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Autoridades estatales y federales criminalizan a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) porque ésta es la única capaz de enfrentarse al crimen organizado, considera el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El objetivo del acoso, explica Abel Barrera, director de ese Centro, es mandar un mensaje en contra de las comunidades indígenas que han logrado organizarse contra la delincuencia y han encontrado formas de articulación para defender sus derechos.

Durante la consulta “Criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos: propuestas de acción para la prevención y protección”, Barrera indicó que la Policía Comunitaria se encarga de proporcionar seguridad y proteger los derechos a la libre asociación de los pueblos indígenas, ante la falta de protección por parte del Estado.

Guerrero es considerada una de las entidades más violentas del país, donde operan varias células y pandillas del crimen organizado.

Otras luchas

La CRAC-PC no sólo aborda temas de seguridad, sino que acompaña otros procesos organizativos de los indígenas. De acuerdo con el antropólogo Abel Barrera, su papel ha sido fundamental en varios procesos de lucha, como el caso de San Miguel del Progreso y los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que se oponen a la minería.

El costo de este acompañamiento ha sido caro. El caso del policía comunitario  Arturo Campos Herrera lo ilustra. Y es que el defensor comunitario na savi permaneció privado de su libertad injustamente hasta diciembre de 2017, considera el Centro.

“Su permanencia por más de 4 años en prisión preventiva por un delito que no cometió mostró la saña del gobierno en su contra y la prevalencia de un sistema de justicia incapaz de incorporar en su operación la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”, mencionó Barrera.

Además de la Policía Comunitaria, los pueblos indígenas de Guerrero han establecido otras formas de prevención y protección, como la reelaboración de sus estatutos comunales, la creación de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio y la reactivación de las asambleas agrarias.

Aseneth Hernández