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El pasado 2017 inició con el aumento del 20 por ciento a las gasolinas, provocando un extendido descontento social de todo un país que cayó en la cuenta de que la promesa de bajar el precio de los combustibles nunca existió más que en la propaganda oficial.

Ahora que arrancará  2018, otro tema no menos álgido está por aplicar una nueva dosis de realidad a millones de habitantes que deberán  adaptarse al nuevo sistema de cobros de la electricidad, bajo un esquema de recuperación  de los costos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros cargos aplicables a los usuarios, impactando en el monto final de sus recibos.

Tal y como se estableció en las leyes secundarias que dejaron al libre albedrío de organismos ineficientes como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el establecimiento de las nuevas tarifas aprobadas el pasado 29 de noviembre, ahora abarcarán los costos de producción y distribución del servicio, sumándoles la variación mensual de los precios de los combustibles fósiles utilizados para la generación de la energía eléctrica.

Quedará en el ámbito de la CRE los ajustes mensuales a la electricidad y que serán, además de los costos de los hidrocarburos, el resultado de la suma de dos factores: el primero se originará del valor de la facturación conforme a los costos de generación que resulten de la actualización de las tarifas eléctricas de noviembre de 2017; es decir, las últimas en las que tuvieron injerencia la Secretaría de Hacienda y la CFE.

Y el segundo factor será el valor de la facturación conforme a la nueva metodología de la CRE. De acuerdo con lo anunciado durante cuatro meses, se aplicarán estos dos valores para elaborar el monto de la facturación eléctrica.

También en noviembre pasado se anunció la liberación de los precios de las gasolinas y el diesel en todo el país, pero por acercarse un año electoral que pinta complicado, Hacienda informó que en lo que resta de 2017 y 2018, el sistema de estímulos semanales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), funcionará bajo el mismo esquema con que ha operado durante 2017, evitando con ello variaciones de golpe que podrían tener consecuencias en las urnas, al producir otro gasolinazo.

Y así como de forma deliberada van a mantener los subsidios a las gasolinas, ocultan que en el caso de la electricidad el fin de los subsidios a las tarifas eléctricas es un hecho irreversible que, empero, podrá ser manipulado por el Ejecutivo con fines políticos.

El artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) establece que si bien “La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios”.

Coloca la salvedad de que “El Ejecutivo federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales al que refiere el párrafo anterior para diversos grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE”.

Esta facultad de echar mano a la benevolencia del primer mandatario podrá retrasar los aumentos en el periodo de contienda electoral, no cambiará de fondo lo que ya está en marcha y para lo cual la CFE empieza a preparar a los usuarios. Un incremento a las tarifas en una proporción similar al 20 por ciento del gasolinazo de enero del 2017, o quizá aún más, una vez  que hayan pasado las elecciones, por lo que aunque la CRE decidió aplicar un periodo de transición que va de diciembre de 2017 a marzo de 2018, el plazo puede extenderse hasta después de los comicios presidenciales.

Es claro que en el año electoral venidero, ningún partido asumirá  los costos de haber aprobado en el Congreso reformas como la Energética y sus correspondientes leyes secundarias, que como en el caso del artículo 139 de la LIE, excluyó de su contenido la obligación a las tarifas subsidiadas.

En los últimos dos  años, la CFE ha establecido aumentos escalonados a las tarifas eléctricas de las industrias, comercios y usuarios de alto consumo doméstico, argumentando el alza en los combustibles, como el diesel, gas y combustóleo con el que operan la mayoría de sus plantas de generación.

De acuerdo a los tiempos establecidos en las leyes secundarias, es claro suponer que se aproxima un golpe devastador a la economía de millones de familias con el recorte a los subsidios de las tarifas eléctricas.

Si se considera que 88.6 por ciento de los consumidores a nivel nacional son hogares a los cuales se les aplica la tarifa básica, es fácil de entender el por qué la CFE iniciará, dentro de los tiempos establecidos de la reforma, su proceso de notificación de los nuevos cobros, pero esconderá la guadaña hasta después de los comicios del 1 de julio próximo.

Ante lo que se aproxima en contra de la economía familiar de millones de hogares es que cobra especial importancia el seguir luchando para que en el Congreso los diputados y senadores analicen seriamente la propuesta presentada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), para que se concrete la iniciativa ciudadana que busca elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad como un derecho humano, como también el establecimiento de una tarifa social en beneficio de los que menos tienen.

En el marco de esta apertura del mercado eléctrico y la eminente liberación de los precios de la electricidad, no todo está perdido, pues el SME se prepara a ofrecer tarifas más justas a millones de usuarios domésticos a través de su Suministradora Básica del Centro (Subace).

Tendrá especial relevancia exigir a los candidatos de todos los partidos fijar una postura referente al tema de las nuevas tarifas de la energía eléctrica, para exigirles una definición pública de cara al 2018.

Martín Esparza Flores

 

Contralínea 573 / del 14 al 20 de Enero 2018

 

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