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Más de 7 millones padecen algún tipo de discapacidad. Sólo un organismo es el encargado de toda la política pública federal para este sector. Rebasado, apenas logró integrar el primer padrón. Mientras, los discapacitados permanecen aislados de la educación y sin acceso al mercado laboral

Isela Osterroth/Érika Ramírez

La población discapacitada en México es un sector que se ha convertido en “un tema de gran importancia”, para generar políticas públicas en el país, dice en entrevista la doctora Mercedes Juan López, directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Y es que de acuerdo con el informe La discapacidad en México, datos al 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay 7 millones 751 mil 677 de personas discapacitadas, 6.6 por ciento de la población, que merecen atención del Estado.

En esta sentido, la Conadis trabaja en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que podría heredarse a la siguiente administración como el primer padrón del país en esta materia.

Justo en mayo de 2011 fue aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que mandata la creación de un organismo como el Conadis.

Su objeto principal: “reglamentar en lo conducente, el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.

El Consejo, como organismo público descentralizado, fue sectorizado en la Secretaría de Salud (Ssa), en un  primer momento y, para enero del 2013, se emitió un decreto para llevarlo a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Originalmente y por muchos años, explica Mercedes Juan, “se ha tratado el tema de las personas con discapacidad como un tema de salud, que sí lo es por la rehabilitación de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea motora, sensorial o intelectual o psicosocial; pero ha habido un cambio de paradigma: que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, como lo establece el Artículo 1 de la Constitución, las mismas obligaciones y deben ser tratados de la misma forma que una persona que no tiene discapacidad”.

Este “cambio de paradigma”, de un modelo médico asistencialista a un modelo de derechos humanos, llevó a que se sectorizara el Conadis en la Sedesol, misma que actualmente atiende todo el ámbito integral de una persona: el desarrollo social.

“Hablamos de salud pero también de inclusión en la educación, laboral, de accesibilidad, deportiva, de recreación, cultura, justicia social y de armonización legislativa en todos los ámbitos”, dice la directora del Conadis.

Discapacidad, tema incorporado al discurso político

A partir de 2006, México adoptó un discurso promotor de los derechos de los discapacitados e impulsó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Uno de los principales promotores en ese momento fue Gilberto Rincón Gallardo, entonces presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en las postrimerías del gobierno de Vicente Fox.

Esta Convención establece, en su artículo 4, “que los países que se unen a la convención se comprometen a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación”.

Acorde con ello, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 contempla 313 líneas de acción en este sentido y el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instaló el Sistema Nacional de Salud para Personas con Discapacidad, como lo señala la propia Ley.

Entre los objetivos que platea el Programa Nacional se encuentran: tratar a las personas con discapacidad como cualquier ser humano, otorgar acceso a los servicios de salud para su rehabilitación, educación inclusiva, accesibilidad, accesibilidad laboral y, por último, participación, justicia social, concientización y sensibilización del tema de personas con discapacidad.

La política mexicana al respecto debe armonizarse con las directrices que establece la Convención de la ONU y, ahora, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, transversales en el tema de discapacidad.

El cruzamiento de objetivos, explica Mercedes Juan, “nos llevan a hacer esa coordinación y seguimiento de las políticas públicas enfocadas a las personas con discapacidad, a través del sistema presidencial”.

La Sedesol –encabezada por Luis Miranda Nava– ha firmado convenios de coordinación con los gobiernos de los estados para promover el cumplimiento de las directrices. “La administración pública federal puede dictar, establecer políticas y en las  reglas de operación de sus programas ver el tema de las personas con discapacidad, pero si los gobiernos de los estados o el gobierno municipal no se compromete, difícilmente se va a poder cumplir”, comenta la directora de Conadis. Hasta el momento han firmado 26 estados.

Algunas entidades de la República tienen organismos específicos que se dedican a la coordinación de la gestión de la política pública de las personas con discapacidad y los temas se desarrollan a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de los estados.

“Conadis es un organismo pequeño”, expone su directora. A pesar de ser el único organismo que desarrolla la política del gobierno federal hacia las personas con discapacidad, no cuenta delegados en los estados. “Pero el secretario Miranda ha dado instrucciones para que los delegados de Sedesol apoyen al organismo”, justifica Mecedes Juan.

Educación y trabajo, los desafíos

Dos de los rubros que se consideran desafíos en este organismo son el de la educación y el del mercado laboral. El artículo 24 de la Convención de la ONU señala que “los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación adecuados. Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille. La educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad”.

Al respecto, Mercedes Juan afirma que la Secretaría de Educación Pública tiene un programa piloto que inició en este ciclo escolar 2017-2018, para ser aplicado en 250 escuelas. Se trata de ocho estados elegidos; escuelas al ciento por ciento capacitadas, con la posibilidad de tener la accesibilidad no sólo en el tema de discapacidad motriz, sino también en el sensorial para las personas ciegas y sordas: “que se consideren tecnologías de la información enfocadas precisamente a que puedan trabajar con alguna de estas tecnologías; 200 planteles son de educación básica y 50 de educación superior”.

Para la directora del Conadis, “el programa piloto es un gran avance porque se va ir transitando poco a poco en lograr realmente la educación inclusiva, y así que exista la posibilidad de que los niños desde pequeños, tanto el niño que tiene discapacidad como el que no la tiene, se adapten, acostumbren, vivan y convivan entre ellos; y obviamente puedan ver al niño con discapacidad igual que ellos”.

La misma Convención de la ONU, establece en su artículo 27 que en el ámbito laboral las personas con discapacidad “tienen igualdad de derechos a trabajar y a ganarse la vida. Los países deben prohibir la discriminación en cuestiones relacionadas con el empleo, promover el empleo por cuenta propia, la capacidad empresarial y el inicio del negocio propio, emplear a personas con discapacidad en el sector público, promover su empleo en el sector privado y asegurar que se proporcione una comodidad razonable en el lugar de trabajo”.

En este sentido, comenta Mercedes Juan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Sistema Nacional del Empleo, tiene un esquema de atención a personas con discapacidad en coordinación con los DIF estatales.

Se trata de una herramienta llamada Valpar, que permite a través de diferentes metodologías y diferentes mediciones ver y evaluar físicamente, mentalmente y emocionalmente, las habilidades que tiene una persona con discapacidad.

“Otra cosa que nos ayuda mucho es que hay un distintivo que otorga la Secretaría del Trabajo a las empresas que incluyan a personas con discapacidad, el distintivo Gilberto Rincón Gallardo”. Informa que actualmente más de 1 mil 250 unidades productivas tienen este distintivo.

A finales de noviembre pasado, fue aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que la Conadis mantiene los mismos recursos asignados en el periodo anterior.

“Aquí, lo importante del presupuesto, es que ojalá algún día logremos la transversalidad de las acciones y los presupuestos estén etiquetados para el tema de discapacidad. Si sumáramos todo lo que se gasta o se invierte en discapacidad; por ejemplo en Salud, la verdad es que sería mucho dinero del que se va a usar o invertir para la rehabilitación de personas con discapacidad”, comenta.

Entre los fondos destinados a la atención de las personas con discapacidad se encuentra el Fondo de Transporte y Accesibilidad, que en 2017 contó con 447 millones y en 2018 contará con 500 millones de pesos. “Este es un recurso que va directo a los estados; Hacienda aprueba los proyectos que cada estado tiene de acuerdo con las reglas de operación y los lineamientos del programa. Los estados están siempre esperando este recurso porque éste sí está etiquetado exclusivamente para el tema de discapacidad; sí subió, pero no como hubiéramos querido”, reconoce.

El Registro Nacional de Personas con Discapacidad, coordinado por Inegi y la Conadis, es otro de los retos que se tienen contemplados cumplir en esta administración. “Nos hemos dado a la tarea de trabajar con las instituciones de Salud y Sedesol porque ahí están los padrones de beneficiarios, registros administrativos muy específicos con nombre y apellido de las personas… hemos estado trabajando con estos registros administrativos y las instituciones para identificar a las personas con discapacidad, a través de una batería de preguntas que se llaman las Preguntas de Washington”.

El avance, hasta el momento, es de 3 millones de personas identificadas. “Considero que llevamos un buen avance porque estamos hablando de más de la mitad, de los 7 millones que dice la encuesta del Inegi, de la dinámica demográfica que hay. Es un buen avance pero todavía tenemos desafíos: lograr el avance y que se vaya cumpliendo a nivel local, con las entidades federativas y municipios, todas estas acciones de accesibilidad”.

Expertos reunidos en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en junio pasado, afirmaron que “la invisibilidad estadística de la población con discapacidad es un reflejo de su marginación y exclusión y constituye una barrera para garantizar su pleno ejercicio de derechos”.

En la recta final, a poco más de 1 año de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, el tiempo se ha convertido en otro de los retos a vencer para el equipo de la Conadis.

Lo más importante, la herencia al siguiente gobierno, será “concluir la coordinación con los gobiernos de los estados, dejar funcionando y avanzando el sistema de medición de los indicadores, el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, tarea que no termina nunca”.

Mercedes Juan también se refiere a la armonización legislativa. En breve, el Congreso recibirá una propuesta de modificaciones a ocho leyes. “Ojalá lo logremos antes de que acabe la legislatura”.

Otro “avance”, que no está segura de alcanzar, es la consolidación del Programa de Educación Inclusiva de la SEP.

“Algo que nos parece muy importante es la prevención de la discapacidad. Con la transición demográfica y epidemiológica que tenemos en nuestro país cada vez habrá más población envejecida, habrá más posibilidades de que las personas adultas mayores y las personas que están padeciendo enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles tengan mayor posibilidad de desarrollar algún tipo de discapacidad; ya sea sensorial o motriz. Esto es una realidad para el país.”

Isela Osterroth/Érika Ramírez

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]

 

Contralínea 573 / del 14 al 20 de Enero 2018