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Grandes empresas del sector agropecuario falsificaron documentación para recibir ayuda de programas sociales. Tan sólo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria recibieron irregularmente más de 300 millones de pesos. “Los montos desviados pudieron privilegiar otros programas sociales en zonas marginadas”, señala la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta que agroempresas mexicanas alteran su documentación fiscal para obtener recursos de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Estas acciones, podrían causar un boquete a las finanzas públicas de 302 millones 731 mil 600 pesos.

El máximo órgano de fiscalización del país ya había exhibido, informe tras informe, diversas anomalías en la dependencia que encabeza el político priísta José Calzada Rovirosa; desde la entrega de apoyos a funcionarios de la propia dependencia (Contralínea http://bit.ly/2DuUeOD), hasta la falta de mecanismos de control para dispersar los dineros del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol.

Desde el principio este programa fue dirigido a la “burguesía agropecuaria”, ya que en los padrones de productores beneficiarios han estado los grandes productores. “Se perdieron los beneficios para el pequeño productor y se orientó a los grandes agroempresarios”, dice Antonio Medrano, secretario técnico del Frente Auténtico del Campo (FAC).

El dictamen del más reciente al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria es contundente, la Sagarpa: “no cumplió con la normativa establecida, toda vez que se constató que los beneficiarios del programa presentaron documentación presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, tanto del subsidio como de su propia aportación por 128 millones 421 mil 300 pesos…”.

Además, no presentaron la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos y, en algunos casos, se constató que no se han concluido las obras o las acciones de los proyectos por 174 millones 310 mil 300 pesos.

El máximo órgano de fiscalización del país señaló que la se ha desempeñado en un marco de conductas “irregulares”, durante los últimos años, registradas en la aplicación de subsidios de supuestos beneficiarios.

Entre las supuestas anomalías, se han presentado documentos bancarios alterados o comprobantes fiscales de proveedores no localizados para la comprobación de los recursos y para simular la acreditación de los proyectos, por los que la ASF presume la inexistencia de las operaciones.

“Los resultados relevantes de la fiscalización demostraron no sólo su obtención irregular, también su aplicación a fines distintos del programa, cuyo objetivo es impulsar la productividad y competitividad en el sector agroalimentario mediante incentivos para la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico que garantice a la población el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Los montos desviados pudieron privilegiar otros programas sociales en zonas marginadas para atender diversas demandas sociales”, señala.

Agroempresas en la mira

La auditoría forense 16-0-08100-12-0296 expone a seis agroempresas beneficiadas con recursos públicos, que obtuvieron 59 millones 155 mil 500 pesos. En el análisis de los recursos, se encontraron irregularidades en los movimientos bancarios y en la certificación de los proyectos, lo que podría significar un daño al erario.

“La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes, exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público”, enfatiza la ASF.

Los hechos de corrupción son efecto de que el gobierno mexicano ha abandonado el campo y la responsabilidad de garantizar a toda la población el derecho a una alimentación sana y nutritiva. El problema de fondo es que desde hace más de 20 años, abandonó, también, la producción interna para depender de las importaciones de alimentos de Estados Unidos, Canadá y otros países. Actualmente México está importando el 45 por ciento de los alimentos, dice Víctor Suárez, asesor de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo.

Carnes de Cerdo de Yucatán, SA de CV, fue la empresa que mayores recursos recibió en subsidios, con 19 millones 855 mil 500 pesos. Entre las observaciones de la ASF se expidió el recurso para la construcción de una planta empacadora de carne selecta de cerdo. Al realizar la visita domiciliada, los encargados de realizar la auditoría encontraron siete naves tipo industrial, las cuales se encuentran ocupadas en la producción de cerdo, “es decir, corresponden a una granja de producción porcina, que es diferente de la planta empacadora autorizada”.

“En la visita se solicitó al representante legal de la empresa proporcionara los estados de cuenta bancarios donde se reflejaran los ingresos de sus aportaciones, así como la aplicación de los recursos federales, pero no los entregó, por lo cual se inició el procedimiento de multa. Asimismo, se realizaron visitas domiciliarias a tres de sus proveedores los cuales no fueron localizados”, dice el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.

Los Zacatecos, S de SS, empresa que ha estado vinculada a un supuesto fraude en la compra de frijol, recibió 10 millones de pesos, para la construcción de una planta procesadora de este alimentos de frijol y subproductos. El 26 de octubre de 2017, la ASF realizó una visita domiciliaria al beneficiario, y constató que la maquinaria no está instalada, pues “manifestó que se está construyendo una nave industrial anexa a la existente, con el fin de poder instalarla; sin embargo, dicha modificación no está en el proyecto y no forma parte de las inversiones a las que se comprometió”. Además no presentó la autorización de la instancia ejecutora para realizar dichos cambios.

Información del diario Reforma indica que esta empresa ha estado bajo la lupa de la propia Sagarpa, pues no cumplió con las normas establecidas para el uso de recursos públicos, en medio de una crisis en la producción de frijol en Zacatecas, donde se ubica la empresa.

Otros 10 millones le fueron entregados a la compañía Productores Agropecuarios del Ejido de El Quemado, SPR de RL, para para la construcción y equipamiento de un centro de acopio, empaque y transformación industrial de mango. Sin embargo, en el análisis de los movimientos bancarios, la ASF detectó la cuenta en ceros y movimientos que no correspondían a las operaciones adecuadas.

Para respaldar el uso de los recursos, la empresa presentó dos facturas por 6 millones 500 mil pesos, no obstante que el costo total del proyecto era de 16 millones 571 mil 400 pesos, “sin embargo, no presentó el pago correspondiente de las mismas, de lo cual se desprende que no realizó ninguna erogación con recursos propios y en consecuencia debió restituir el subsidio en términos de las reglas de operación”.

Originaria de Guanajuato, El Tecolote de Irapuato, SPR de RL, obtuvo de la Sagarpa subsidios por 9 millones 600 mil pesos para la construcción de macro túneles. Al respecto, la ASF detectó irregularidades en el manejo de la cuenta de depósito, “por lo que se presume que la información presentada por el beneficiario para comprobar su disponibilidad está alterada”. También, constató mediante los estados de cuenta bancarios, “que utilizó los recursos federales en fines distintos”.

Los auditores de la ASF realizaron una visita domiciliaria a la empresa, el 28 de septiembre de 2017, donde se obtuvieron las facturas de los proveedores que supuestamente realizaron la obra y se adquirieron los equipos, “de los cuales no se proporcionaron los pagos respectivos, ni se localizaron en los estados de cuenta proporcionados por la instancia gubernamental; además, los bienes supuestamente adquiridos [tráiler y montacargas, mesas de trabajo] son usados y no corresponden a los autorizados”. La empresa tampoco entregó la documentación requerida por los auditores.

La empresa Centro Ecoturístico de la Montaña, AC, recibió 5 millones 700 mil pesos para la ampliación, construcción y equipamiento del centro ecoturístico de la montaña para la producción de trucha arcoíris, en Ixtlahuaca, municipio de Zapotitlán Tablas, Guerrero. Al respecto, en el análisis del estado de cuenta bancario obtenido de la instancia gubernamental no se localizaron los movimientos que respaldaran la operación de los apoyos gubernamentales.

El beneficiario presentó tres facturas por un total de 3 millones 679 mil pesos, no obstante que el costo total del proyecto era de 9 millones 445 mil 700 pesos, sin embargo, no presentó el pago correspondiente de las mismas, de lo que se “desprende que no realizó ninguna erogación con recursos propios y en consecuencia debió restituir el subsidio en términos de las reglas de operación”.

Destiladora Santa Virginia, SA de CV, recibió subsidios por 4 millones de pesos, con el supuesto fin de llevar a cabo el proyecto estratégico (de impacto regional) y así fortalecer la productividad y competitividad de productores de agave azul Tequilana Weber en los Altos de Jalisco. Sin embargo, al momento de revisar los movimientos bancarios, relacionados con este apoyo, los auditores determinaron que los movimientos de cargo y abono “no coinciden entre sí; por lo que se presume que la información presentada por el beneficiario está alterada”.

La ASF instó a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) instruya a quien corresponda para auditar a las empresas y a sus proveedores, para constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, “debido a que simularon operaciones con beneficiarios de subsidios otorgados por Sagarpa, ya que facturaron servicios que no fueron realizados; los equipos o infraestructuras facturados ya existían y, en otros casos, no fueron localizados”.

Simulaciones bancarias

El documento de la ASF enfatiza que 10 1empresa realizaron simulaciones bancarias con el fin de obtener los apoyos federales, lo que podría haber ocasionado un daño al erario por 36 millones 557 mil 806 pesos. También solicitó a las autoridades hacendarias fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones.

Entre las que mayores recursos obtuvieron se encuentra Productores y Comercializadores Agrícolas del Sur de Sinaloa, SA de CV, que obtuvieron 4 millones de pesos, “de los que no hay evidencia de las aportaciones realizadas ni de la comprobación de facturas”.

Le sigue Simbotica Agropecuaria Poblana, SC de RL de CV, subsidiada con 3 millones 732 mil 500 pesos para infraestructura y equipo para proceso de granos, de la que la Auditoría presume alteración en sus cuentas bancarias.

La Auditoría también presume la alteración de documentos, de la empresa Grupo de Productores del Campo de Atotonilco, SPR de RL de CV, a quien se le entregaron 3 millones 643 mil 100 pesos.

Soda Bioindustrias, SPR de RL, recibió recursos por 3 millones 454 mil 500 pesos para la construcción y equipo de planta de alimentos; en este caso, el beneficiario presentó cinco facturas en las cuales no se identificaron los pagos en los estados de cuenta bancarios proporcionados por la instancia gubernamental, “de lo que se desprende que no realizó sus aportaciones a que se comprometió”.

Impacto social

La auditoría forense –que se realiza en los casos que se presumen actos de corrupción– deja claro que las irregularidades detectadas tiene un impacto en la sociedad: “la recurrencia en el desvío de los recursos públicos destinados a programas sociales, propicia impunidad, corrupción y atenta contra los derechos humanos; trunca y arruina las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor”, dice el documento de la ASF.

En su análisis, enfatiza que la corrupción “altera la ejecución del gasto público, orientándolo hacia actividades proclives a sobornos, abuso del poder, el uso indebido de atribuciones, cohecho, falsificación entre muchas conductas que se han determinado en la auditoría.

“El esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman parte del expediente de los supuestos beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación”, indica el máximo órgano de fiscalización del país.

Contralínea solicitó a la Sagarpa una entrevista para saber qué mecanismos de control se implantarán luego de los hallazgos de la Auditoría. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCCIÓN: SOCIEDAD]