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En medio de un escándalo político más mediático que legal sobre el supuesto involucramiento del candidato presidencial panista Ricardo Anaya en operaciones de lavado de dinero, la Procuraduría General de la República (PGR) ha cometido por lo menos dos graves irregularidades que hacen ver este caso como un vil asunto político para frenar las aspiraciones de Anaya y posicionar mejor al candidato priísta José Antonio Meade, quien hasta ahora se mantiene en el tercer lugar de las encuestas para la Presidencia de la República.

Una de esas irregularidades tiene que ver con las constantes filtraciones de información que han salido del expediente judicial que la PGR debería mantener en total secrecía, en donde se sigue un proceso penal en contra del empresario Manuel Barreiro Castañeda, quien efectivamente sostuvo negocios con Anaya en operaciones por 54 millones de pesos, lo que ha aprovechado el Ministerio Público Federal (MPF) para exhibir ante la prensa datos y videos de interrogatorios y de procedimientos ministeriales. Lo cual es violatorio de la ley.

De las filtraciones que deberían ser investigadas –porque representan un delito penal cometido por los servidores públicos que tienen bajo su resguardo el expediente ministerial– destacan los interrogatorios grabados en video a dos testigos colaboradores de la PGR y propietarios de un despacho de asesoría financiera, en donde se declaran confesos de recibir instrucciones y planear una operación de blanqueo de recursos que les habría entregado otro de los principales implicados, Manuel Barreiro Castañeda, quien para evitar su posible detención huyó a Canadá y se amparó para no tener que declarar ante el MPF.

La segunda irregularidad es precisamente que ambos testigos de la PGR se declaran confesos de cometer el delito de blanqueo de capitales y a pesar de ello son dejados en libertad, cuando el MPF debió detenerlos y someterlos a proceso penal.

En esos interrogatorios, los dos testigos acusan que Barreiro les dijo que el dinero que deberían triangular para evitar conocer su origen era para Ricardo Anaya, hecho que de ser cierto los convierte sólo en “testigos de oídas”, sin validez judicial, pues Anaya nunca se reunió con ellos para planear o entregarles el dinero que se tenía que lavar.

No es la primera vez que el gobierno federal utiliza al abogado de la nación para fines político electorales, pues finalmente el procurador general de la República es un empleado más del presidente en turno; tampoco sería nada extraño que este supuesto acoso judicial en contra del candidato panista termine una vez que pase la contienda electoral y para julio próximo, es decir dentro de 4 meses, la PGR cierre el expediente que presuntamente involucra a Ricardo Anaya.

Por su parte el candidato panista y su abogado han tratado de explicar de muchas maneras que no es responsable de algún delito, mucho menos el de blanqueo de capitales de procedencia ilícita, y en esto ambos también tienen razón, pues para que se pueda tipificar el delito de lavado de dinero primero debe probarse que hay dinero sucio, es decir procedente de alguna actividad ilícita. Hasta ahora esto no lo ha podido comprobar el MPF y se ha dedicado a filtrar la información más como una acción mediática para afectar al aspirante presidencial de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en lugar de armar un expediente penal con la secrecía que se requiere.

Aún más, de acuerdo con el Artículo 400-bis del Código Penal Federal, que regula el blanqueo de capitales, para cometer este delito, la persona involucrada debe tener “conocimiento de que [los recursos que recibe] proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con algunos de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita”.

Y hasta ahora la PGR no ha presentado prueba alguna de que Ricardo Anaya estuviera enterado o hubiera participado en la planeación de lavado de dinero que ejecutaban supuestamente Barreiro y los dos asesores financieros, así que aunque sean procesadas estas personas relacionas con operaciones ilícitas, no significa que Anaya esté involucrado.

Sin duda que estamos frente a un delito complicado y difícil de probar, pues así lo demuestran las estadísticas de la propia autoridad en cuanto a las personas sentenciadas como lavadores de dinero, a pesar de que los órganos responsables de reunir evidencias de este delito, como son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, han presentado muchas denuncias ante la PGR.

Pero para el candidato panista éste no es el único problema que enfrenta; también lo es su negación a la vieja y estrecha relación que tiene con el “prófugo” Manuel Barreiro Castañeda, pues ambos han sido compañeros de escuela y tienen nexos amistosos familiares. Sin embargo, Anaya insiste en que no tiene relación con Barreiro, cuando se han publicado fotografías en la prensa que revelan lo contrario.

En los próximos días nueva información confirmará esa estrecha relación. Se trata de un video en donde se ve al aspirante presidencial panista bailar durante la boda precisamente del mismo Barreiro. Se le ve sonriente y disfrutando del convivio con su amigo.

La información del video que se guarda en el expediente ministerial fue proporcionada por la secretaria del propio Barreiro, quien ante agentes ministeriales decidió colaborar con las indagatorias a cambio de impunidad.

Sobra decir que aún con esos videos y fotografías que confirman la estrecha relación, eso no hace culpable a Anaya de lavado de dinero, pues para que pueda acusársele de este delito la PGR tiene primero que reunir pruebas de ello y lo que hemos visto hasta ahora éstas no existen o simplemente no las han encontrado.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]