El impacto económico de la violencia en México costó más de 33 mil pesos por persona, durante 2017; el año más violento en la última década, revela el Índice de Paz México 2018 (IPM 2018). Evolución y perspectivas de los factores que hacen posible la paz.
El análisis ubica a Baja California Sur como el estado con más violencia en México, durante 2017; seguido por Guerrero, Baja California, Colima y Zacatecas. En contraste, Yucatán se ubicó como el estado más pacífico del país, le siguen: Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas.
Tras dos años de una escalada de violencia, indica el documento, la tasa de homicidio de México en 2017 alcanzó “niveles máximos históricos”: 24 muertes por cada 100 mil habitantes, o más de 29 mil víctimas. Este nivel de violencia sobrepasa el punto álgido observado en 2011.
El documento fue presentado esta mañana por Carlos Juárez Cruz, director en México del Instituto para la Economía y la Paz; Clara Jusidman, presidenta fundadora de Incide Social AC y Mauricio Meschoulam, internacionalista y profesor de la Universidad Iberoamericana.
Juárez Cruz indicó que entre los principales hallazgos se encuentra que: el 69 por ciento de los jóvenes que fueron participantes en un acto de violencia con armas de fuego “reportaron que ni los miembros de su comunidad ni la policía local actuaron como respuesta al incidente”. Así como la violencia en contra de los periodistas: 69 profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados en 2017.
El director en México del Instituto para la Economía y la Paz hizo énfasis en el costo que tiene el impacto de la violencia por persona, equivalente a 33 mil 118 pesos. El total se estimó en 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), lo cual significa el 21 por ciento del producto interno bruto (PIB).
El especialista asegura que los jóvenes conforman el sector de la población más vulnerable, pues “están abandonados por la sociedad”; también, entre las principales víctimas están los familiares de los desaparecidos y los “huérfanos de la violencia”. Y, en torno a las propuestas electorales, aseguró que ningún candidato a la presidencia ha hecho propuestas en torno a la construcción de paz.
Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de Incide Social AC, dijo que esta escalada de violencia inició en 2006 y que el “Estado mexicano no puede seguir administrando la violencia”, y que está responde al “descabezamiento de los carteles”.
Jusidman Rapoport añadió que entre las problemáticas se encuentra “la grave corrupción de las élites, pues envía un mensaje a la población de que se puede hacer lo que se quiera, al fin que no hay quién castigue”. Acusó que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito, política pública que opera la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, “no tiene un sólo centavo del presupuesto”.
Las conclusiones del IPM 2018 indican que un marco de seguridad pública y paz integral e integrado requiere, cuando menos, de los siguientes aspectos:
- Reducir la corrupción y la impunidad
- Desarrollar la capacidad institucional junto con la transparencia y la rendición de cuentas
- Proteger a los jóvenes
- Proteger los espacios públicos
- Crear confianza al demostrar los avances logrados
- Hacer frente a la dinámica específica subyacente a la violencia con armas de fuego, el comercio ilegal, la extorsión, el secuestro y las distintas formas de homicidio
Érika Ramírez
