Para derrocar al gobierno de Maduro, Estados Unidos continúa respaldando a la milicia y la ciudadanía opositora; además, con sus sanciones, empeora la situación económica y aumenta el sufrimiento del pueblo venezolano. Sus amenazas ahora alcanzan al petróleo, al pretender bloquear las ventas internacionales

Caracas, Venezuela. El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y su gobierno son blancos del más brutal ataque y cerco desplegado por el imperio de Estados Unidos y aliados para borrar dicho ejemplo de la faz de la tierra.

Abocados a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, los venezolanos enfrentan una intensificación de los esfuerzos estadunidenses para cambiar el régimen de gobierno por el que optaron en los últimos casi 20 años.

Ahora, luego de años de enfrentamientos, intensificados desde que el presidente Barack Obama firmara el 8 de marzo de 2015 un decreto presidencial que coloca a Caracas como “una amenaza inusual y extraordinaria” contra la seguridad de Estados Unidos, la administración de su sucesor, Donald Trump, trata de sabotear las elecciones.

A 3 años de esa acción son pocos los que creen que esta nación suramericana sea una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Washington, idea expuesta para crucificar a todo un pueblo y someterlo a agresiones de todo tipo, en especial de corte económico.

Las evidencias son muchas, las denuncias ya no caben. Se recurre a todas las vías para derrocar al gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro, le entorpecen el camino; lo más reciente fue torpedear su asistencia a la VIII Cumbre de las Américas que se realizará en abril próximo en Lima, como antesala de las elecciones del 20 de mayo.

Al menos ese pareció el tema de un diálogo telefónico sostenido el 8 de marzo último entre Trump y el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dispuesto a obedecer los mandatos de su amo norteño.

Es de conocimiento para el mundo que en las últimas semanas, el gobierno de Trump redobló sus esfuerzos a favor de un “cambio de régimen”, según sostiene Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research, CEPR) en Washington.

En el pasado, el mismo Trump incluso habló de una acción militar como una posible opción, pero las movidas más recientes parecen tener más probabilidades de ser implementadas, y algunas de éstas ya están en marcha, advirtió Weisbrot.

Denuncias de medios de prensa sostienen que funcionarios estadunidenses dijeron a Henri Falcón, el principal candidato opositor a las próximas elecciones presidenciales, que el gobierno de Trump consideraría sanciones financieras contra él si se lanzaba a la carrera presidencial.

Resulta evidente que en el plan de la Casa Blanca está el respaldo a la decisión de la principal coalición opositora, la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), de boicotear las elecciones, algo escrito a carrera en el libreto diseñado para atacar la patria de Simón Bolívar.

En un análisis de la situación venezolana, el investigador del CEPR señala que es el senador republicano de Florida, Marco Rubio, quien determina la política de Washington hacia Venezuela.

Tal vez, agregan observadores, es el premio que Trump le dio luego de las duras cachetadas propinadas durante las primarias republicanas estadunidenses para buscar la butaca presidencial.

Rubio, un senador de línea dura defensor de un familiar con presuntos vínculos con el narcotráfico, no apoya una solución electoral o negociada en Venezuela; por el contrario, es abanderado de los que apuestan a la fuerza, como demostró el 9 febrero.

Ese día respaldó un golpe militar cuando tuiteó: “El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si deciden proteger al pueblo y restaurar la democracia removiendo a un dictador”.

Semejante respaldo abierto por parte de Washington a un golpe militar contra un gobierno electo –antes de que ocurra el golpe– es algo atípico, por decir lo menos, en pleno siglo XXI, señala Weisbrot.

Agrega que además del apoyo a la fuerza, la estrategia Rubio-Trump parece estar enfocada en empeorar la situación económica y aumentar el sufrimiento hasta tal punto que sean las Fuerzas Armadas o los elementos insurreccionales de la oposición quienes se levanten y derroquen al gobierno.

En esa dirección se enfilan las sanciones financieras que Trump ordenó el 24 de agosto de 2017 y que privaron a Venezuela de miles de millones de dólares de posibles préstamos, además de ingresos, incluso aquellos provenientes de su propia compañía petrolera en territorio estadunidense, Citgo. Las “sanciones” empeoraron la escasez de medicinas y alimentos, en una economía que ya sufre una inflación alrededor de 3 mil por ciento anual y una depresión que cuesta cerca del 38 por ciento del producto interno bruto a este país.

Al parecer eso no es suficiente para vencer la tenacidad de los morochos y ahora se habla de un castigo colectivo más feroz al establecer un bloqueo a las ventas internacionales de petróleo.

Ese plan estadunidense afectará sus intereses en materia de refinación petrolera y obligaría a la Casa Blanca a utilizar reservas estratégicas de combustibles para evitar reacciones adversas de los usuarios del mercado más consumidor del mundo.

Este esfuerzo, para algunos desesperado, se inscribe para tratar de derrocar a un gobierno que difícilmente puede ser visto como una amenaza real, a la vez que es interpretado como el intento de preservación del botín representado por las mayores reservas petroleras probadas del mundo.

El directivo del CEPR también aborda un asunto llamativo cuando afirma que “nadie puede pretender que el gobierno de Trump se preocupa por elecciones justas en América Latina”.

La elección en Honduras el 26 de noviembre fue robada, y hasta el cercano aliado de Washington que dirige la Organización de Estados Americanos, el secretario general Luis Almagro, hizo un llamado para realizar nuevos comicios, ejemplo que pone al desnudo el afán de Washington de presentarse como el gran defensor de la llamada democracia mundial.

Sobre ese tema cabe señalar que en los procedimientos electorales en Venezuela, en las dos últimas décadas nunca existieron dudas legítimas con respecto al conteo de boletas, gracias a la adopción de un sistema de votación altamente seguro, verificable y completamente auditable en sus diferentes etapas, algo que Washington trata de desconocer y critica.

En realidad la estrategia de la Casa Blanca parece encaminada al fracaso, en especial su orientado boicot a acudir a las urnas.

Al respecto, hasta los sondeos realizados por consultoras inclinadas hacia la derecha plantean que la acción fracasará; la encuestadora Datanalisis y Torino Capital encontraron que un 77.6 de los electores del país dicen que acudirán al ejercicio.

El llamado a abstenerse sólo recibió el apoyo del 12.3 por ciento, lo que en cierta forma pone más tensa la situación y hace presagiar un peleado enfrentamiento entre Maduro y Falcón, aunque la balanza parece inclinarse hacia los rojos de la izquierda.

Por otra parte, llama la atención que pese a los empeños de Washington y su cohorte interna en Venezuela, la Revolución bolivariana no está sola como indica la Declaración de Caracas, la cual resume la solidaridad mundial de encuentros en esta capital los días 5, 6 y 7 de marzo.

Ese texto repudió “enérgicamente la gravísima escalada de agresiones contra la democracia y la soberanía de Venezuela por parte del gobierno guerrerista de Donald Trump, los poderes corporativos globales y el aparato industrial militar del imperialismo estadunidense”.

Asimismo señaló que “la opción militar contra la Revolución bolivariana se encuentra dentro la estrategia y la doctrina geopolítica estadunidense para el siglo XXI”, algo que los voceros de Trump propagan abiertamente.

El foro alertó que “una agresión militar a Venezuela provocaría en la región una crisis de dimensiones históricas y de incuantificables e impredecibles efectos humanos, económicos y ecológicos”.

¿Está Washington dispuesto a pagar ese precio?, es la pregunta cuya respuesta está por verse.

Luis Beatón/Prensa Latina

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