek

 

 

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