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Una de las primeras decisiones del nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, fue remover de inmediato al director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Ímaz Gispert, quien sin experiencia alguna en materia de inteligencia y seguridad se sostuvo en el cargo desde el arranque del gobierno de Enrique Peña Nieto, por capricho del ahora exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong.

Con la permanencia de Ímaz en los primeros 5 años del actual gobierno, el principal órgano de seguridad nacional de México se mantuvo a la deriva; una tendencia que siguió en los últimos 17 años, por lo que en este lapso México careció de un instrumento de inteligencia eficaz que le permitiera combatir los principales riesgos que enfrenta el país, como por ejemplo el crimen organizado.

Desde que el entonces panista Vicente Fox asumió la Presidencia de la República, la incapacidad, el despilfarro y el derroche en el Cisen se mantuvieron hasta el gobierno de Felipe Calderón, a quien lo que menos le importaba era la seguridad de la nación: utilizó la estructura de ese centro de inteligencia para espiar a sus adversarios políticos, líderes sociales, periodistas críticos y movimientos estudiantiles, como el llamado Yo soy 132.

Esa  crisis en la seguridad nacional aumentó en la actual administración priísta con el nombramiento de Ímaz Gispert. Por eso es un acierto su remoción inmediata, aunque el nuevo director general, Alberto Bazbaz, trae a cuestas su renuncia a la Procuraduría del Estado de México en 2010 por aquel escandaloso caso de la muerte de la niña Paulette, ampliamente publicitado por los medios y que hasta la fecha se le critica por el pésimo resultado de la investigación.

Sin embargo, en su último encargo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Bazbaz fue más eficaz y cientos de denuncias se presentaron ante las procuradurías Fiscal de la Federación y General de la República en contra de presuntos lavadores de dinero, defraudadores y miembros del crimen organizado. Un trabajo tan importante que debería ser una de las acciones principales del gobierno federal para frenar los flujos de dinero sucio, y con ello reducir la capacidad de financiamiento de los cárteles del narcotráfico; pues con ese dinero corrompen a las distintas autoridades de gobierno.

Aunque es un movimiento tardío, Bazbaz debe aprovechar los 11 meses que le quedan a la actual administración para dar resultados en ese órgano de inteligencia, más aún cuando estuvo varios años en la UIF y eso le permite tener toda la información necesaria para reducir los elevados niveles de corrupción, violencia y lavado de dinero.

El Cisen arrastra los constantes desmantelamientos en los gobiernos panistas de Fox y Calderón, quienes convirtieron a ese órgano civil destinado a preservar la seguridad nacional en un vil centro de espionaje. En los últimos 3 sexenios ese centro de investigación ha visto disminuida su responsabilidad de defender la integridad, independencia y soberanía del territorio nacional.

En los 5 años de la actual administración de Peña Nieto no sólo no supo o no quiso reordenar esa área de inteligencia fundamental para el gobierno federal, sino que nombró a un titular carente de méritos y capacidades para atender las prioridades de la seguridad nacional, lo que dio paso a un desorden administrativo, un gasto desmesurado y a una operación descontrolada que aprovecharon coordinadores y agentes para hacer negocios independientes y convertirse en informantes al servicio de intereses privados.

A pesar de todas esas deficiencias, lo que no se reduce es el enorme presupuesto que gasta el Cisen. Por ejemplo, en 2017 ascendió a 2 mil 823.45 millones de pesos, cantidad nada despreciable si se considera que esa dirección general de la otrora inteligencia civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, utiliza casi la totalidad del recurso (90.64 por ciento) para el gasto corriente y el resto (9.36 por ciento) al gasto de capital, ante lo cual su labor ha sido convertida en un vil centro de espionaje en contra de los movimientos sociales y sus líderes, a quienes intervienen teléfonos, internet y redes sociales, mientras que la inseguridad, la violencia y la violación a la privacidad por parte de gobiernos estatales o empresas privadas está en auge.

Así se explica el último escándalo de espionaje denunciado hace varias semanas por un exagente del Cisen, Raúl González Vázquez, quien acusó al exgobernador poblano Rafael Moreno Valle de destinar millones de pesos del presupuesto estatal para armar una red de espionaje en contra de altos funcionarios del gobierno federal, incluido el presidente Peña Nieto y el ahora exsecretario de Gobernación, Osorio Chong; así como adversarios políticos y hasta miembros de su propio partido.

La denuncia investigada supuestamente por la Procuraduría General de la República señala que Moreno Valle habría gastado 3 millones de dólares en un sofisticado sistema de intercepción de llamadas telefónicas y otros 14.9 millones de pesos en aparatos que permiten clonar números de teléfono para tener acceso a su información y que sirven además de micrófonos. A esto se suma el gasto en casas de seguridad y salarios de los operadores.

Ante esas graves acusaciones, Moreno Valle dijo desconocer a Raúl González Vázquez y añadió que éste nunca trabajó en su administración. Además, señaló que el exagente era un delincuente confeso, pues reconoció haber sido contratado para realizar un trabajo ilegal de espionaje.

Después de esos días de tensión por tan grave señalamiento en contra de un exgobernador y la aportación de “pruebas” en su contra, como algunas grabaciones ilegales, la actividad política del exmandatario se redujo considerablemente, sobre todo si consideramos que antes del escándalo aparecía permanentemente en espacios noticiosos de radio y televisión y en portadas de revistas, sin descontar que sus aspiraciones presidenciales se acabaron.

Así, con un presupuesto superior a los 2.8 mil millones de pesos anuales y una voluminosa nómina de 3 mil 500 empleados de confianza, el Cisen es operado por 40 mandos superiores que perciben salarios mensuales de entre los 160 mil y 200 mil pesos, más un bono por riesgo adicional equivalente al 30 por ciento de sueldo.

A pesar del enorme gasto que representa para las finanzas públicas ese órgano de seguridad nacional, en los últimos 17 años, periodo en el que el Partido Acción Nacional ocupó la Presidencia 2 sexenios y lo que lleva Peña Nieto al frente, se convirtió en una institución gris en su desempeño y en un barril sin fondo en su gasto público. Esto debe cambiar y Bazbaz sólo tiene 11 meses para lograrlo.

Miguel Badillo

[Oficio de papel]

 

Contralínea 574 / del 22 al 27 de Enero 2018