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A finales del año pasado comentábamos en esta columna un caso de supuesta corrupción que investigan el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por la “desaparición” o “extravío” de varias ambulancias.

El entonces auditor Juan Manuel Portal daba seguimiento a la ejecución de dicho contrato y en cuyo expediente (auditoría número 1797-DS, convocada por el director general de Auditoría Financiera Federal “C” de la ASF) aparecen varios nombres de funcionarios supuestamente involucrados en un posible daño patrimonial en contra de esa institución. Se trata del subdirector de Infraestructura, Juan Carlos Larrieu Creel, y su subalterno, el jefe de Servicios de Medicina Especializada y Hospitalaria de la Dirección Médica del ISSSTE, doctor Edilberto Jiménez Rendón.

Aunque aseguran que el OIC en el ISSSTE prepara algunas inhabilitaciones, lo cierto es que no se han tomado las medidas necesarias para combatir la corrupción en esa institución de salud, de la cual su titular José Reyes Baeza prepara maletas para ir en busca de una curul al Senado de la República y en Los Pinos ya se manejan algunos posibles sustitutos, entre los que están el ya conocido Luis Antonio Godina, vocal ejecutivo del Fovissste y quien en este mismo gobierno ocupó la secretaría general del ISSSTE, en donde acumuló quejas y denuncias por parte de proveedores por la asignación de contratos de bienes y servicios en favor de empresas que no cumplían con la normatividad, además de algunas acusaciones por supuestos sobornos para la adquisiciones de contratos.

La investigación por el robo de ambulancias se inició cuando algunas empresas se inconformaron ante el OIC en el ISSSTE por el otorgamiento de dicho contrato a las empresas Arrendamóvil de México, SA de CV, y Casanova Vallejo, SA de CV, y en la denuncia exponen la desaparición de seis ambulancias, por lo que también tuvo que intervenir la ASF para llevar a cabo una exhaustiva auditoría y poder identificar a los presuntos responsables.

Hasta el momento se han descubierto supuestos beneficios otorgados a proveedores (se menciona a la empresa Dewimed) para la adquisición de equipo médico e inmobiliario, los cuales ingresaron a los almacenes del ISSSTE sin las autorizaciones de compra ni las remisiones y procedimientos respectivos.

Para la Auditoría se trata de una maquinación de fraude en el que participan empresas proveedoras de servicios médicos coludidas con funcionarios del ISSSTE. Pero esto todavía tendrá que probarse. Por ejemplo, una adquisición de equipo médico y mobiliario ocurrida en este 2017 se intentó regularizar meses después sin contar con toda la documentación de compra, pero lo más grave es que se pagó anticipadamente la totalidad de los contratos.

De acuerdo con las investigaciones, hay acuerdos de funcionarios del ISSSTE con empresas privadas (Inovamedik, Impromed y Dicipa) para agilizar los oficios de liberación de servicios integrales, a fin de poder liquidar las facturas de los contratos. El asunto es tan delicado, que fue despedida la jefa de Servicios de Sistemas de Salud, doctora Citlali López Ochoa, quien también estaba bajo las órdenes del subdirector Juan Carlos Larrieu.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

 

Contralínea 574 / del 22 al 27 de Enero 2018