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El presupuesto en Cuba asegura una redistribución equitativa de la riqueza y preserva el sostenimiento de servicios básicos gratuitos. Y aunque el país debe reducir el déficit fiscal, el gobierno se compromete a no hacerlo a costa de cerrar escuelas y hospitales, o despedir masivamente funcionarios

La Habana, Cuba. Este país necesitará unos 11 mil 700 millones de pesos cubanos (con paridad al dólar) para financiar el déficit fiscal previsto para 2018, un monto que los expertos consideran alto, pero sustentable en el tiempo e imprescindible por la naturaleza del gasto.

Según la Ley del Presupuesto del Estado, aprobada por el Parlamento, la demanda financiera anual está compuesta por la previsión de un déficit fiscal máximo de 11 mil 725 millones de pesos (la nueva deuda) y la amortización de créditos anteriores con vencimiento este año, ascendentes a 4 mil 24 millones de pesos.

¿Cómo el país cubrirá la brecha entre ingresos y gastos presupuestarios? ¿Qué justifica la aprobación de un déficit fiscal que será equivalente del 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)? ¿Por qué el Presupuesto entregará más de 15 mil 590 millones de pesos al financiamiento de producciones del sector empresarial? ¿La nación estará hipotecando su futuro?

A partir de estas y otras interrogantes, Prensa Latina conversó con el director general de Ejecución [presupuestaria] del Ministerio de Finanzas y Precios, Jesús Matos.

Los datos evidencian, comentó, que el Presupuesto no podrá cubrir con sus ingresos los objetivos de política fiscal trazados para 2018; por tanto, se recurrirá a captar financiamientos mediante la emisión de bonos soberanos.

En conjunto, el financiamiento del déficit fiscal para equilibrar el Presupuesto, más la amortización de deudas con vencimiento este año requerirán una demanda financiera equivalente al 23 por ciento de los gastos presupuestarios planificados, explicó.

Sólo por concepto de servicio de la deuda (el costo del dinero recibido por préstamos), el Presupuesto de 2018 erogará 2 mil 370 millones de pesos; es decir, el 6 por ciento de los gastos previstos en la actividad presupuestada, refrendó la ley.

Toda la demanda financiera será gestionada mediante la emisión de Bonos Soberanos de la República de Cuba. De esa suma, engrosará a la deuda pública el déficit fiscal, indicó Matos.

Durante los últimos años, evaluó, el alza del déficit ha respondido fundamentalmente al incremento de los gastos corrientes para subsidiar producciones que sustituyen importaciones.

A escala internacional, es práctica habitual que los Estados expidan títulos de valor, que pueden ser comprados por personas naturales y jurídicas tanto nacionales como extranjeras. Pero en el caso nuestro, precisó Matos, la ley presupuestaria acota que los Bonos Soberanos de la República de Cuba sólo pueden ser adquiridos por el sistema bancario nacional, incluidos bancos comerciales y otras instituciones financieras bancarias. Este mecanismo se aplica a la deuda interna del Presupuesto del Estado, aclaró.

Los tenedores de esos títulos-valor, comentó, tienen derecho a negociarlos con otras entidades del sistema bancario, lo que les permite, ante necesidades de financiamiento, recuperar el capital invertido o parte de él.

También el emisor puede rescatar los bonos de las manos de los tenedores ante excesos de liquidez que ameriten la operación, señaló el especialista, quien apreció la fortaleza jurídica de la deuda soberana como contrato especial de derecho financiero público por medio del cual el Estado obtiene recursos sujetos a reembolsos futuros.

De conformidad con la ley, la emisión de deuda se adquiere por el sistema bancario nacional con un 2.5 por ciento de interés anual, lo que resulta atractivo para quienes aportan el capital, pues los riesgos de la deuda soberana son menores; el Estado garantiza siempre el pago a tiempo y en la cuantía convenida, sostuvo el entrevistado.

Por ejemplo, señaló, un préstamo por 20 millones de pesos, pagaderos en 5 años a una tasa de interés del 2.5 por ciento, genera intereses aproximadamente por 1 millón 500 mil pesos y el Estado desembolsa en ese periodo 21 millones 500 mil pesos a favor del tenedor del bono soberano en cuestión.

Para captar el dinero proveniente de los préstamos, el Ministerio de Finanzas y Precios mantiene un contrato con una institución bancaria cubana que, en calidad de agente, se ocupa de estructurar la deuda, emitir los bonos soberanos y colocarlos en el mercado interbancario nacional, explicó.

Ese banco gestiona el financiamiento, pero no se capta de una sola vez, sino en periodos mensuales o más cortos, en dependencia de las necesidades de financiamiento de las cuentas de la Tesorería del Estado para cubrir el posible déficit en cada momento.

En 2017, corroboró el directivo, el Presupuesto no ejecutó toda la demanda financiera inscrita en la ley, pues hubo ingresos superiores a los planificados.

Según detalló, el endeudamiento del Estado cubano contempla plazos de amortización de hasta 20 años, por lo que “las generaciones futuras tendrán la responsabilidad de honrar tales compromisos”.

En opinión del funcionario, ello remarca la obligación de reducir el déficit fiscal mediante el aumento de los ingresos provenientes de la riqueza creada en el país y la eficacia en la utilización de las partidas de gastos presupuestarios.

Tanto las generaciones presentes como las futuras, estimó, soportarán los gastos del empréstito (servicio de la deuda), por cuanto son recursos de los contribuyentes que no se destinan al gasto social aunque en el plano conceptual, observó, hay visiones discordantes sobre el tema.

De acuerdo con el economista, las amortizaciones de la deuda pública son establecidas a largo plazo, pues el dinero para los pagos deberá salir de la renta producida por las propias inversiones que financió el presupuesto en infraestructuras y esferas sociales.

El comportamiento de la deuda pública en Cuba, aseveró, es objeto de distintas mediciones en relación con el crecimiento económico, la sostenibilidad y las restricciones presupuestarias, que sirven de base para la planificación por etapas del presupuesto.

En países con predominio de la economía de mercado, suele acudirse a las restricciones del gasto público de diferentes formas con el propósito de obtener los recursos para honrar el endeudamiento del Estado, poniendo a segundo plano las consecuencias sociales de los recortes, recordó.

Contrario a tales prácticas, distinguió, el presupuesto en Cuba asegura una redistribución equitativa de la riqueza y preserva el sostenimiento de servicios básicos gratuitos y universales en esferas como salud, educación, cultura, deportes y asistencia social.

El 85 por ciento de los ingresos para sufragar los gastos presupuestarios en 2018 provendrá del sector estatal de la economía, de ahí la relevancia de luchar por la eficiencia empresarial, la disciplina tributaria y el control máximo de los recursos públicos, sopesó.

En el día a día, hay que trabajar por reducir el déficit fiscal, pero en nuestro caso, expresó, nunca será a costa de cerrar escuelas y hospitales, de dejar sin fondos a instituciones culturales o acudir al despido masivo de trabajadores públicos, al estilo de las recetas neoliberales aplicadas en no pocas partes del mundo.

De manera teórica y práctica, añadió, defendemos la idea de que el empréstito debe estar dirigido a la inversión productiva capaz de garantizar a futuro los recursos para amortizar las deudas contraídas.

Por tal razón, el presupuesto de 2018 proyecta más de 15 mil 590 millones de pesos para financiar al sector empresarial, lo cual representará un alza del nueve por ciento en relación con la ejecución estimada en 2017.

Ello propiciará el incentivo de producciones agropecuarias e industriales a fin de sustituir importaciones o fortalecer rubros exportables, pues será rentable para la nación el ingreso o el ahorro en divisas que reporten, valoró el experto.

Entre los surtidos agropecuarios, ilustró, figuran arroz, frijoles, maíz para alimento animal, carne de cerdo, miel de abeja, café, azúcar, carbón vegetal y leche fresca.

Las transferencias al sector estatal también denotan la vocación humanista del presupuesto en Cuba: este año, dijo Matos, se destinarán unos 3 mil millones de pesos para mantener los precios módicos de los productos que conforman la canasta básica familiar con carácter normado.

Ese subsidio, valoró, garantiza que las empresas comerciales reciban los ingresos correspondientes a sus ventas, aun cuando la población paga un precio mucho menor por los productos que componen la canasta protegida.

Ello incluye cárnicos, leche, azúcar, pan, arroz, granos, huevos y combustibles domésticos, entre otros renglones, aunque el suministro por esa vía sólo cubre una parte de las necesidades mensuales de los hogares.

Otra importante subvención para el beneficio directo de los ciudadanos está relacionada con la electricidad, lo cual permite mantener tarifas muy inferiores a los costos productivos.

Havana, Cuba

Durante 2018, ejemplificó Matos, el presupuesto entregará 627 millones de pesos para cubrir la diferencia entre el costo de la generación y el cobro por el consumo eléctrico.

Todos los Estados se endeudan, pero hay notables diferencias entre la realidad cubana y las economías de mercado de carácter neoliberal, apuntó.

En muchas partes, argumentó, el déficit fiscal está dado por deudas internas y externas, lo que permite a los acreedores presionar con los pagos y las tasas de interés. Ante tales exigencias, insistió, los gobiernos acuden a medidas de choque: despido masivo de empleados públicos y recortes severos de los servicios básicos.

“Aquí no se hace nada de eso para reducir la brecha fiscal; nosotros, enfatizó, buscamos soluciones por la vía de la eficiencia en la economía, en la utilización de gasto y el control del presupuesto.”

Defendemos la necesidad del déficit asociado al despliegue de la esfera productiva, porque significa búsqueda de desarrollo para la economía nacional, recalcó.

Si el endeudamiento por el déficit fiscal en Cuba lo enfrentamos todos los ciudadanos, entonces –sintetizó– “la sociedad en su conjunto debe conocer que la administración financiera eficiente disminuye las cargas de deuda futuras”.

María Julia Mayoral/Prensa Latina

[LÍNEA GLOBAL]

 

Contralínea 578 / del 19 al 24 de Febrero 2018

 

 

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