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La reforma energética vulnera los derechos humanos de los mexicanos, en particular los económicos, sociales, culturales y alimentarios, concluye el Informe alternativo sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, elaborado por organizaciones y redes de la sociedad civil. Señala que con la aprobación de esa normativa en tiempo récord, así como la ausencia de consulta durante el proceso, el Estado mexicano incumplió el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Las organizaciones autoras del informe –entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y la Alianza Mexicana contra el Fracking– denuncia que en los últimos años el gobierno mexicano ha centrado sus esfuerzos en la realización de “reformas estructurales” y medidas legislativas que son contrarias a la protección de los derechos de los ciudadanos.

El carácter preferente de las actividades energéticas, la imposición de obligaciones a autoridades locales, la opacidad en la información y las sanciones contra quienes se oponen a proyectos energéticos, son algunas de las formas mediante las que la reforma energética vulnera los derechos humanos.

A través de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, la reforma asigna prioridad a la exploración y extracción de petróleo, y a la transmisión y distribución de energía eléctrica, sobre cualquier otra actividad que implique  el uso de la superficie y el subsuelo de los terrenos. La realización de los derechos humanos queda limitada por la imposición de proyectos energéticos, a pesar de su impacto negativo o de la oposición de los pobladores.

En ambas leyes se establece la responsabilidad de las instancias públicas para dirimir problemas de negociación de terrenos en favor de los proyectos energéticos, además se exenta del pago de impuestos a las empresas en determinadas situaciones, limitando los recursos destinados a los estados y municipios.

Por otro lado, la reforma genera obstáculos para que las comunidades que protegen el territorio y la población en general tengan acceso a la información. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, contraria a la Ley General de Transparencia, oculta información de interés público sobre actividades extractivas, bajo el argumento de la Seguridad Nacional.

De igual forma se obstaculiza el acceso a la justicia a los afectados por los proyectos energéticos. El artículo 105 de la Ley de Hidrocarburos establece que los proyectos tienen carácter de cosa juzgada, por lo que solo se les puede oponer un juicio de amparo. Esto implica que los proyectos no podrán ser detenidos aunque supongan violaciones a los derechos humanos y degradación del ambiente.

Alba Olea