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El representante de la Organización de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Jan Jarab, pide que “las autoridades, a todos los niveles, brinden atención integral a la situación de desplazamiento forzado del que son víctimas varias comunidades en los Altos de Chiapas para garantizar la seguridad de las personas desplazadas” refiriéndose al ataque de un grupo armado contra comunidades tzolziles llevado a cabo el pasado dos de abril.

Reconoció que debido al acceso restringido a la zona donde se asentaron las comunidades desplazadas, la ONU-DH no sabe si los desplazados –principalmente de la comunidad de Cotsinam, Aldama- reciben ayuda humanitaria, protección o garantías de seguridad y que se necesita una respuesta inmediata para asegurar el desarme de este grupo, así como investigar los actos de violencia, garantizar acceso a la justicia, reparación integral a las víctimas, seguridad, ayuda humanitaria y las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares.

Jarab informa que para resolver este conflicto “las autoridades deben reconocer el desplazamiento forzado interno y atenderlo desde una perspectiva de derechos humanos, con el apoyo y la mediación de las organizaciones de la sociedad civil relevantes y asegurar la no repetición de los hechos”.

El grupo armado, presuntamente proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó,  atacó a las comunidades el pasado dos de abril donde murieron tres personas; el 27 de febrero que obligó a 145 familias al desplazamiento forzado; y en noviembre y diciembre de 2017 resultando en la muerte de varias personas. Se calcula que más de 700 personas se han visto obligadas a dejar sus hogares, lo que para las comunidades indígenas representa una grave amenaza para la propia continuidad como pueblos.

Diana Aguila