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En unos días inician formalmente las campañas electorales (aunque la población lleva meses de aguantar un bombardeo de mentiras, promesas y guerra sucia entre partidos y candidatos) y un tema que concentra la atención y en el cual coinciden por lo menos en el discurso los tres candidatos con partido y los tres aspirantes independientes es acabar con la corrupción.

Para la mayoría de los aspirantes presidenciales hablar de corrupción es sólo un eslogan de campaña que les permita sumar adeptos, sobre todo entre la población de jóvenes que aún están indecisos de por quién votarán, tal y como ocurrió con el panista Vicente Fox Quezada cuando, en busca de llegar a Los Pinos, emprendió una campaña y su discurso principal fue luchar contra la corrupción, pero al llegar a la Presidencia no sólo olvidó su compromiso sino que él, su esposa Marta Sahagún y los hijos de ésta se dedicaron a llenar los bolsillos con dinero público.

Es tan grave el problema de la corrupción gubernamental, que éste ha sido el factor fundamental por el cual el candidato de centroizquierda de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, avanza muy por arriba de sus adversarios políticos en las encuestas presidenciales, a quienes aventaja entre 15 y 20 puntos, distancia que parece imposible de perder siempre y cuando no haya fraude electoral.

Esa amplia ventaja se explica porque la población ya no está temerosa, sino muy encabronada porque la burocracia sigue robándose el dinero público, más aún cuando se trata de los fondos que deben destinarse a programas sociales, como los abusos y tropelías de Rosario Robles al frente de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Según las encuestas que buscan interpretar la voluntad de las mayorías que saldrán a votar el 1 de julio, sería Andrés Manuel López Obrador a quien el próximo sexenio le toque combatir esa corrupción que lacera a la sociedad, por lo que si se le da el beneficio de la duda habrá que esperar a que llegue a la Presidencia de la República para que cumpla sus promesas y empiece a reconstruir el tejido social ahora destruido.

Ante tal pronóstico electoral, la alta burocracia corrupta y los empresarios cómplices, así como los intelectuales orgánicos al servicio del sistema (ya saben quién), se han dedicado a denostar a los aspirantes presidenciales que no les garanticen más impunidad y nuevos negocios con dinero público mal habido.

Hasta ahora es evidente que todos los sectores sociales en el país han sido infectados por el cáncer de la corrupción, incluidas nuestras Fuerzas Armadas, pues hasta allí han llegado las acusaciones de sobornos, contratos mal habidos, cobro de comisiones, chantajes y abusos de fuerza y de poder.

Ahora mismo el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, debe conocer una denuncia empresarial en contra del nuevo oficial mayor de la Sedena, general de división Eduardo Emilio Zárate Landero, y de su asesor el coronel Efraín Montesinos Santiago, a quienes proveedores señalan de pedir supuestamente comisiones de hasta el 25 por ciento, para otorgarles contratos de obras y servicios.

Se trata de tres denuncias presentadas respectivamente en la Presidencia de la República, en la Procuraduría General (PGR) y en la Secretaría de la Función Pública (SFP), en donde despacha la abogada Arely Gómez.

En una de esas quejas de los empresarios que prestan servicios a la Defensa y que contiene el sello de recibido en la SFP con fecha del 2 de marzo de 2018, se afirma lo siguiente:

“Maestra Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública:

“Por medio de la presente me dirijo a usted por este medio ya que somos un grupo de empresarios que estamos impactados con el grado de corrupción que existe en la SEDENA, ya que cabe mencionar que esta carta es por la necesidad URGENTE de que se tomen acciones en concreto para detener estos actos de corrupción y extorsión, lo que le cuento a continuación es lo que lamentablemente está pasando, yo en lo personal soy un empresario dedicado al sector médico y área farmacéutica en general, quiero mencionar que llevo años trabajando con gobierno en especial con SEDENA siempre dando un excelente servicio y cumplimiento con todo, jamás he tenido problemas, sin embargo hace un par de meses cuando el nuevo oficial mayor tomó cargo en su puesto en SEDENA, para ser más precisos el general de División Eduardo Emilio Zárate Landero, me empezó a solicitar el 25% de comisión para autorizarme contratos, y no solamente a mí, sino que también a otros colegas empresarios, con los cuales tuvimos una reunión y llegamos al acuerdo que esto ya es insostenible, esto es porque es una extorsión constante por parte del General de División hacia nuestras empresas y hacia nosotros como personas, mencionando además que ese dinero es para el señor Presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto, siendo esto falso porque todo el dinero se lo queda él.

“Hoy en día las prestaciones económicas de este señor son insaciables, siendo que además nos menciona que por ser GENERAL es intocable y que o le entramos o le hagamos como queramos y que si se nos ocurre quejarnos habrá más consecuencias muy negativas o nefastas hacia nuestras empresas o persona, siendo el caso que dicho GENERAL nos amenaza diciendo que es amigo del Presidente de la República y del Secretario de Defensa Salvador Cienfuegos o quien no dé esa cuota hará todo lo necesario para sacarlos de la licitación, por lo anteriormente expuesto solicito su ayuda y apoyo para que abran las correspondientes investigaciones a efecto que castigar los hechos anteriormente mencionados y se llegue hasta las últimas consecuencias a quienes resulten responsables de hacer negocios ilegales en el gobierno así como extorsionar y cometer abusos, somos un grupo de empresarios que estamos ya inconformes y sólo queremos que se haga justicia [sic]”.

Esa carta-denuncia mal redactada revela en el fondo un grave problema del que muchos hablan pero que nadie se atreve a investigar, por tratarse del principal órgano de defensa de la seguridad nacional, que es la corrupción en la Sedena.

Veremos ahora si tal señalamiento entregado en las oficinas de la contralora Gómez tiene algún efecto y si antes de que concluya la actual administración (escasos 8 meses) se toman las medidas necesarias para frenar la corrupción o simplemente, como se ha hecho en los últimos años, se deja pasar la denuncia para que todo siga igual.

En busca de una respuesta de la Defensa ante tal acusación, se pidió hablar con el oficial mayor Zárate Landero, pero su jefe de ayudantes, el mayor Alberto Aguilar, explicó después de 1 semana de espera que no darían versión alguna porque “el general anda muy ocupado”, y dijo que es el área de prensa la encargada de atender esos temas.

En la SFP explicaron que ante una denuncia contra algún servidor público, la queja se turna ante el Órgano Interno de Control, en este caso el de la Sedena, en donde se analiza si hay elementos suficientes para abrirle un expediente al general Zárate, e iniciar las investigaciones correspondientes. Situación que al final del sexenio debería llamar la atención de su jefe, el general Cienfuegos.

[Oficio de papel]

Miguel Badillo