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Las fuerzas políticas de España no logran consensuar las reformas que requiere la Constitución nacional. Para los más críticos, el estado de derecho carece de herramientas para afrontar los problemas, pues la brecha entre el texto constitucional y la sociedad es muy amplia. La crisis catalana, elemento sustancial en la falta de acuerdos

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Madrid, España. Con la crisis catalana como telón de fondo, la Constitución española arribó el pasado 6 de diciembre a su 39 aniversario, inmersa en un encendido debate sobre su ansiada actualización, aunque sin el consenso necesario para acometerla.

Coincidieron con el reto independentista en Cataluña, fuerzas como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) piden una modificación del texto para conducir al país hacia un modelo federal y tratar así de atenuar la tensión territorial en esa rica comunidad autónoma.

Aprobada en 1978 después de votarse en referendo, la ley fundamental de esta nación ibérica supuso la culminación de una transición hacia la democracia tras la cruenta dictadura del general Francisco Franco (1939-1975).

La conmemoración de este año estuvo marcada precisamente por el conflicto catalán, que llevó al gobierno de Mariano Rajoy a aplicar por primera vez el artículo 155 de Carta Magna para frenar las aspiraciones separatistas de las autoridades de esa región nororiental.

Al amparo de ese polémico precepto –nunca antes utilizado en casi cuatro décadas de democracia–, el mandatario conservador cesó al ejecutivo de Carles Puigdemont, disolvió el parlamento autonómico y convocó a elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.

Fue la respuesta de su administración al plan soberanista emprendido por Puigdemont, que concluyó el 27 de octubre con la aprobación en la cámara catalana de una declaración unilateral de independencia, pese a su prohibición por la justicia española.

Al igual que en los últimos años, el debate sobre la posible reforma de la ley fundamental para modernizarla, profundizando por ejemplo su perfil federal o reforzando principios de cohesión territorial y social, volvió a marcar los actos por su nuevo cumpleaños.

Rajoy se mostró abierto a “hablar” sobre la cuestión, pero fijó como condición que se haga sin romper la soberanía nacional, con un amplio consenso y nunca para contentar a quienes quieren liquidar la Carta Magna, en obvia referencia a los independentistas.

“España necesita forjar nuevos consensos con la actualización de la Constitución”, subrayó el líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras abogar por que se empiece a trabajar en la renovación del texto para reconocer nuevos derechos y libertades.

A juicio del principal partido de la oposición, una visión más federal del país puede contribuir a que Cataluña logre un mejor encaje dentro de España y, con ello, se rebajen las tensiones en esa autonomía de 7.5 millones de habitantes.

Para el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ese debate constitucional debe involucrar a toda la sociedad y girar en torno a tres ejes: el modelo social, el pacto territorial y la lucha sin cuartel contra la corrupción.

Es necesaria una discusión entre quienes piensan diferente, enfatizó Iglesias, quien defendió el carácter plurinacional de España, lo cual –según su criterio– tiene que tener una expresión jurídica.

El máximo dirigente de la formación de izquierda recordó que la Constitución del 78 ya habla de regiones y nacionalidades, y señaló que asumir la diversidad de esta nación implica transitar caminos de diálogo.

“No se trata de contentar a unos para perjudicar a otros, sino de construir un nuevo contrato que haga que ciudadanos de territorios diferentes con sentimientos nacionales diferentes se puedan poner de acuerdo para un proyecto colectivo”, aclaró.

En opinión de la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, el pacto de convivencia del 78 fue destrozado por los viejos partidos, en alusión al PSOE y al Partido Popular (PP) de Rajoy, que se alternaron en el poder en el conocido como bipartidismo español.

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Socialdemócratas y conservadores, junto a las élites económicas, hicieron añicos los consensos constitucionales, denunció Podemos.

Mientras los llamados partidos constitucionalistas (PSOE, PP y Ciudadanos) apoyan una reforma consensuada, Iglesias quiere ir más allá y exige un rediseño más profundo para blindar los derechos sociales y permitir a los españoles optar entre monarquía y república.

A juicio de la agrupación antiausteridad, una transformación de la norma de convivencia progresista, moderna y que mire al futuro pasa por un cambio de la ley electoral para cambiar los equilibrios en las Cortes Generales (parlamento bicameral).

“La única garantía para una reforma progresista supone interpelar a toda la población ante las mayorías que hay en la Cortes gracias a una ley electoral muy poco proporcional”, aseguró el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

Iglesias, por su parte, defendió un nuevo acuerdo constituyente de país, que ponga los derechos sociales en primer plano y asuma un espíritu republicano.

En esa línea, aclaró que se refiere a la República “sin ninguna nostalgia” porque al hacerlo se habla del siglo XXI y de una patria moderna y solidaria, frente a una institución, la monarquía, que calificó de arcaica.

Según el líder de la llamada formación morada, la Constitución de 1978, cuya ruptura atribuyó a las políticas neoliberales, fue redactada, además, para poner muy difícil, sino imposible, su modificación.

La derecha fracasó a la hora de construir una idea de España inclusiva y seductora y sus políticas de Estado empujaron a muchísimos ciudadanos catalanes a querer marcharse.

Numerosos expertos consultados por el periódico Público coinciden en señalar a la Corona como uno de los principales frenos para la transformación del texto constitucional.

“Siempre provocó cierto temor que cualquier reforma implicara necesariamente el cuestionamiento del modelo de la monarquía parlamentaria, lo que pudo tener un efecto desalentador”, reflexionó Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional.

Un país que no es capaz de reformar el consenso constitucional tiene un problema de primera magnitud, relató Vázquez a la publicación digital.

A su modo de ver, existe una distancia entre lo que el texto dice y lo que la sociedad es, lo cual indefectiblemente deja al estado de derecho sin herramientas para afrontar algunos problemas.

“El asunto más urgente es el territorial; no se puede encontrar una solución en Cataluña sin cambios constitucionales”, sentenció el catedrático de la Universidad de Sevilla.

Su colega Fernando Oliván fue más allá y apuntó a la existencia de una serie de alianzas de hierro que dejaron todo “atado y bien atado” para no romper con el pasado franquista de España.

Por encima de la Carta Magna siempre estuvo ese “pacto sagrado y grabado en letras de bronce que constituye el régimen del 78”, apuntó Oliván, para quien la monarquía y las élites económicas son un elemento central a la hora de entender la ausencia de voluntad política para realizar cambios constitucionales.

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“Las resistencias tan radicales que vemos a que esto suceda nos delatan simplemente un hecho sociológico: seguimos con los mismos equipos negociadores que hicieron el contrato de 1978”, razonó.

La reforma de la ley fundamental es un debate que lleva mucho tiempo instaurado en España, el país del mundo en el que más se escribe sobre su actualización sin que se haga ni se vaya a hacer nada, ironizó el jurista Javier Pérez Royo.

Para llevar a cabo un proceso constituyente real hace falta “el gran partido de la derecha española, que además es el partido del Gobierno”, aseveró Pérez Royo en referencia a la agrupación de Rajoy. España está articulada en 17 comunidades autónomas dotadas de generosas competencias, pero varias de ellas, y no sólo Cataluña, dicen sufrir agravios y piden una financiación más acorde con sus necesidades.

La reforma territorial pasa o bien por una mejora de la financiación regional, como propugna una comisión de expertos, o en el caso más ambicioso, por una modificación de la Constitución de 1978 que, según todos los vaticinios, no se afrontará en la actual legislatura.

Eduardo Rodríguez-Baz/Prensa Latina

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