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La reforma educativa de 2013 pasará a la historia como una de las más lesivas decisiones del Poder Legislativo y del propio gobierno de Enrique Peña –su impulsor–, por los múltiples daños causados a la sociedad.

El más visible, sin duda, es el que afecta directamente el proceso de enseñanza, al reducir el papel de los docentes a un esquema de competitividad empresarial, que los somete a un examen de supuesta medición de conocimientos incapaz, siquiera, de tomar en cuenta el contexto en el que se aplica.

Como se sabe, lejos de buscar la excelencia académica, la evaluación docente tiene como principal objetivo expulsar a la disidencia magisterial y engrosar las filas de desempleados, al correr masivamente a quienes no obtienen determinado puntaje, sin que esto último realmente permita determinar la incompetencia.

Pero hay otras repercusiones que han pasado desapercibidas, a pesar de la gravedad que entrañan. Tal es el caso del Programa Escuelas al CIEN, que ya endeuda aún más a las entidades federativas al bursatilizar la educación básica por los próximos 25 años.

La contratación de deuda por la vía bursátil sólo beneficia a una minoría, lamentablemente a costa del presupuesto público y, sobre todo, de las mayorías empobrecidas de este país, que acabarán pagando demasiado por esos créditos.

Los compromisos financieros derivados de Escuelas al CIEN podrían ascender a 50 mil millones de pesos, según los propios planes establecidos por el gobierno federal.

El dinero se destina a la construcción de infraestructura educativa para, supuestamente, disminuir la deserción escolar. Pero lejos de lograr ese objetivo, lo único que se conseguirá es asfixiar paulatinamente las finanzas de los estados.

Escuelas al CIEN

Impulsar el desarrollo de infraestructura en vez de atender asuntos más urgentes –como la alimentación, el techo, el vestido y el sustento de los menores y, en general, de sus familias, para que los infantes no se vean obligados a contribuir con el gasto– es una idea copiada de las teorías estadunidenses.

Así lo revela el documento Programa escuelas al CIEN Infraestructura educativa a cargo de los procesos de bursatilización –elaborado por Giovanni Jiménez, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP)–, que señala como base de este programa los estudios del 21st Century School Fund sobre la relación de la infraestructura con el desarrollo académico.

Según el análisis, “el Programa Escuelas al CIEN parte de que el principal problema del abandono escolar es la falta de infraestructura física. Para su creación, el gobierno federal reconoce las debilidades en infraestructura, mobiliario y equipamiento de las escuelas de educación básica en las entidades federativas y la Ciudad de México”.

Pero a falta de recursos, en 2015 la Secretaría de Educación Pública se inclinó por la deuda: “convino con la Bolsa Mexicana de Valores la creación de un esquema de bursatilización, que se denominó Fibra E”.

El documento de trabajo del CESOP indica que los recursos que se transfieren a las entidades federativas a través de este programa provienen de un vehículo de inversión denominado Certificado de Infraestructura Escolar Nacional (CIEN).

Dicho vehículo está obligado a pagar una tasa de interés a los tenedores, del 2.7 por ciento anual real, con un plazo de pago de 25 años. Esto es que “los estados deberán pagar 25 por ciento de sus participaciones federales del Ramo 33, apartado Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura educativa básica para las siguientes 2 décadas”.

El análisis observa que en 2017 ese fondo tuvo un monto de 21 mil 696.8 millones de pesos, y que de acuerdo con el Presupuesto, este 2018 tendrá 23 mil 442.6 millones. Es decir que las entidades federativas no necesitaban endeudarse.

“La inversión bursatilizada es cercana a los recursos [del Fondo] para los años 2017 y 2018 (45 mil millones de pesos); sin embargo, se decidió que era mejor endeudar a los estados por 25 años y que éstos pagaran una tasa de interés por los recursos garantizados en la Ley de Coordinación Fiscal”, observa el análisis del CESOP.

Y es que, destaca, la meta del programa al inicio de su creación fue invertir más de 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Escolar Nacional, para apoyar a 33 mil planteles, beneficiando así a 5.2 millones de estudiantes. Es decir, 5 mil millones menos del monto que se administra a través del Fondo.

Dispersión

Para el gobierno, el problema fue revelado por el Censo de maestros, escuelas y alumnos de educación básica y especial 2013, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Éste identifica el rezago físico de las escuelas como uno de los problemas urgentes que el sistema educativo debe atender.

Y es que el 26 por ciento de los inmuebles escolares no se había construido con fines educativos y el 2 por ciento estaba construido con materiales precarios.

Aunado a ello, según el análisis del CESOP, los recursos destinados a las entidades federativas y la Ciudad de México para el mejoramiento de la infraestructura educativa del Fondo de Aportaciones Múltiples ha mostrado que se destina a obras de poco impacto, generando con ello un cambio constante en el destino de tales recursos.

Respecto del manejo de la deuda contratada en el marco del programa Escuelas al CIEN, indica que en 2016 y 2017 “fueron entregados a los directores de las escuelas de educación básica a través de tarjetas de débito”.

El objetivo es que sean los propios directivos quienes tuvieran acceso a los recursos para realizar las reparaciones en sus escuelas. Esto implica que ellos elijan a las empresas constructoras, las cuales sólo tenían como requisito estar dadas de alta en el padrón de proveedores del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa.

Así es como se orquestan los negocios fraudulentos al amparo del poder en México. ¿O alguien puede observar beneficio alguno para las mayorías en este esquema de bursatilización de la educación pública?

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]