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Ha sido tan deficiente y encubridor el trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que hasta la renuncia de su presidenta Ximena Puente fue desechada por el Senado de la República por tener imperfecciones en la redacción y en la forma del escrito.

Esta abogada colimense que asumió desde hace casi 4 años la presidencia del Inai –responsabilidad que requiere además del conocimiento de leyes, autonomía y honestidad para transparentar la información gubernamental en beneficio de la sociedad–, presentó su renuncia el mismo día que el partido en el poder –el Revolucionario Institucional– la postuló como candidata plurinominal a la Cámara de Diputados.

Ahora entendemos porque tantas resoluciones del Inai han impedido que conozcamos casos de malos manejos presupuestales del gobierno federal, y la nominación al Congreso de Puente no es más que el “pago de favores” por parte del PRI-gobierno a la comisionada presidenta.

Otro dato que confirma la sospecha del conflicto de intereses de Puente es la inmediata defensa que hizo el candidato presidencial del partido en el gobierno, José Antonio Meade, sobre la todavía presidenta del Inai, al señalar como hipócritas y condenables las críticas en contra de Puente, al regatearle su independencia.

Uno de los muchos casos que hay sobre el encubrimiento del Inai a servidores públicos involucrados en operaciones irregulares, fue cuando el pleno de ese órgano de “transparencia” determinó a finales del año pasado que no podía entregar información a un solicitante sobre el gasto hecho por Petróleos Mexicanos de 275 millones de dólares para producir urea en su planta de Agro Nitrogenados, bajo el ardid de que en dicha operación financiera “no se había utilizado dinero público”.

Precisamente la responsable de esa aberración jurídica fue la comisionada presidenta Ximena Puente, quien en su calidad de ponente propuso al pleno desechar la petición ciudadana con el argumento de que Pemex pasó de ser una paraestatal a una “empresa productiva del Estado”.

Ante tal determinación, las filiales de Pemex se convierten en compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público y en consecuencia se determinó que le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal, y por tanto son confidenciales los avalúos que se hicieron a la planta de Agro Nitrogenados y la población no puede conocerlos.
Ha sido precisamente el sector petrolero uno de los más protegidos por el Inai para impedir que los mexicanos conozcamos qué se hace y cómo se maneja esa deteriorada industria que, según el propio presidente de la República, se terminó con la gallina de los huevos de oro, en clara referencia al declive de los yacimientos y de la producción petrolera.

Hace unos meses escribía en esta columna sobre un expediente penal que involucra al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en supuestos actos ilícitos con la empresa brasileña Odebrecht, de cuyos directivos, unos presos y otros bajo programa de protección de testigos en Brasil, habían declarado ante la justicia de ese país suramericano haber otorgado sobornos a integrantes del gobierno federal del gabinete de Enrique Peña Nieto.

Mientras que en varios países como Brasil y Perú han habido renuncias y detenciones como consecuencia por la colusión de funcionarios públicos con Odebrecht en negocios corruptos, en México se sigue un lento proceso que hace sospechar que estamos ante uno de los muchos grandes casos de corrupción gubernamental, pues prácticamente todas las empresas privadas que hacen negocios con Pemex son sometidas a un esquema de pago de comisiones para que les otorguen millonarios contratos, ante la complacencia de los órganos de control y vigilancia del gobierno.

Es también esa misma línea de encubrimiento e impunidad que ha seguido el Inai en torno a la industria petrolera para evitar que los mexicanos conozcamos datos de operación de Pemex, ahora bajo el argumento de que ya no es una empresa paraestatal, sino una “empresa productiva del Estado”, por lo que según los consejeros de ese Instituto ya no está sujeta al derecho público y en consecuencia tampoco está obligada a proporcionar información sobre su operación.

Es decir, ahora resulta que los recursos de infraestructura y de inversión que tiene Pemex son “fondos privados” y no están sujetos al escrutinio público porque, según el propio Inai y la misma empresa petrolera, ya no es una empresa paraestatal.

Fue con la entrada en vigor de la reforma energética que Pemex cambió de estatus y ya no es una empresa del Estado, lo que le permite ejercer con discrecionalidad recursos que son obtenidos del petróleo y el gas que se obtiene del subsuelo mexicano.

El abuso del poder combinado con el cinismo ha llevado a la corrupción a niveles inimaginables en el país, por lo que la tarea principal del próximo presidente de la República será combatirla para poder acabar con la impunidad.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]