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Al no mencionar en detalle la necesidad de fortalecer los cuerpos policiales ni contener una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en tareas de policía, el proyecto de Ley de Seguridad Interior resulta muy preocupante para el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein.

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Por el contrario, dicho proyecto –que se discute en el Senado de la República y que ya aprobó la Cámara de Diputados– prevé la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de cumplimiento de la ley.

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como  agentes encargados de hacer cumplir la ley”, señaló el Alto Comisionado, refiere un comunicado de la ONU.

Agrega que el experto internacional reconoció que “más de 1 década después de que las Fuerzas Armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra las drogas, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.

Para el Alto Comisionado, “México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuencia organizada”.

Zeid recordó que, durante la visita que realizó al país en 2015, las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las Fuerzas Armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por fuerzas de policía robustas y mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal.

No obstante, indica el comunicado, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las Fuerzas Armadas.

Además, “la autorización para asignar a las Fuerzas Armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Y carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza”.

“Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones, con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas y miembros de la sociedad civil mexicana”, afirmó Zeid.

El Alto Comisionado reiteró que su Oficina en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.

Nancy Flores

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