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El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 4, Noroeste, es conocido popularmente como El Rincón. En él se ha recluido a narcotraficantes y secuestradores pero también a guerrilleros y luchadores sociales. Ha sido señalado en reiteradas ocasiones por violar los derechos humanos de los internos. Está ubicado en las afueras de la ciudad de Tepic, capital de Nayarit.

Es uno de los 18 penales de “máxima seguridad” que administra el gobierno federal: 16 Ceferesos, el Complejo Penitenciario Federal Islas Marías y el Centro Federal de Readaptación Psicosocial. Todos están a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob), a través, específicamente, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que –entre otras irregularidades– en el Cefereso de El Rincón el gobierno federal ha derrochado, sin ningún beneficio, 122 millones y medio de pesos. La auditoría financiera y de cumplimiento 16-5-04D00-02-0019, practicada al reclusorio federal, está contenida en el Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2016, cuyo dictamen se emitió el 26 de enero pasado.

Las irregularidades detectadas pertenecen al rubro Tecnologías de Información y Comunicaciones, en el cual el OADPRS erogó –en conjunto, en todos los penales federales– 1 mil 177 millones 782 mil 500 pesos sólo en 2016. La ASF revisó únicamente una muestra de 487 millones 783 mil pesos. Ahí pudo comprobar las irregularidades por los 122 millones 551 mil 300 pesos. Es decir, en más del 25 por ciento de lo revisado se detectaron las anomalías. Se trata de obras que no tienen ningún uso.

En la auditoría se señala que el gobierno federal (en específico, el OADPRS) celebró un jugoso contrato multianual, por adjudicación directa, con la empresa Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, mejor conocida como ICA. El documento tuvo una vigencia del 31 de enero de 2012 al 15 de marzo de 2017. El objeto formal del acuerdo fue “prestar los servicios integrales de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones” para el Cefereso 4.

Todo el contrato tuvo en valor de 2 mil 340 millones 229 mil pesos. En 2016 se pagaron 280 millones 610 mil 900 pesos. La ASF pudo constatar que la OADPRS, dependiente de la Secretaría de Gobernación, no contó con “un procedimiento formal” que aplicara el Cefereso “para la recepción, revisión o validación, aceptación de los entregables y facturas por los servicios realizados por el proveedor”.

Por ello, ICA pudo entregar los servicios sin la documentación específica que estaba obligada a proporcionar, como las certificaciones por parte del fabricante del equipo del personal de soporte técnico, la certificación de la correcta ejecución del trabajo y el plan de actualización del equipo tecnológico.

Además, la ASF no encontró evidencia de que la empresa contratada hubiera capacitado al personal del Cefereso y de la Policía Federal para que pudieran hacer uso de los sistemas electrónicos de seguridad, informática, telecomunicaciones y equipo de soporte a la operación de la infraestructura tecnológica existente. Es decir, no se capacitó a los servidores públicos para que supieran utilizar lo adquirido.

No fue lo peor, desafortunadamente. Auditores de la ASF realizaron una visita a El Rincón, el Cefereso 4, para ver directamente en qué condiciones se encontraban los “servicios” adquiridos. La inspección se llevó a cabo durante los días 22 y 23 del noviembre pasado. De manera sorprendente, la ASF reporta:

“En la vista realizada se identificaron equipos de los Módulos 15, 16 y 17; Aduana de Vehículos, Aduana de Personas, Servicios Generales y Necesidades Especiales que se encuentran instalados y funcionando; sin embargo, no se han aprovechado los servicios ya que desde diciembre de 2015 no se tiene población en esas áreas. Por lo tanto, se estiman pagos en exceso por 122 millones 551 mil 300 pesos.”

Vaya torpeza. Se instalaron equipos que cuestan más de 122 millones en áreas que no se necesitan, pues han cambiado de función. Por ello, la ASF no tuvo duda en emitir una “promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria” contra los servidores públicos que “en su gestión no verificaron el cumplimiento de las obligaciones [de la empresa] derivadas de la celebración del contrato OADPRS/DGA/S/014/2012”. El órgano de fiscalización concluye que Prevención y Readaptación Social de la Segob “no administró, vigiló ni validó el cabal cumplimiento el contrato”.

Además, la ASF no duda en alertar de “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Púbica Federal” por un monto de 122 millones 551 mil 300 pesos. Se refiere a los equipos que no se utilizan ni aprovechan.

Y todo porque el organismo desconcentrado “no administró los recursos financieros con sujeción a las políticas y normatividad establecidas”, ni aplicó estrategias y métodos de trabajo para el ejercicio presupuestal asignado, ni verificó siquiera que la erogación de recursos tuviera en cuenta las necesidades y requerimiento de cada área.

El problema de la sobrepoblación en las cárceles, incluyendo las federales, no es ni mucho menos un secreto. El colmo es que se adquieran equipos y, por negligencia, se instalen donde no hay población y no se necesitan. Una pequeñísima muestra de lo que fue la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y de lo que es el agonizante gobierno de Peña Nieto.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]