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Las autoridades mexicanas –en sus tres niveles y órdenes de gobierno– deben cesar el acoso y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos, consideró la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El Estado mexicano, recordaron, está obligado a garantizar la vida, la seguridad y las libertades y derechos de los defensores, en particular de los encargados de defender a las comunidades indígenas, los recursos naturales y el medio ambiente. Éstos han sido recientemente identificados como uno de los grupos especialmente vulnerables en el país.

Para la Junta, “la  situación de las mujeres defensoras es especialmente preocupante, pues suelen ser víctimas de agresiones como la difamación y campañas de desprestigio, hostigamiento y amenazas”.

Además, reiteró su respaldo y reconocimiento para aquellas personas y organizaciones dedicadas al desarrollo de estas actividades en estados como Chihuahua, Coahuila, Guerrero, donde existe un mayor riesgo.

En materia de defensa de los derechos de pueblos indígenas, puntualizó la importancia de garantizar su derecho a la libre determinación y, en ejercicio de la misma, a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales; a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de buena fe y plenamente consensuada.

Ante las agresiones que se han registrado en contra de esta población, la Junta de Gobierno instó a las autoridades a abstenerse de cometer agresiones, y a emprender iniciativas para fortalecer el estado de derecho y consolidar una cultura de respeto y garantía a los derechos humanos.

Rodrigo Ek