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La violencia en México tiene tantas y tan terribles facetas que pareciera que una invisibiliza a otra; por lo que, a pesar de su gravedad, acaban normalizándose y repitiéndose, generando miles de víctimas por doquier a quienes nunca, o casi nunca, se les hace justicia.

En ese contexto se enmarca la negligencia gubernamental respecto de los desplazamientos internos forzosos, algunos de los cuales ocurren incluso como si se tratara de una política pública para desactivar redes comunitarias que se tejen en autonomía y autodeterminación.

La solución para estos problemas se posterga por meses o hasta años. Y, por lo mismo, las víctimas se invisibilizan para que la sociedad misma les acabe dando la espalda. Y ya ni qué decir del sistema judicial, que jamás juzga y sentencia a los responsables.

El mejor ejemplo quizá sea el de San Juan Copala, Oaxaca, declarado como el primer municipio autónomo fuera de Chiapas pero cuyo esfuerzo por reivindicar uno de los derechos humanos fundamentales de los pueblos originarios ha arrasado con decenas de vidas hasta lograr su aparente desmovilización.

Desde 2009, este pueblo de indígenas triquis fue desplazado por paramilitares de la organización Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y hasta la fecha no ha podido regresar a su territorio sagrado.

La Ubisort fue identificada por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente –promotor de la autonomía– como un brazo paramilitar de la rama estatal del Partido Revolucionario Institucional, desde que el conflicto armado tomó dimensiones sumamente graves, con decenas de muertos y heridos, incluido el asesinato del líder de los autónomos, Timoteo Alejandro Ramírez.

Pero estas acusaciones y el nexo que se demostró había entre el entonces gobierno de Ulises Ruiz y la Ubisort, que por cierto mantiene tomada la cabecera municipal a punta de armas de uso exclusivo del Ejército, jamás se investigaron y, menos aún, se castigaron.

Es más, actualmente a ese lugar ni siquiera entran los efectivos militares para poner orden, por lo que en total impunidad sigue siendo tierra de nadie; mientras que las familias que buscaban su autonomía permanecen fuera de sus hogares y sin que exista siquiera un plan para su retorno.

Pueblos fantasma por doquier

El asunto es que el desplazamiento forzoso en México no sólo es una realidad, sino que es, ante todo, un problema masivo que afecta lo mismo al Norte, que al centro y Sur del territorio.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos calcula que son 310 mil 527 las personas que tuvieron que desplazarse de manera forzada en México, tan sólo entre enero de 2009 y enero de 2017. Las causas, apunta la organización, son la violencia o los conflictos territoriales, religiosos o políticos.

Así, a lo largo y ancho del país se multiplican sin cesar los pueblos fantasmas, sin que haya una autoridad comprometida con solucionar los desplazamientos. El gran problema en este tema, como en muchos otros, es la impunidad.

Y es que esa negligencia gubernamental –por acción u omisión– es la responsable directa de que cualquier grupo armado –sea del crimen organizado o no– despoje de sus propiedades a decenas, cientos de personas, o los aterrorice a tal nivel que no encuentren otra solución más que huir.

El caso de Chiapas

Y eso es lo que lamentablemente viene ocurriendo en Chiapas, donde un problema territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenaló ha obligado a más de 4 mil personas a salir de sus casas. Ahí la situación es tan grave que la organización Servicios para la Paz (Serapaz) alertó que podría derivar en una matanza peor que la ocurrida hace 20 años en Acteal.

Serapaz documentó que eran, al menos, 4 mil 873 personas (hombres, mujeres, menores y ancianos) desplazadas de sus hogares desde mediados de noviembre, y que la mayoría estaba viviendo en las montañas.

El drama de estos indígenas –considerados de por sí vulnerables– no es sólo que ya no puedan vivir en sus casas, sino que ahora tienen que sobrevivir en condiciones inhumanas: sin techo, sin alimentos, sin cobijas, sin vestido y con temperaturas muy bajas en las madrugadas.

Muchos desplazados han enfermado. Y ni siquiera pueden buscar ayuda médica o alimentos porque los tres caminos de salidas y entradas están bloqueados.

El reclamo de Serapaz al gobierno estatal y federal ha sido claro: urge que se resuelva este conflicto “para que no suceda algo peor que [la matanza de] Acteal”. Pero ambos gobiernos han desoído esta alerta, quizá porque no les importa si los indígenas mueren o porque eso es precisamente lo que quieren que pase.

Los desplazamientos

Estudiosa de este fenómeno, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos ha advertido que justamente es la población indígena la que más afectaciones ha sufrido por desplazamientos internos forzosos.

En su informe, presentado en abril de 2017, señaló que en 2016 los pueblos originarios fueron sujetos de al menos siete eventos de desplazamiento forzado.

Agregó que Guerrero fue la entidad donde ocurrieron más eventos masivos de este tipo –siete en total–, que afectaron a 1 mil 650 personas. Pero lamentablemente no fue el único estado con niveles alarmantes de violencia, por lo que a la lista se sumaron Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Durango y Tamaulipas.

Según la organización, de éstos destacó el caso de Michoacán, donde la violencia desplazó a más de 10 mil personas entre el 23 y el 24 de mayo de 2016. También fueron relevantes los tres desplazamientos masivos de Huixiopa (Badiraguato, Sinaloa), en uno de los cuales huyó el 96 por ciento de la población.

En su informe, la Comisión criticó la ausencia de instituciones y programas gubernamentales que atiendan el fenómeno del desplazamiento interno forzado. Incluso, detalló que no existe un censo que dé cuenta del número de retornos. Menos aún, se saben las condiciones de seguridad que se alcanzaron en las zonas afectadas para que éstos tuvieran lugar.

Es incomprensible que, con una supuesta “guerra” contra el crimen organizado, el gobierno permita que grupos armados desplacen forzosamente a decenas, centenas o miles de familias. La única explicación posible es que le conviene que esto suceda.

Nancy Flores

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: AGENDA DE A CORRUPCIÓN]