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“A cualquier persona que esté privada de la libertad, sea o no culpable, se le tiene que garantizar su dignidad humana”, expresó María Sirvent, coordinadora institucional de la organización Documenta, al referirse a la aprobación de la sentencia de amparo que busca garantizar una estancia digna para las personas recluidas en cárceles de la Ciudad de México.

El pasado 3 de abril, en conferencia de prensa, se dieron cita las asociaciones civiles Documenta e I(dh)eas, para anunciar el reconocimiento que obtuvieron por parte del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en un litigio que duró tres años y medio sobre la protección a los derechos humanos de la población en prisión.

En la mesa estuvieron presentes además de Sirvent, Roberto Cortés, abogado de Documenta; Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas, y Gabriela Carreón, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Los tres coincidieron en que este hecho permite ganar terreno a las organizaciones civiles en materia de juicios de amparo, al reconocer su figura dentro de estos.

“Es un camino para que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) ahora cuenten con un papel más protagónico en la protección de la dignidad humana. Algo que garantiza seguir un proceso conforme a los más altos estándares tanto nacionales como internacionales”, dijo Carreón.

Al final de la conferencia instaron a las autoridades a que no dejen el tema de lado y que frente al eventual cambio de gobierno éste debe considerarse como un tema de agenda. “Las personas privadas de la libertad tienen principios conforme a la Constitución y uno de esos principios es el de la dignidad”, concluyó el director de I(dh)eas.

Vega Romero Fabián