Los asesinatos de Timoteo Alejandro –líder del movimiento autónomo en San Juan Copala, Oaxaca– y de su esposa Cleriberta continúan impunes. El próximo 20 de mayo se cumplirán 8 años de los crímenes, ocurridos en una de las zonas más pobres del país. Quienes siguen sus ideales, amenazados permanentemente

Vive a salto de mata. El profesor Macario García Merino, de la región triqui de Oaxaca, es uno más de los hombres que han sido amenazados desde que inició el movimiento autónomo en San Juan Copala, Oaxaca, a finales de 2006. Allá, en la mixteca oaxaqueña.

En mayo próximo se cumplirán 8 años del asesinato de uno de sus compañeros y, también, uno de los principales líderes de la región, Timoteo Alejandro Ramírez, pero la resistencia a la dominación de los grupos paramilitares y de poder político continúa.

Timoteo Alejandro fue ejecutado en su propia casa, al igual que su esposa Cleriberta Castro. Vivían, junto con su familia, en la comunidad de Yosoyuxi, una de las principales en gestar la autonomía en la región.

Ahí, atendían una tienda que surtía de productos básicos a los pobladores del lugar y sus alrededores. El 20 de mayo de 2010 llegó a esa comunidad, enclavada en la serranía, un vehículo color blanco. A bordo viajaban dos hombres que se hicieron pasar por vendedores de maíz. Ofrecieron el producto a Timoteo, cuando los alimentos escaseaban por la tensión y violencia que había en la zona. Mientras uno de los hombres simulaba la descarga de maíz del vehículo, Timoteo y Cleriberta fueron ejecutados por el otro.

La disputa por el territorio y los recursos económicos que provenían del gobierno, a través de los Ramos 33 y 28, incluían emboscadas, desplazamientos, violaciones y atentados para quienes pretendían salirse del control caciquil que lideraban el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui), vinculada con el Partido Revolucionario Institucional.

Desde 2006, cuando inició la escisión del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) –encabezada por Timoteo Alejandro–, la violencia recrudeció. Grupos con armas largas asechaban a mujeres, niños y hombres. No importaba cargo, edad ni sexo.

Desde entonces, “el gobierno nos tiene ignorados y marginados porque para ciertos grupos sí hay atención y justicia, pero para nosotros nada”, dice el profesor Macario, en entrevista.

Ni él ni muchos de sus compañeros pueden permanecer por largas estancias en la zona triqui. Van y vienen de un estado a otro, cuando su economía se los permite. Acuden a la capital del país para tratar asuntos relacionados con la organización, para ellos vigente, pese a las muertes previas y las que le han seguido a Timoteo, como las de Antonio Ramírez López, Roberto Silviano Ramírez, Antonio Cruz García y Julián González Domínguez.

Asesinatos en la zona triqui

La visibilización de la violencia en la mixteca oaxaqueña se dio luego de que las locutoras triqui Felicitas Martínez y Teresa Bautista, de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, fueran emboscadas y asesinadas el 7 de abril de 2008.

A las locutoras indígenas les fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo post mortem, en la categoría Orientación y Servicio a la Sociedad. Ambas mujeres fueron promotoras de la autonomía en San Juan Copala, de los derechos humanos e indígenas en la región, así como de los derechos de las mujeres, temas que provocaron el encono de sus ejecutores y de quienes los lideraban.

Dos años más tarde, con una violencia que devino en una serie de venganzas y el desplazamiento de familias completas, la mirada de la sociedad se volcó hacia la región triqui y, en específico, al municipio de San Juan Copala, tras una nueva emboscada. El ataque fue en contra de una caravana de paz que pretendía llegar al centro ceremonial, el 27 de abril de 2010.

Un grupo paramilitar, afiliado a la Ubisort, tiró a matar a la hilera de automóviles que habían atravesado la comunidad de La Sabana. En los vehículos viajaban defensores de derechos humanos, profesores, periodistas y observadores internacionales, que pretendían llevar alimentos y medicamentos a los habitantes de la comunidad.

En la agresión fueron asesinados los promotores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jiry Jaakkola, de origen finlandés, con armas de uso exclusivo del Ejército.

Además hubo una veintena de heridos, entre ellos los periodistas de la revista Contralínea David Cilia y Érika Ramírez, así como los activistas Noé Bautista y David Venegas, quienes permanecieron desaparecidos por casi 3 días, mientras huían por la montaña.

Los asesinatos seguirían ocurriendo. Julián Domínguez fue una de las víctimas. Él también había sido desplazado de manera forzada por el paramilitarismo. Como hombre que buscaba otra forma de vida para él y su familia, muchos salieron de sus casas, dejaron viviendas, animales domésticos, sus cosechas y pertenencias.

El lunes 12 de enero de 2015, el también impulsor de la autonomía en San Juan Copala se encontraba desgranado mazorcas en su domicilio. Apenas había amanecido, cuando sus ejecutores llegaron por él en una camioneta Ford, tipo Lobo, negra. Vivía en la comunidad de La Brama Paraje Pérez, donde había encontrado refugio, junto con sus hijos y su esposa.

Quienes fueron por Julián vestían de verde olivo. Cuando llegaron al lugar, gritaron su nombre. Salió a ver qué ocurría. Uno de sus ejecutores le advirtió que si no iba con ellos, acabarían con toda su familia. Fue golpeado.

Julián dejó todo, accedió a ir con ellos bajo la promesa de que si los acompañaba él seguiría vivo. A unos 400 metros del lugar donde fue levantado, la promesa se rompió.

La autonomía

La búsqueda de la autonomía ha resultado dolorosa y sangrienta para los indígenas triquis. “Cuando inició el movimiento y nos declaramos como independientes, los recursos que se dispersaban a través de los ramos 33 y 28 fueron puntos fundamentales, porque el MULT y la Ubisort los acaparaban y no se daba a conocer a la gente su aplicación. De ahí derivó el descontento”, expone el profesor Macario García Merino.

Fueron cinco comunidades las que se deslindaron del MULT e inició la exigencia al municipio de Santiago Juxtlahuaca para que el presupuesto fuera asignado de manera transparente y proporcional.

Después de todo el movimiento, muertes, desplazamiento y orfandad que ha provocado esta división, “hemos recibido un poco más de estos recursos y trabajamos en diferentes proyectos; sin embargo, seguimos limitados por el gobierno municipal y estatal. Los recursos no han tenido incremento desde 2007 a la fecha”, expone el indígena triqui.

Macario García dice que después de que se comenzó a impulsar el movimiento autónomo, las autoridades que permanecen en la zona han tendido que “bajar” los recursos a proyectos que son elaborados por arquitectos o ingenieros y son obras que tiene que revisar el municipio, “porque nosotros no queremos acaparar esos recursos”.

“Nuestro gran delito para el MULT es exigir al Estado y eso no les conviene a ellos, porque pretenden mantener descontrolada a la gente, no le quieren informar sobre esos recursos que vienen del municipio, del estado y de la federación”, acusa.

Esta situación ha generado que las amenazas continúen y se lleven a cabo. “Como coordinadores de la organización la amenaza constante. Al interior de las organizaciones hay un gran descontento porque la gente se está dando cuenta de los trabajos que estamos haciendo como una organización diferente a ellos y se están viendo las obras”, comenta.

Víctor Castillo Pérez, representante de las comunidades autónomas fuera de la zona triqui, comenta que decenas de familias siguen sin poder regresar a su comunidad, se han dispersado y dividido para poder sobrevivir en las casas de otros familiares que viven en los poblados cercanos, distritos o la capital del país.

Refiere que a pesar de los asesinatos de Bety Cariño, Jiry Jaakkola, Timoteo, su esposa y decenas de compañeros, “seguimos en lucha”, dice el hombre que ha buscado un espacio seguro en la capital del país. Suma a la lista de triquis asesinados los nombres de sus compañeros Santiago Hernández Cruz y Antonio Martínez.

Castillo Pérez asegura que, pese a la alternancia política en el gobierno y el paso ya de tres gobernadores, desde Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y, actualmente, Alejandro Murat Hinojosa, sigue una guerra interna por el control político en el MULT.

Esto ha provocado “amenazas de ocupación y desplazamiento de otras comunidades autónomas y de la vida de los compañeros”, advierte.

Desde 2010 se ha intentado el retorno de los desplazados de San Juan Copala, y aunque en 2012 se llegó a un acuerdo para regresa, sólo llegaron a las cercanías, donde fueron asesinados Jiry y Bety. “El mismo gobierno ya no permitió el ingreso porque decía que había peligro y no se hacían responsables si se atrevían a regresar a sus casas”.

La miseria en la mixteca

No sólo la violencia domina en la región triqui de Oaxaca, la miseria predomina en cada uno de sus habitantes. En el territorio, las obras de infraestructura son escasas. Allí, quienes han logrado construir con materiales firmes sus viviendas, es porque son apoyados con el financiamiento de quienes tienen trabajo en los campos de Estados Unidos o el Norte del país.

El último registro que tiene la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Catálogo de localidades y Sistema de Apoyo para la Planeación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias ubican a San Juan Copala como una comunidad con “muy alto grado de marginación”.

Uno de los indicadores que más evidencian la pobreza de sus habitantes es que el 96.6 por ciento de la población no tenía acceso a los servicios de salud y el 66 por ciento de los habitantes no tenían ni la primaria terminada.

En Yosoyuxi, la comunidad donde fueron ejecutados Timoteo y Cleriberta, sus habitantes también padecen un grado de marginación “muy alto”. Ambas comunidades, involucradas en el movimiento autónomo, pertenecen al municipio de Santiago Juxtlahuaca, que hasta 2014 estaba contemplado en la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre que coordina la Sedesol.

Érika Ramírez

[SOCIEDAD]