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En México, hacer una crítica incluso mínima a la administración federal podría convertirte en blanco de espionaje: conversaciones privadas sostenidas por teléfono, correos y mensajes electrónicos son permanentemente vulnerados por la autoridad.

Y es que la violación a la privacidad se comete arbitrariamente en todo tipo de comunicaciones (telefónicas, radiotelefónicas y digitales); así como en correos electrónicos, mensajería de texto, chats (tanto de correos como de redes sociales, como Facebook y Twitter), conversaciones establecidas por medio de aplicaciones (Skype, Whatsapp, BBM, Facetime, Tango, Fring, Telegram), y abarca incluso a aquellas que están cifradas.

Y es que los agentes del Estado –incluidos militares– utilizan recursos públicos, primero, para adquirir la más avanzada y poderosa tecnología –incluidos software maliciosos– y, luego, para intervenir todas las plataformas en las cuales sus blancos se comunican.

En este contexto, encriptar las conversaciones o realizar “navegaciones seguras” en internet no impide a los funcionarios enterarse de todo lo que se transmite por esas vías, incluido material íntimo; pues la tecnología que posee el gobierno es de tal nivel que rompe con eficacia las medidas de seguridad que una persona común puede tener a la mano.

Más aún, los aparatos electrónicos que cotidianamente utilizamos –teléfonos móviles, tabletas, computadoras e incluso televisores– se vuelven cámaras y micrófonos totalmente disponibles para la autoridad, abiertos las 24 horas para dar un seguimiento puntual a todas nuestras actividades.

Esa tecnología es capaz de monitorear las pláticas que se sostienen cara a cara y monitorear a las personas en sus ámbitos más privados, como el hogar. Como lo ha revelado Contralínea, los elementos del Ejército tienen la capacidad tecnológica de “ver” y “escuchar” a través de las paredes, con sus sistemas tácticos de imágenes y sonidos.

Lo peor es que esos recursos de espionaje (como la plataforma Pegasus) les permiten vigilar a miles de personas al mismo tiempo. Y aunque este recurso altamente invasivo y violador del derecho a la privacidad requiere de la autorización judicial, la realidad es que se emplea de forma ilegal y masiva.

Las víctimas de estos abusos ni siquiera se dan cuenta, lo que genera, además, un ancho margen de impunidad.

Crimen organizado, el pretexto

Por años, el supuesto combate al crimen organizado ha sido el pretexto esgrimido por el gobierno para hacerse de estas herramientas altamente invasivas y autoritarias.

Pero el crimen organizado resulta que no es el principal blanco de los aparatos de espionaje civil y militar, sino que es la sociedad organizada e incluso la misma clase política y la élite más poderosa del país.

Quienes en redes sociales hacen críticas a la administración también reciben atención de los espías. Ejemplo de estas arbitrariedades son los casos de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, documentados por la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Citizen Lab, de la canadiense Universidad de Toronto.

Casos que, por cierto, permanecen impunes y que apenas son botón de muestra de las miles de personas que son monitoreadas indiscriminada e ilegalmente.

Espionaje legal

El gobierno priísta de Enrique Peña pasará a la historia como uno de los que más recurrió al espionaje para “controlar” a la sociedad, puesto que el uso legal de sus plataformas de vigilancia no es realmente su prioridad.

Y hablando de lo que sí realizan legalmente, resulta que en 2017 las autoridades investigadoras presentaron ante los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones y Juzgados de Distrito Especializados en Medidas Cautelares y Control de Técnicas de Investigación 1 mil 182 solicitudes de intervenciones de comunicaciones.

El Consejo de la Judicatura Federal agrega que también se pidieron 622 requerimientos a concesionarios, algo estrechamente vinculado al monitoreo de conversaciones privadas; 116 autorizaciones de cateos, 15 de arraigos y seis solicitudes de información.

Entidades federativas también espían

Lamentablemente, el espionaje que se realiza en México no sólo se ciñe al gobierno federal: las entidades federativas también lo hacen.

Ejemplo de ello fueron las acusaciones contra el panista Rafael Moreno Valle, hechas por un exfuncionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, presuntamente contratado para espiar a políticos y luchadores sociales no sólo de Puebla sino del resto del país.

Y como en el caso federal, los estados también echan mano de la ley para intervenir conversaciones de supuestos criminales. Según la Judicatura, son 179 usuarios de procuradurías y fiscalías generales estatales los que están autorizados para operar el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del cual se piden ese tipo de autorizaciones.

En 2017, esos usuarios solicitaron 3 mil 54 intervenciones de comunicación, 1 mil 716 autorizaciones de requerimientos a concesionarios de telecomunicaciones, 796 solicitudes de información, 115 cateos, siete arraigos y una inmovilización de cuentas y/o valores del sistema financiero.

Esto demuestra que los gobiernos federal y estatales se inclinan cada vez más por el espionaje en vez de investigar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y las “amenazas” a la seguridad nacional. Y lo más grave es que a quienes espían no es a los delincuentes, sino a la sociedad civil.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

 

Contralínea 575 / del 29 de Enero al 03 de Febrero 2018