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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) citó a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR) al periodista Joaquín López Dóriga y a Javier Tejado Dondé, por haber éstos ejercido las libertades de prensa constitucionales, al ofrecer información relacionada a la participación de Tecnoradio en la licitación de 37 frecuencias de radio, aparentemente sin la debida legalidad; lo que hace sospechosa de fraude a esa empresa. Y se presenten o no dichos periodistas a declarar como testigos, claramente implica una inquisición judicial, pues no porque comenten que no hubo transparencia en la licitación de las mencionadas frecuencias y hasta hayan suscrito críticas al procedimiento, han de ser llamados a declarar judicialmente; porque corresponde a la PGR realizar la indagatoria, formular el expediente –o lo que ahora llaman: carpetas– para consignar el asunto ante un tribunal competente.

Pero por ningún motivo deben ser convocados los periodistas, ya que no son parte del problema. Y menos el IFT dárselas de fiscal ni nada parecido para gestionar semejante procedimiento contra López Dóriga y Tejado Dondé, porque ellos únicamente informaron y cuestionaron la licitación radiofónica. Esto se llama inquisición judicial contra el derecho a la información; es decir, a buscarla y publicarla en el contexto de la “inviolable libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”. Esto es lo que legitiman, como legalidad, los Artículos 6 y 7, de la vigente Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, para la jurisdicción de la capital del país, la Constitución Política de la Ciudad de México.

El que el Instituto Federal de Telecomunicaciones haya pedido a la PGR citar a los periodistas, ha sido uno más de los abusos que cínica e impunemente ha cometido este órgano constitucional. Siendo éste el que debe integrar su demanda y respetar incondicionalmente las libertades de prensa, para no confundir la gimnasia con la magnesia. Por lo que debemos decir que semejante actitud ha sido más que una tontería, pues demuestra que los integrantes del IFT no tienen asesoría jurídica; o si la tienen, es un claro uso y abuso de atribuciones y facultades, queriendo apoyarse en la información y crítica periodística, cuando el IFT debe contar con su trabajo interno y presentarse ante la PGR para enfrentar a la demandada, que es Tecnoradio, sin implicar a los periodistas como “testigos”. Pues una vez más debe quedar bien claro: López Dóriga y Tejado Dondé solamente basaron su información en hechos, y la dieron a conocer a la opinión pública que tiene, asimismo, derecho a ser informada por la prensa en ejercicio de sus libertades con arreglo al imperio de la Ley Constitucional.

Así que no cabe la menor duda, el atrevimiento del Instituto Federal de Comunicaciones es suficiente para exhibirlo como una institución que pisotea los Artículos 6 y 7 constitucionales, queriéndolos llevar como sus testigos; pues repetimos, esa instancia debe tener su órgano jurídico y si sus abogados no ignoran el imperio de la ley, éstos deben realizar su investigación para testimoniar sus alegatos contra la empresa de telecomunicaciones que, presuntamente incurrió en abusos y fraudes. Pero nunca y de ninguna manera usar la información periodística como elemento de prueba. Y por ningún motivo querer sustentarse en ella. Lo que es muy cierto es que al citar a los periodistas, pretende inhibir la publicación de información pe-rio-dís-ti-ca y ejercer la crítica.

Ha cometido el Instituto Federal de Telecomunicaciones un abuso por el que debe ser sancionado penalmente. Pues al interponer una denuncia ese instituto nunca debió haber incluido en ella el hecho de que la PGR citara a los periodistas como sus testigos. Estos no son empleados ni parte del conflicto. Son periodistas. Y punto. Así las cosas, fue necesario que ellos no se presentaran y que protestaran; protesta que fue secundada por otros periodistas conscientes de la maniobra que el IFT pretendía llevar a cabo. Por lo que es urgente tener en la mira de la crítica al IFT, para que no vuelva a cometer tal atrevimiento en el ejercicio de su tarea. En este caso, el desarrollo de la investigación de la empresa Tecnoradio al concursar para obtener frecuencias de FM, cuando ha salido a la luz pública que tiene relación empresarial con 84 radiodifusoras.

Y de antemano preciso, si el IFT me quiere citar por lo aquí comentado, informado y criticado, sepa que a ningún precio asistiré, porque solamente estoy ejerciendo las libertades de prensa, como las que ejercieron Joaquín López Dóriga y Javier Tejado Dondé.

Álvaro Cepeda Neri

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: DEFENSOR DEL PERIODISTA]